Chile evalúa libertad condicional a violadores de DDHH

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El Tribunal Constitucional de Chile (TC) escuchó el miércoles alegatos en favor y en contra de que los violadores de derechos humanos accedan a la libertad condicional y se logre mantener o flexibilizar los requisitos para acceder al beneficio.

La sesión fue convocada por el TC, que acogió una petición de diputados del oficialismo conservador que buscan que se declare inconstitucional una modificación de noviembre que endureció los requisitos para que los criminales de lesa humanidad accedan a las libertades condicionales.

El TC escuchará el jueves los alegatos definitivos y en una fecha por definir entregará su fallo, que podría favorecer a los presos de Punta Peuco, una prisión especial para poco más de un centenar de agentes del Estado que reprimieron y asesinaron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La mayoría de los diez miembros del TC es proclive a los sectores conservadores, lo que se refleja en sus fallos, que son inapelables.

El tema de una eventual liberación de los criminales del régimen de Pinochet causa tal malestar entre quienes sufrieron la persecución de los organismos represivos que varias decenas de manifestantes se reunieron frente a las puertas del TC con carteles y fotografías de detenidos desaparecidos.

Varios partidarios o familiares de los criminales de lesa humanidad fueron agredidos por los manifestantes cuando se retiraban del tribunal, incluido su presidente Iván Aróstica, quien al ser reconocido fue golpeado por varias mujeres, una de las cuales lo pateó en el pecho provocando que cayera al suelo. Cuando Aróstica se levantó, trató de defenderse hasta que llegó la policía y se lo llevó en un vehículo.

Vittoria E. Natto --una de las manifestantes a pesar de ser hija de un represor-- dijo a The Associated Press que “nosotros como hijos estamos de acuerdo en apoyar que no puede haber impunidad... los requisitos no deben rebajarse”.

“Mi padre fue también un genocida y él nunca se arrepintió. Dijo siempre ‘matamos pocos, teníamos que matar más’”, añadió Natto, del grupo Hijos Desobedientes, cuyos padres fueron torturadores.

En noviembre la oposición votó en favor de modificar la ley de 1925, que antes sólo beneficiaba con libertad condicional los delincuentes comunes. Si el cambio fuera aprobado por el TC, también beneficiaría a los condenados por violaciones a los derechos humanos, quienes para ser liberados tendrían que haber colaborado con el esclarecimiento del delito, confesado su participación y expresado su arrepentimiento. Sin embargo, se estima que la mayoría de los presos de Punta Peuco no cumplirían con estos requisitos.

Álvaro Paul Díaz, profesor de la Universidad Católica de Santiago, dijo durante la sesión del miércoles ante el TC que el derecho internacional “no prohíbe la misericordia”, no les niega la libertad condicional a los condenados por crímenes de lesa humanidad, pues “se aplican las mismas sentencias usadas con el resto de los criminales”. Agregó que “los militares están siendo condenados por (un) procedimiento inquisitivo que es violador de los derechos humanos”, con lo que arrancó aplausos en la sala entre los partidarios de los ocupantes de Punta Peuco.

En contraste, María Alejandra Sepúlveda, de la ONG Cruzada Solidaria, calificó la modificación de “antojadiza” y dijo que ninguna ley podrá establecer “diferencias arbitrarias”.

Álvaro Ahumada, presidente y sobreviviente de Villa Grimaldi, una de la peores cárceles secretas de la dictadura, señaló que “los sobrevivientes demandamos una justicia proporcional al daño causado conforme lo estipulan los instrumentos del derecho internacional que Chile ha ratificado”.

A su vez, Haydee Oberreuter Umazabal, que tras el golpe militar de 1973 fue detenida por marinos que la torturaron y provocaron que perdiera el bebé que esperaba, aseguró que “no puede haber perdón si no se reconoce la falta”.

La dictadura dejó 40.018 víctimas, que incluyen 3.065 opositores muertos, de los cuales aún falta por encontrar poco más de un millar de cadáveres.

En 1978, cuando se encontraron los primeros detenidos desaparecidos en el fondo de una mina de cal, Pinochet ordenó desenterrar los cuerpos de fosas clandestinas y hacerlos desaparecer de nuevo.