Oposición uruguaya quiere derogar ley relámpago de Lacalle
MONTEVIDEO (AP) — La Corte Electoral uruguaya recibirá este jueves casi 800.000 firmas contra una ley relámpago aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el rol de las empresas públicas, el proceso penal y que permite pagar bienes en efectivo con hasta 100.000 dólares, entre otros casi 500 artículos.
El jueves al mediodía, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT la central única de trabajadores, anunció que hasta las cinco y media de la mañana habían contabilizado 763.443 firmas para llevar a referéndum 135 artículo de una ley que reformó la vida pública del Uruguay.
Para someter a referéndum, que en Uruguay tiene carácter obligatorio, a la Ley de Urgente Consideración (LUC) —columna vertebral legislativa del gobierno de colación de Lacalle Pou— se necesitaban algo más de 650.000 firmas.
En la campaña de seis meses, cientos de miles recorrieron el país explicando a sus conciudadanos los contenidos de una ley que la Comisión Pro Referéndum no duda en afirmar que fue poco debatida y poco conocida. “Democratizamos los contenidos de una ley que es regresiva para los intereses del pueblo uruguayo”, dijo Pereira. Mientras hablaba seguían llegando firmas. “La población no quiere que se legisle de esta manera”, señaló el dirigente en referencia a lo que entiende una escasa difusión de los contenidos de la ley.
La LUC contiene casi 500 artículos. Esta sola ley modificó el rol del Estado en economía, educación, trabajo, seguridad, otorga poderes nunca otorgados a un presidente para reservar información pública sobre decisiones del Poder Ejecutivo y otorga amplias facultades a una nueva agencia de inteligencia estatal. Además, prevé la desmonopolización de algunos de los servicios esenciales administrados por el Estado en hidrocarburos, electricidad, telefonía o internet.
El Frente Amplio, que perdió 15 años de gobierno en manos de Lacalle Pou y su coalición, se sumó a Comisión Pro Referéndum. Javier Miranda, presidente del opositor Frente Amplio explicó a la AP que “aunque es el primer tiempo, es un triunfo formidable”. Para el dirigente la LUC representa “la restauración de un proyecto regresivo que no favorece los derechos de la gente”.
A pesar de la pandemia y el rechazo del oficialismo a extender el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral, miles de militantes del Frente Amplio, organizaciones sociales y políticas (incluso de gobierno) consiguieron más firmas que votos del Partido Nacional, el sector del presidente Lacalle Pou, en las elecciones pasadas cuando ganó la presidencia con la ayuda de otros partidos en marzo de 2020.
La LUC, fue la principal arma de la colación de derecha para cumplir las promesas de campaña. El combo legislativo incluyó asuntos tan disímiles como la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, ampliación de las potestades policiales en investigaciones judiciales, comprar bienes en efectivo hasta 100.000 dólares —algo criticado por prestarse al lavado de activos—, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos o que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes cuando antes había un año de tolerancia, y consagró una estricta confidencialidad en los documentos de Estado.
Además, elevó las penas de varios delitos, hizo inexcarcelables los de drogas y eliminó las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según nuevas paramétricas que han hecho aumentar el precio de los combustibles dos veces en menos de un mes. Asimismo, creó una rígida regla fiscal para las cuentas públicas.
La LUC buscaba garantizar el accionar policial según sus impulsores, pero la Comisión entiende que ha dado lugar a discrecionalidad en el accionar policial, institución fuertemente cuestionada por corrupción y episodios de uso desmedido de la fuerza.
La LUC se votó bajo prohibición del derecho constitucional a la reunión, todavía vigente por la pandemia. Llegar a las firmas mientras Uruguay se mantuvo por más de dos meses como uno de los países con más fallecidos per cápita del mundo “fue un esfuerzo gigante e invisible”, dice Soledad González, vocera de la Comisión.
“No tuvimos ni presencia en los medios masivos de comunicación. Fue la militancia en red, de a pie, entre familiares, amigos, en lugares de trabajo, no tuvimos ámbitos habituales con concentración de gente”, destacó. También manifestó que “mucha gente no tenía información” sobre la ley.
“Lo que nos molesta es el avasallamiento de las discusiones democráticas, cambiarlo todo en 90 días sin que nadie se entere. (…) Es llamativo para los uruguayos que una ley reformule cientos de políticas públicas y pocos sepan qué eso pasó”, opinó.
La senadora Carmen Asaín, del mismo sector que Lacalle Pou, y docente de Derecho Constitucional no cree lo mismo. Aunque entiende la validez del referéndum como forma de “proteger los derechos de minorías circunstanciales”.
“El contenido de la LUC es el programa de gobierno”, señaló a la AP. E insistió que “el Frente Amplio acompañó la mitad de los artículos” presentados en enero, que ingresaron en abril y se votaron en julio. Afirma que sí hubo debate en el Parlamento donde se recibió un centenar de delegaciones involucradas y que existió una amplia cobertura periodística.
“Estaremos al pronunciamiento popular y cómo sigue esto”, señaló la legisladora.
Este jueves se presentan las firmas ante la Corte Electoral que debe iniciar un proceso para validarlas que puede durar hasta 150 días y fijar una fecha y llamar a referéndum en 120 días más.
