Juez salvadoreño pide detener a expresidente Sánchez Cerén

SAN SALVADOR (AP) — Un juez salvadoreño decretó el miércoles detención preventiva para diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador también resolvió girar oficio a Interpol para que emita difusión roja contra el expresidente Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios de la administración Funes que se encuentran prófugos.

“Ha finalizado la audiencia inicial contra los diez imputados contra los que la Fiscalía presentó el requerimiento. El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes y su resolución fue decretar detención provisional contra las diez personas imputadas”, dijo a las periodistas una de las fiscales del caso.

El Ministerio Público presentó la acusación contra la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.

Además, se presentó la acusación y se solicitó la orden de captura con difusión roja contra Sánchez Cerén; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.

Las autoridades han dicho que varios de los implicados se encuentran fuera del país, y el presidente Nayib Bukele confirmó que Sánchez Cerén salió vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó. Se especula que estaría en Nicaragua.

La excomandante guerrillera, Nidia Díaz, que junto a un grupo de simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se apostó frente al Centro Judicial para exigir la libertad de sus compañeros, criticó la decisión del juez y dijo que “nada tiene que ver con la justicia o un debido proceso, es una decisión política del régimen de Bukele”.

Dirigentes y simpatizantes del FMLN, entre ellos algunos diputados, se han mantenido en las proximidades de los juzgados para exigir la libertad de sus compañeros por considerar que se trata de “presos políticos”.

La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes del FMLN, un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.

Los representantes de la Fiscalía dijeron que durante la audiencia que inició el martes, lograron exponer de manera amplia y detallada el resultado de la investigación en la que se logró determinar que mensualmente se erogaban aproximadamente cinco millones de dólares para entregarlos ilícitamente a los funcionarios públicos procesados.

En su acusación, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, estableció que los exfuncionarios recibieron ilícitamente 2,6 millones de dólares. Entre las pruebas presentadas se encuentran los recibos originales que los imputados firmaban cuando recibían el dinero.

Explicaron que, en el análisis técnico jurídico, lo que se está conociendo en el caso no son sobresueldos, sino que se trata de entrega de dinero al margen de la ley, que nunca fue fiscalizado. Señalaron que para que a un funcionario pueda recibir sobresueldos, tiene que estar previamente estipulado en la ley y que, en este caso, ninguno estos exfuncionarios procesados tenían establecido en ninguna ley le entrega de este tipo de remuneraciones.

Entretanto el Fiscal General, Rodolfo Delgado, dijo en un programa de entrevista del gobierno que “en los próximos días vamos a concluir investigaciones en contra de 54 exfuncionarios más y vamos a presentar estos casos oportunamente a los tribunales”.

Según el Ministerio Público, la investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público”, que se extiende de 2009 a 2014, que corresponde al mandato de Funes, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para la Casa Presidencial para los cinco años de gobierno, pero al final terminaron siendo 351 millones de dólares en transferencias de fondos realizadas por el exministro de Hacienda sin autorización del Congreso.

En el requerimiento la Fiscalía entregó el detalle de los montos que cada uno de los implicados habría recibido de forma ilícita y se aseguró que el dinero forma parte de los 351 millones que se desviaron en el gobierno de Funes

Funes tiene cinco procesos penales abiertos en varios juzgados de El Salvador, entre ellos, el juicio por el desvío de los 351 millones de dólares que, según la Fiscalía, fueron a parar a cuentas de testaferros, de familiares y de sus allegados.

Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán, y sus hijos Diego Roberto y Carlos Mauricio Funes se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. En aquel momento se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y no enfrentaban aún una orden de captura.