EEUU: Juez ordena que gobierno permita a inmigrante abortar
WASHINGTON (AP) Una jueza ordenó el miércoles que el gobierno federal le permita a una inmigrante de 17 años _que llegó a Estados Unidos de forma ilegal_ someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo.
Luego de una corta audiencia que incluyó un ríspido cambio de impresiones con los abogados gubernamentales, la jueza Tanya Chutkan falló que las autoridades deben de trasladar pronto y sin demora a la mujer o permitirle ser llevada por otras personas a la clínica para que se someta al procedimiento.
El caso se originó en Texas, donde la mujer se encuentra detenida por autoridades federales de inmigración, y fue llevado ante un tribunal del Distrito de Columbia por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
La adolescente _cuyo nombre no ha sido difundido debido a que es menor de edad_ ya había recibido un fallo que le autorizaba someterse a un aborto, pero los funcionarios se negaron a trasladarla o a otorgarle un permiso temporal para que otras personas la llevaran a la clínica.
La audiencia del miércoles consistió en un polémico debate entre Chutkan y el vicefiscal estatal Scott Stewart, que finalizó con la jueza expresando que estaba asombrada por la posición del gobierno.
Stewart argumentó que la adolescente, a la cual se refirió en el tribunal como Jane Doe o JD, era libre de regresar a su país de origen y buscar someterse al procedimiento ahí, pero dijo que el gobierno tiene el derecho conferido de estar a favor del parto y no debería de pedírsele facilitar la interrupción del embarazo.
La mujer está detenida en una instalación en Texas que es gestionada bajo un contrato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), el cual es el responsable de dar refugio a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente y sin compañía de un adulto.
Se cree que la adolescente tiene alrededor de 15 semanas de embarazo. La ley en Texas prohíbe que se realicen abortos después de la semana 20 y requiere que las mujeres que quieran practicarse uno se reúnan con el médico que realizará el procedimiento con un día de anticipación. El estado también requiere que los menores obtengan la autorización de sus padres o una dispensa por parte de un juez.
Los abogados de la inmigrante indicaron que consiguieron la dispensa y programaron varias citas con un médico, pero que la instalación que la mantiene detenida se negó a dejarla salir. Por el contrario, indicaron, fue llevada por la instalación a un centro de crisis de embarazo. Dichos centros tratan de hacer cambiar de opinión a las mujeres para no abortar y regularmente están afiliados con grupos religiosos.
No quiero ser obligada a llevar el embarazo a término en contra de mi voluntad, dijo la adolescente en un comunicado presentado ante el tribunal el viernes.
Los representantes de la adolescente argumentaron que el Departamento de Salud ha intentado impedir que todas las menores bajo su custodia se sometan a una interrupción del embarazo.
En un correo electrónico obtenido por la ACLU, Scott Lloyd, director de la oficina del Departamento de Salud que supervisa las instalaciones que albergan a jóvenes que entraron al territorio sin compañía de un adulto, instruye a un subordinado que las instalaciones que reciben financiamiento del departamento no deben de apoyar los servicios para abortar, sino que deben proporcionar únicamente servicios prenatales y asesoramiento sobre opciones en pro de la vida.
En otro correo, Lloyd pregunta sobre la situación de la joven que conoció durante una visita a la instalación y se ofrece a conectar a la adolescente con algunas buenas familias que podrían verla durante su embarazo.
El HHS emitió un comunicado en el que dijo que el fallo era turbador y que consideraba sus próximos pasos.