Guatemala: ven futuro incierto de comisión contra impunidad

El futuro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala comenzó a verse con incertidumbre, luego de que el gobierno dijo que prepara un plan para ajustar su trabajo.

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El futuro de la comisión de las Naciones Unidas que ha permitido llevar a la justicia diversos casos de corrupción en Guatemala, incluido uno que mantiene en prisión a un expresidente, comenzó a verse con incertidumbre luego de que el gobierno anunció que prepara una propuesta para ajustar su trabajo.

El vocero presidencial Heinz Hiemann informó que el mandatario Jimmy Morales tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para plantearle un nuevo modelo de seguridad en el país y también para hablar sobre el fortalecimiento del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque no abundó.

El anuncio de Hiemann coincidió con reportes de algunos medios locales de que Morales también pedirá el retiro del actual titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, lo cual desató críticas hacia el gobierno y diversas muestras de apoyo hacia un hombre considerado como clave en el combate a la corrupción en la nación centroamericana.

Incluso, la fiscal general Thelma Aldana -quien trabaja de la mano con la CICIG en las investigaciones de corrupción- advirtió que renunciaría al cargo si el presidente solicita el retiro de Velásquez.

Interrogado por periodistas sobre esas versiones, el vocero presidencial evitó decir si el mandatario planea pedir la salida de Velásquez.

Por la tarde, el canciller Carlos Raúl Morales, en entrevista con el noticiero local Guatevisión, dijo que no se haría la solicitud de salida del Comisionado. No es el objeto de la visita. El presidente me ha dicho que no, que no es el objetivo ir a pedir ningún cambio del comisionado Velásquez, que no iba a hacer esa petición, pero agregó que hasta que se realice la reunión no se conocerá el total de la agenda.

Durante su primer año de gobierno, Morales prometió apoyar a la comisión y que esta continuaría su labor de lucha contra la corrupción e impunidad.

Las versiones de cambios en la comisión también se dan a unos días de que Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, enfrenten un proceso judicial por un caso de corrupción en donde la CICIG es uno de los acusadores e investigadores del caso.

Además, la fiscal general informó el miércoles que su oficina también investiga al partido Frente de Convergencia Nacional, que llevó al poder a Morales, por dos denuncias de financiamiento electoral ilícito en su contra.

Para algunos, el mandatario podría tomar una decisión sobre la CICIG influenciado por las investigaciones contra sus familiares.

El presidente no tiene imparcialidad ni objetividad para evaluar el trabajo de la CICIG porque la investigación a sus familiares lo sesga, dijo Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, una organización civil que lucha por la transparencia gubernamental.

En redes sociales varios se manifestaron a favor de Velásquez e incluso en Twitter se volvió tendencia el hashtag #IvanSeQueda.

El sector empresarial y la embajada de Estados Unidos emitieron comunicados para elogiar el buen trabajo de la comisión y de Velásquez.

Por el bien de Guatemala, Iván Velásquez debe continuar luchando en contra de la corrupción y el crimen organizado, señaló el procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas.

El Departamento de Asuntos Políticos de la ONU señaló en un comunicado que nunca ha recibido quejas del gobierno guatemalteco sobre la labor que realiza el comisionado y que el secretario Guterres elogia sinceramente la labor del comisionado Velásquez y espera continuar apoyándolo en el desempeño de sus funciones al frente de la CICIG.

La CICIG tiene 10 años en Guatemala, tiempo durante el cual ha desmantelado más de 20 estructuras vinculadas a corrupción y crimen organizado. Uno de los casos más importante fue el promovido contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, presos y acusados por defraudar al estado en varios millones de dólares.

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