Ataque con disparos a comisaría de Chile eleva inseguridad

SANTIAGO (AP) — Un ataque a balazos a una comisaría y a una terminal de autobuses dejó dos muertos -uno de ellos, el atacante- y varios heridos en la comuna de Calama, al norte de Chile, y evidenció una vez más la crisis de inseguridad que vive el país y que se ha convertido en el principal problema que enfrenta el presidente Gabriel Boric.

Calama, a 1.550 kilómetros al norte de la capital chilena, es una de las 46 comunas elegidas para integrar el plan “Calles sin Violencia” con el que el gobierno buscará disminuir la delicuencia. Fueron escogidas entre las 346 comunas chilenas porque ellas concentran, en conjunto, en torno del 50% de los delitos más graves en el país.

El plan comenzará la próxima semana con 10 comunas y entre ellas no estaba incluida Calama, aunque el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no descartó que sea agregada al grupo inicial de las que serán intervenidas policialmente.

El martes por la noche un sujeto atacó a balazos una comisaría, dejando dos civiles heridos, y luego disparó a cuatro ciudadanos venezolanos en un terminal de autobuses, matando a uno y dejando tres heridos. Ya en la madrugada, una persecución policial concluyó con el atacante muerto, según información preliminar de la policía.

El fiscal de Calama, Cristián Aliaga, dijo que el atacante huyó a bordo de un vehículo y que no descartan la posibilidad de que otras personas hayan descendido, llevándose las armas usadas en el crimen.

La vocera del gobierno, Camila Vallejo, afirmó el miércoles que lo sucedido en Calama es otra muestra del incremento de los delitos violentos y del poder de fuego en el país.

En Chile hay unas 765.000 armas de fuego inscritas, aunque estimaciones del proyecto Small Arms Survey, del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza, cifran en unas 2,2 millones las armas en circulación, entre legales y no registradas.

Tras algunas manifestaciones públicas, Eliecer Chamorro, el alcalde oficialista de Calama, convocó a una paralización de la ciudad para el próximo viernes, en una ciudad que es la que más recursos aporta al país porque en su territorio se ubican grandes yacimientos de la minería de cobre.

El sector minero aporta cerca del 15% del Producto Interno Bruto, que sube a cerca del 20% si se incluyen otros sectores asociados a su producción.

Casi simultáneamente, el subsecretario Monsalve anunció que la seguridad de la comuna será reforzada inmediatamente con 26 policías y seis vehículos policiales.

En respuesta a la convocatoria a paro, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "no va a ser útil ni necesitamos este tipo de manifestaciones”. Aseguró que la preocupación por la seguridad de la comuna existía desde antes de los incidentes de las últimas horas.

Además, diputados de la zona demandaron el miércoles la declaración de un estado de emergencia en la ciudad -lo que permite usar militares en el control del orden público- como sucede en dos regiones del sur afectadas por atentados incendiarios de grupos que exigen la devolución de tierras indígenas.

Las autoridades, hasta ahora, han descartado la idea y reiteraron la confianza en el plan para disminuir la violencia que incluye más patrullajes, fiscalización intensiva de armas y búsqueda de personas prófugas de la justicia, inversión en la prevención de delitos y el reforzamiento de la protección policial.

Antes de que se conocieran las comunas que integrarían el plan muchos alcaldes presionaron para ser escogidos y cuando se enteraron que no fueron incluidos expresaron su temor a que la delincuencia se traslade a sus zonas.

Joel Olmos, edil de La Cisterna, en la capital chilena, declaró que si les sacan policías para reforzar las áreas elegidas “esto va a producir un traslado de los delitos” a las zonas con menor vigilancia.