Guatemala liga a excandidato presidencial con caso Odebrecht

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) El excandidato presidencial guatemalteco Manuel Antonio Baldizón fue acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, en el primer caso conocido en Guatemala sobre irregularidades ligadas a la constructora brasileña señalada de diversos escándalos en varios países latinoamericanos.

Baldizón fue detenido el sábado en Estados Unidos por irregularidades migratorias detectadas tras la orden de aprehensión en su contra. Ahora se espera que sea deportado al país centroamericano para enfrentar el proceso por Odebrecht, informaron el domingo la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un comunicado.

La detención se hizo en un aeropuerto estadounidense no identificado. Estados Unidos le retiró la visa al político el mismo sábado que se giró una orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht, dijo a The Associated Press un funcionario con conocimiento de la investigación y que pidió no ser identificado por ser un caso abierto.

A través de un comunicado, la embajada estadounidense en Guatemala explicó que ese país apoya la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana y continuará su cooperación para lograr transparencia y buena gobernanza.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) detuvo al Sr. Baldizón en base a un aviso de INTERPOL como resultado de una orden de arresto emitido por el gobierno de Guatemala, precisaba el documento, que agregaba que se seguirán los protocolos internacionales establecidos para el regreso del Baldizón a su país para enfrentar la justicia.

Marta Larra, asesora de comunicación de la canciller guatemalteca dijo que la cancillería tiene conocimiento que Baldizón solicitó asilo político en Estados Unidos tras conocerse su orden de detención.

Las autoridades guatemaltecas lo acusan de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, señaló la fiscalía en el comunicado.

Según las autoridades, Baldizón recibió a través de testaferros comisiones que pagó Odebrecht por la adjudicación de contratos de construcción de carreteras en el país centroamericano.

Las investigaciones determinaron que el entonces ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, uno de los líderes del Partido Patriota, habría sido quién organizó los pagos y quien determinó a quién se pagaban los sobornos, entre ellos a Baldizón.

La fiscalía y la CICIG informaron que otras dos personas, ligadas a las transferencias irregulares, fueron detenidas también la noche del sábado tras varios allanamientos.

El Partido Patriota gobernó entre 2012 y 2015 y llevó a la presidencia al general Otto Pérez Molina.

El entonces presidente renunció al cargo en 2015 luego de que se anunciara una investigación en su contra por una defraudación millonaria en las aduanas del país, caso que lo mantiene en prisión desde entonces. Junto a él también fue detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios miembros de sus gabinetes, todos se han declarado inocentes de los cargos.

Desde entonces, la fiscalía y la CICIG han tenido que sortear varios obstáculos para lograr sus objetivos. Uno de ellos fue la tensión surgida con el actual presidente Jimmy Morales, un cómico y neófito político que llegó al poder con el partido Frente de Convergencia Nacional, fundado y financiado entre otros por militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Morales también ha sido señalado por la fiscalía por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero se libró de la investigación gracias al apoyo que obtuvo del Congreso. Morales intentó, sin éxito, en agosto de 2017, expulsar del país a Iván Velásquez, titular de la CICIG, por las acusaciones que hizo en su contra.

Aún está pendiente de resolverse en la Corte de Constitucionalidad una solicitud de retiro de inmunidad contra Morales por haber recibido un sobresueldo por 61.000 dólares de parte del Ejército, dinero que tuvo que devolver.

Varios analistas han dicho que temen que la lucha contra la corrupción en el país quede relegada gracias a las alianzas entre políticos que mantiene poder e influencia en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial.