Ortega destituye a ministra nicaragüense sancionada por EEUU

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MANAGUA (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destituyó a la ministra de Salud, Sonia Castro, sancionada por Estados y Canadá por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas ocurridas en 2018, revela un acuerdo publicado este viernes en el diario oficial La Gaceta, en Managua.

Según lo establecido en un Acuerdo Presidencial, Castro fue removida del cargo que ahora ocupará Carolina Dávila Murillo, hasta hoy viceministra de Salud.

El pasado 21 de junio, Sonia Castro fue sancionada junto a otros altos funcionarios nicaragüenses por Estados Unidos y Canadá, que ordenaron revocar sus visas, congelar cuentas bancarias y bloquear las transacciones comerciales y financieras en su nombre.

La medida le impedía a Castro administrar recursos financieros y manejar las planillas salariales en el Ministerio de Salud, entidad que dirigía desde 2010.

Las sanciones se basaron en investigaciones de instancias de derechos humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la OEA, que documentó denuncias de víctimas y familiares de la “violencia estatal” contra manifestantes opositores.

En su informe de diciembre de 2018, el GIEI dijo haber encontrado "información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, formas de atención inadecuadas” y maltrato a heridos, acciones “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes”.

El GIEI recomendó investigar “qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo (la asociación gremial) Fetsalud y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”.

El organismo también denunció que al menos 300 médicos fueron despedidos del sistema de salud por brindar atención a los heridos en las protestas. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse tras recibir amenazas.

El padre del estudiante Alvarito Conrado, de 15 años, que murió por un impacto de bala cuando la policía sofocó una protesta en la universidad, ha dicho que su hijo falleció tras ser rechazado en la sala de urgencias de un hospital público. Médicos aseguran que otros jóvenes heridos corrieron igual suerte.

Pese a que dispuso la destitución de Castro, Ortega decidió nombrarla “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”, se indicó en La Gaceta. La exministra realiza actualmente una gira en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

“La señora Sonia Castro es una de los culpables de la muerte de mi hijo, porque en el hospital le negaron la atención que necesitaba”, dijo Álvaro Conrado, padre del adolescente, en declaraciones a la AP.

Opinó que la destitución de la ministra de Salud “no es un acto de buena fe de Ortega, porque al nombrarla asesora la mantiene siempre dentro del gobierno”.

Con respecto al caso de su hijo, uno de los más de 325 civiles muertos durante la represión policial de las protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Conrado señaló que “sigue impune y archivado, porque ningún policía fue investigado ni detenido”.

Estados Unidos ha sancionado hasta hoy a nueve funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, el jefe nacional de la policía, Francisco Díaz, y el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, acusados de cometer actos de corrupción y violar los derechos humanos.

En el caso de Porras, leal colaborador de Ortega, las sanciones obligaron a reformar la ley orgánica del Parlamento a fin de mantenerlo en el cargo aunque sin ejercer funciones administrativas o financieras.

El primer sancionado por Estados Unidos a fines de 2017 fue el extitular del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, señalado por supuestos delitos de fraude y corrupción y que finalmente dejó el cargo en junio de 2018.

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