Bolsonaro: demarcar tierras es decisión del presidente

RIO DE JANEIRO (AP) — El presidente Jair Bolsonaro volvió a mostrar el viernes su voluntad de interferir en la reglamentación de la vida de las comunidades indígenas brasileñas.

“Al final de cuentas, quien demarca la tierra indígena es el presidente por decreto”, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa en Brasilia.

En Brasil la demarcación de las tierras indígenas dependió históricamente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), un organismo cuyo destino bajo el gobierno de Bolsonaro generó preocupación entre organismos de derechos humanos.

En su primer día de mandato el presidente ultraderechista le quitó a la FUNAI la autoridad para demarcar tierras y se la otorgó al Ministerio de Agricultura.

Pese a que el Congreso rechazó esa decisión presidencial, esta semana el presidente avanzó con una decisión semejante que volvió a transferir la potestad de demarcar tierras a Agricultura.

La medida provisoria de Bolsonaro, fuertemente criticada por organismos de derechos humanos, tiene fuerza de ley por 120 días, plazo en el que deberá ser tratada por el Congreso para no perder validez.

“Cada día que pasa Bolsonaro se consolida como el peor gobierno de todos los tiempos”, publicó en su cuenta de Twitter Sonia Guajajara, excandidata a vicepresidencia y coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. “Quiere gobernar en rebeldía a la ley, pasando por encima al Congreso y la constitución nacional”.

El izquierdista Partido Socialismo y Libertad reclamó al presidente del Senado que rechace la medida provisoria y advirtió que presentará un reclamo ante la Corte Suprema por considerar inconstitucional que Bolsonaro avance con una medida que ya había sido rechazada.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Bolsonaro había prometido que en caso de que fuese electo no otorgaría “un centímetro más” de tierra a los grupos indígenas.

Grupos civiles interpretan que con la cesión de la facultad de demarcar tierras a Agricultura, el presidente subordinó la política de derechos humanos al negocio agropecuario.

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