EEUU: Critican a agencias por no responderle al Congreso

EEUU: Critican a agencias por no responderle al Congreso

WASHINGTON (AP) — Los legisladores demócratas censuraron el miércoles a las autoridades federales de inmigración por negarse a explicar por qué dejaron de tomar en cuenta las peticiones de inmigrantes para que les aplacen las deportaciones por razones de salud u otras adversidades.

Funcionarios de dos agencias —el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (USCIS e ICE por sus siglas en inglés respectivamente)— declinaron responder a muchas preguntas durante una ríspida audiencia en la Cámara de Representantes, atribuyendo su postura a una impugnación judicial reciente presentada por grupos defensores de los derechos civiles. Los funcionarios también señalaron que sus agencias trabajan en un plan para atender esas solicitudes, pero declinaron dar más detalles debido a que el tema se está discutiendo internamente.

“Esta es la política perfecta del gobierno del presidente Trump”, declaró el representante Jamie Raskin, que preside la subcomisión de derechos civiles que efectuó la audiencia y pertenece a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Desconocemos de dónde viene, por qué la tenemos, quién la propuso y de qué se trata”.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez arguyó que el hecho de que el caso judicial esté pendiente no es razón suficiente para que los funcionarios se resistan a responder a preguntas del Congreso, y dejó entrever que la cámara baja podría emitir una citación si las preguntas planteadas no son respondidas suficientemente por escrito para el viernes.

“Sólo puedo decirles que usted está discutiendo con la persona equivocada”, le respondió en un momento dado Daniel Renaud, director adjunto en el USCIS, a Ocasio-Cortez. “No sé qué más decir”.

El mes pasado, el USCIS negó el “aplazamiento de la deportación” en cartas dirigidas a cientos de familias que la habían solicitado por enfermedad u otras circunstancias especiales, argumentando que ya no estaba tomando en cuenta las solicitudes. La agencia advirtió que los solicitantes tenían 33 días para irse del país o se arriesgarían a ser deportados.

El USCIS dijo entonces que continuaría revisando las solicitudes para aplazar deportaciones que seguían pendientes desde el 7 de agosto, una concesión parcial a los activistas partidarios de los inmigrantes y del acceso a los servicios de salud, los cuales se quejaron de que llegara a su fin una política de asistencia humanitaria vigente desde hace décadas sin aviso público por adelantado ni la justificación requerida por ley.

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