Chile anuncia plan nacional para que el Estado asuma búsqueda de desaparecidos en dictadura
SANTIAGO (AP) — A casi medio siglo del golpe militar en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el viernes un plan nacional para que el Estado asuma la búsqueda de unas 1.100 víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún es desconocido, una labor que por años ha recaído en el esfuerzo de familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.
El Plan Nacional de Búsqueda partirá con la integración de todos los antecedentes de los desaparecidos reunida hasta ahora por distintas comisiones especiales de verdad, los tribunales de justicia, los familiares de las víctimas y los gobiernos anteriores, informó el viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante un encuentro con corresponsales de prensa internacional.
La dictadura liderada por Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellos unos 3.000 opositores asesinados, de los que más de 1.400 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsquedas se encontraron e identificaron restos óseos de 307 personas y faltan por encontrar otras 1.100, según cifras oficiales.
La información sobre los desaparecidos será trabajada por entidades multidisciplinarias, que con recursos y especialistas, proseguirán la tarea que hasta ahora descansó en los hombros de los parientes de los desaparecidos.
Cordero dijo que es posible que de la integración de datos antiguos surjan “indicios para nuevas investigaciones”.
Andrés Colque, 58 años, psicólogo, dijo a The Associated Press que “ aunque quede un detenido desaparecido, es necesario buscarlo y disponer todos los recursos, (porque) le sirve a nuestra sociedad para valorar los derechos y la vida de las personas”. El presidente Boric ya se había comprometido a desarrollar esta tarea.
El plan no sustituirá la tarea de los tribunales y, para que funcione, es importante contar con la colaboración de los familiares de víctimas y sus agrupaciones, dijo Cordero, quien tiene una cercanía personal con el tema. Dos tíos abuelos figuran entre decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar de septiembre de 1973.
El proyecto se iniciará formalmente el próximo 30 de agosto, cuando Boric firme un decreto supremo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Al anunciar el plan, a comienzos de junio, el mandatario dijo que el próximo año se destinarán 14.000 millones de pesos, unos 18 millones de dólares, para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que exhibe retrasos en las pericias en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades han hecho algunos esfuerzos para ubicar el paradero de los desaparecidos e identificar restos humanos que se presumen que son de algunos de ellos. Sin embargo, en al menos un caso se cometieron errores.
En 1991, se ubicaron restos de 126 personas en 107 tumbas del cementerio general destinado a desaparecidos que se creía que eran de opositores a la dictadura. Aunque las autoridades anunciaron que fueron identificados e incluso fueron entregados a sus familiares, quince años después, en 2006, se determinó que la identificación no fue rigurosa y casi medio centenar de familias tuvieron que devolver los restos al instituto forense.
Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos detenidos desaparecidos volvieron al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile durante unos 18 años, que se sumaron a muchas más aún pendientes de periciar.
Boric recordó a comienzos de junio que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los esfuerzos y recursos para que los detenidos desaparecidos en la dictadura que aún falta por encontrar “puedan descansar en paz”.
