Presidente colombiano nombra a ex jefe paramilitar como gestor de paz

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro nombró el domingo como gestor de paz a un ex líder de las Autodefensas Unidas de ese país, Salvatore Mancuso.

El mandatario consideró que el proceso de diálogo entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que se negoció en 2003, “aún no ha terminado”, según dijo en su cuenta de Twitter, a propósito del aniversario del acuerdo de desmovilización con esas milicias ilegales.

Para concluirlo y “lograr la completa paz” se requiere, según Petro, conocer la verdad sobre los destinos de los bienes entregados al Estado “que se han perdido”, porque han sido dados a grupos “que heredan el paramilitarismo”, así como localizar “muchos cuerpos de víctimas que aún no han sido encontrados”, escribió el presidente en su mensaje.

Petro no dio más detalles sobre las funciones del gestor de paz o de cómo operaría el anunciado nombramiento de Mancuso, quien se encuentra en Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico, luego de ser extraditado en 2008 por el gobierno de Uribe (2002-2010).

Se conoce que el próximo mes se resolvería la situación legal del ex jefe paramilitar en el país norteamericano. De ser devuelto a Colombia, Mancuso podría enfrentar causas judiciales por miles de crímenes durante su operación, además de otros delitos cometidos en el país sudamericano.

Aunque también ha pedido ser extraditado a Italia, Mancuso busca acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en Colombia, que lo favorecería ante eventuales condenas. La JEP es un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

Con este fin, Mancuso compareció en marzo de este año en audiencia ante la JEP, donde aseguró que el ejército colombiano e importantes políticos como los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (1998-2002) estuvieron vinculados con las operaciones paramilitares de las AUC.

Ante el anuncio de Petro, Uribe reaccionó el domingo en Twitter y manifestó: “Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso”.

“Que el Pte. (presidente Petro) lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, agregó Uribe en su mensaje, en alusión a otros ex líderes paramilitares a los que debería “dar el mismo status”, dijo.

En 2003, el gobierno de Uribe y las AUC concretaron un acuerdo para la desmovilización de unos 35.000 hombres de esas milicias ilegales que debía cumplirse hasta 2005.

La ley de Justicia y Paz y sus reglamentos para la desmovilización de los paramilitares contemplaba el otorgamiento de una pena de ocho años de prisión para quienes confesaran sus crímenes, excepto los de lesa humanidad, lo cual fue criticado por varios sectores que aseguraban se alentaba la impunidad.

Según argumentó el gobierno de Uribe, la extradición posterior de Mancuso y otros jefes paramilitares se dio por incumplimiento del acuerdo de paz y por reincidencia.