Nicaragua cierra fundación católica y confisca sus bienes
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua, que ha cerrado más de 3.300 organizaciones sociales en los últimos años, clausuró la fundación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo, en la que colaboraban cuatro monjas brasileñas que ya abandonaron el país, y ordenó el traspaso de sus bienes a manos del Estado, se informó el martes a través del diario oficial La Gaceta.
Inscrita formalmente en Nicaragua en 2019, la asociación religiosa laboraba en el país desde hacía siete años, proporcionando alimentos y vestimenta a pobladores de comunidades pobres del departamento (provincia) occidental de León, donde tenía su sede.
El cierre de la organización religiosa figura en un acuerdo ministerial suscrito por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, en el que se indicó que la asociación religiosa no había renovado su junta directiva desde 2021 ni había reportado sus estados financieros entre 2020 y 2022.
Los argumentos son similares a los aplicados a otras más de 3.300 ONG que fueron cerradas en los últimos años por el gobierno de Daniel Ortega. Directivos de varias ONG clausuradas han denunciado que desde 2020 el gobierno no les permitía actualizar sus registros legales ante el Ministerio de Gobernación.
“La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia” por parte de Gobernación y “no promueve políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja”, señaló el texto oficial.
Además de disolver la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio de Gobernación dispuso la confiscación de sus propiedades, al ordenar a la Procuraduría General de la República “realizar el traspaso de sus bienes muebles o inmuebles” al Estado de Nicaragua.
Consultado por AP, el exministro de Educación y experto en temas religiosos Humberto Belli dijo que estos hechos ocurren porque el gobierno de Ortega “ha satanizado” a la Iglesia católica y la ha sometido a “una persecución jamás vista en la historia” de Nicaragua.
La sede de la fundación católica situada en León, a 90 kilómetros de Managua, era administrada por cuatro misioneras de nacionalidad brasileña, que el lunes viajaron a El Salvador para continuar su labor religiosa en ese país, según confirmó la propia congregación.
La salida de las monjas y el cierre de la ONG se producen tras largos meses de tensiones entre el gobierno sandinista y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos, monseñor Rolando Álvarez, cumple una condena de 26 años y cuatro meses de prisión en una celda de la cárcel Modelo de Managua.
El obispo Álvarez fue condenado en febrero pasado, tras negarse a ser deportado de Nicaragua junto a 222 “presos políticos” excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos, según lo confirmó el propio presidente Ortega.
El mes pasado, el gobierno informó que investigaba a la Iglesia católica por ser parte de una presunta “red de lavado de dinero” en coordinación con opositores políticos, y canceló varias cuentas bancarias de parroquias y diócesis en distintas zonas del país.
Ortega ha acusado a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el gobierno calificó como “un fallido golpe de Estado”. En marzo pasado ordenó la “suspensión” de relaciones con el Vaticano y un año antes había expulsado del país al nuncio apostólico Valdemar Sommertag, quien ofreció interceder por la libertad de los “presos políticos”.
Según la investigadora de temas religiosos Martha Molina, con la salida de las cuatro religiosas brasileñas sube a 40 la cifra de monjas que abandonaron Nicaragua desde 2018, período durante el cual 77 sacerdotes nicaragüenses y extranjeros han sido forzados a salir del país. Una de las primeras y masivas salidas fue la de 18 monjas de la orden de la Madre Santa Teresa de Calcuta, en julio de 2022.
De acuerdo con la ONG Fundación del Río, también clausurada por el gobierno, al menos 3.364 asociaciones sin fines de lucro han sido cerradas en Nicaragua desde 2018. Esto ha dejado pérdidas de 255 millones de dólares en proyectos suspendidos, unos 24.000 empleos directos y 3,4 millones de nicaragüenses en situación “de vulnerabilidad”, al perder ayuda para su subsistencia básica.
