Presidente Rumanía lleva una ley polémica al Constitucional

El nuevo decreto de Rumania que debilita la ley anticorrupción del país desató furor el jueves y recibió fuertes críticas en el país y el extranjero, e incluso el presidente anunció que solicitará a los jueces que la declaren inconstitucional.

Decenas de miles de personas protestaron por tercera noche consecutiva en Bucarest, la capital, y miles más lo hicieron en cerca de otras 20 ciudades rumanas para exigir la renuncia del gobierno un día después de que fuera emitido el atenuado decreto de emergencia.

Sin embargo, el primer ministro Sorin Grindeanu indicó que el gobierno no revocará el decreto, lo que profundiza la crisis política.

El presidente Klaus Iohannis aseguró que presentará el decreto ante la Corte Constitucional, el último recurso jurídico para detener la ley promulgada por los gobernantes Social Demócratas, de centro-izquierda, cuyo líder Liviu Dragnea se encuentra entre quienes tienen una condena por corrupción.

El manifestante Florin Varlan, de 42 años, dijo la tarde del jueves que continuará protestando después que Dragnea "salió hoy y mostró que no entendió nada".

El decreto despenaliza mala praxis de funcionarios si los fondos involucrados son menores a 200.000 lei (47.800 dólares). Los detractores argumentan que la medida ayuda a salir de prisión a los aliados del gobierno y otros funcionarios que enfrentan cargos por corrupción o a borrar sus antecedentes, y agregaron que el mandato alienta a más funcionarios a robar desde su cargo.

Dragnea, quien tiene una sentencia de dos años de prisión suspendida por fraude electoral, afirmó que buscará un nuevo juicio. La condena le impide ocupar el cargo de primer ministro, lo que considera injusto.

En un comunicado, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Finlandia, Holanda y Francia lamentaron que el gobierno de Rumania haya socavado el "avance del estado de derecho y el combate contra la corrupción durante los últimos diez años".

Frank Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, instó el jueves al gobierno rumano a "reconsiderar urgentemente" el decreto, y advirtió que de ser adoptado afectaría los fondos que obtiene Rumania de la Unión Europea.

Mark Toner, vocero del Departamento de Estado norteamericano, dijo que la credibilidad internacional de Rumania y su atractivo para la inversión extranjera están en riesgo.