Argentina suspende polémica legislación para minería
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de la provincia argentina de Mendoza suspendió la aplicación de una reforma legislativa que según grupos ambientalistas permitía la actividad minera con el uso de sustancias químicas tóxicas y que fue rechazada en manifestaciones masivas.
Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza --provincia cordillerana situada a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires--, anunció el jueves a periodistas que no reglamentará la reforma para la actividad minera aprobada y promulgada días atrás, paso que es necesario para su entrada en vigor. Ese proceso legal quedará en suspenso hasta que se abra un espacio de diálogo para que los cambios se aprueben con consenso, indicó el gobernador.
"No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente", dijo Suárez.
La aprobación por la legislatura provincial de la reforma de la Ley 7.722 --la cual limitaba el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera-- estuvo precedida y seguida de manifestaciones multitudinarias en distintos puntos de la provincia. Una marcha que tuvo lugar el lunes en la capital mendocina derivó en el enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas de seguridad.
Suárez indicó que este tipo de normas deben contar con legitimidad, “que se la da el pueblo mendocino".
“Reconozco que esto ha tomado otra dimensión. El miedo ha calado en la sociedad y muchos que me han votado me manifestaron sus temores. Han mentido mucho y han logrado instalar el miedo en la sociedad", afirmó.
El gobernador argumentó que en Mendoza se pueden “generar más de 50.000 puestos de trabajo sin afectar ninguna cuenca de río”, aunque puntualizó que “no se va a avanzar en ningún lugar donde no haya consenso social".
Greenpeace y otros grupos ambientalistas y de izquierda habían denunciado que “la legislatura provincial, de manera exprés, modificó negativamente la Ley provincial 7722 que protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas” en Mendoza, la cual “tenía esa legislación que la convertía en vanguardia mundial por la protección sobre su naturaleza y ambiente”.
La modificación aprobada “permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y otros tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará el faltante y la contaminación del agua de la provincia”, sostuvo Greenpeace.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, escribió una carta al gobernador mendocino en la que se sumó al pedido de distintas organizaciones sociales para que vetara las recientes modificaciones a la norma.
“Comprendo que no es fácil vetar la ley que usted mismo proyectó y los legisladores aprobaron. Sin embargo... usted habrá podido ‘escuchar el clamor del pueblo’ y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas”, aseveró el religioso.
El gobierno había descartó la posibilidad de vetar la reforma y aseveró que se trabaja “con altos estándares ambientales”.
