El caso McCarrick y las cicatrices de abuso sexual en instituciones de poder

La muerte de Theodore McCarrick, ex cardenal estadounidense que alguna vez ostentó poder e influencia en lo más alto de la Iglesia Católica, marca el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la institución. Su fallecimiento a los 94 años, tras haber sido destituido por el papa Francisco en 2019, representa un hito moral, religioso y judicial que merece una reflexión profunda.

Pero su caso no es un caso aislado. A su alrededor, encontramos una red de omisiones, complicidades e incluso leyes reformadas que han permitido en otras instancias —como en los centros juveniles de Los Ángeles— que la sociedad finalmente dé voz a las víctimas de abusos sexuales dentro de estructuras de poder que durante décadas ofrecieron más impunidad que justicia.

El ascenso y caída de Theodore McCarrick

McCarrick fue una figura prominente dentro de la Iglesia Católica estadounidense. Como cardenal de Washington D.C., asesoró a tres papas y fue un recaudador eficiente de fondos para iniciativas religiosas y benéficas. Sin embargo, desde hace años existían rumores sobre su conducta impropia con seminaristas y jóvenes bajo su supervisión.

Fue hasta 2018 que el cardenal fue públicamente acusado de abuso sexual a menores, lo que llevó al Vaticano a ordenar una investigación. En 2019, fue finalmente defenestrado por el papa Francisco, convirtiéndose en el primer cardenal de Estados Unidos en ser destituido no solo de su cargo, sino también del estado clerical.

El informe del Vaticano posterior a la investigación fue demoledor. No solo confirmó los abusos, sino que también culpó directamente a san Juan Pablo II, por haberlo nombrado arzobispo de Washington en 2000 a pesar de tener conocimiento previo sobre su conducta. El informe revela que Juan Pablo II prefirió creer una carta escrita a mano por McCarrick, en la que negaba haber tenido relaciones sexuales con nadie.

La herida institucional: cuando la Iglesia elige no ver

Este escándalo reavivó las heridas aún abiertas de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, expuesta en 2002 por el diario The Boston Globe. Lo alarmante en el caso de McCarrick no fue solo el comportamiento del sacerdote, sino el hecho de que obispos, cardenales y figuras vaticanas sabían y no hicieron nada.

La cultura eclesiástica del silencio y de la protección interna primó durante años. Y el caso McCarrick muestra que incluso llegaba a las cúpulas más altas del poder religioso.

De la impunidad al arrepentimiento público

En respuesta a estos escándalos, el Vaticano ha iniciado diversas reformas internas. En 2019, el papa Francisco abolió el secreto pontificio para casos de abuso sexual, una medida que por décadas impidió que investigaciones salieran a la luz pública. Ahora los archivos y procesos pueden ser compartidos con autoridades civiles.

Sin embargo, muchos analistas consideran que todavía falta mucho por reformar. “El problema no es solamente de individuos depredadores, sino de estructuras que permitieron estos abusos”, advirtió la periodista y escritora estadounidense Marie Collins, sobreviviente de abusos y miembro fundadora de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Un espejo más allá de la Iglesia: los abusos en instituciones públicas como los centros juveniles

Un patrón similar de abusos salió a la luz recientemente en Los Ángeles. El condado ha alcanzado un acuerdo histórico de $4 mil millones de dólares para resolver casi 7,000 demandas por abuso sexual en centros juveniles desde 1959 —un desembolso que se perfila como el más grande en su historia.

El escándalo surgió a partir de una demanda colectiva iniciada en 2022, que fue posible gracias a la ley estatal de California que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para demandas por abuso sexual infantil.

Las víctimas, que actualmente rondan entre los 60 y 70 años, aseguran haber sido agredidas por miembros del personal mientras estaban detenidas. La mayoría de estos abusos ocurrieron bajo custodia del sistema de justicia juvenil, lo que coloca al estado en el rol de garante fallido.

“Este acuerdo no solo es un acto de justicia reparadora, sino un clamor nacional por una reforma profunda”, declaró Patrick McNicholas, abogado principal del grupo de demandantes.

¿Qué hará Los Ángeles tras el acuerdo?

Además del pago millonario, el acuerdo incluye:

• La creación de una línea directa en todo el condado para reportar abusos sexuales por parte de empleados públicos
• El desarrollo de un sistema acelerado de investigación de denuncias
• Mayor capacitación a los empleados en contacto con menores

Es un paso hacia adelante, aunque muchos consideran que la cultura de encubrimiento institucional es más difícil de erradicar que los procedimientos administrativos.

La opinión pública y la percepción de impunidad

Una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2020 encontró que el 74% de los católicos estadounidenses creen que la Iglesia ha hecho un mal trabajo respondiendo a los escándalos de abuso. En paralelo, aumenta el escepticismo hacia otras instituciones públicas involucradas con el cuidado de menores o poblaciones vulnerables.

Reformas legislativas que marcan diferencia

Leyes como la de California, que amplía la oportunidad de denunciar incluso décadas después de los hechos, han sido claves para que miles de víctimas obtengan justicia. En 2019, Nueva York aprobó reformas similares. En otros estados, movimientos sociales han presionado a legisladores para adaptar marcos jurídicos que ya se perciben como obsoletos frente a la magnitud del abuso sistémico.

No obstante, muchas jurisdicciones aún protegen a instituciones religiosas y públicas con inmunidad total o parcial. Para un cambio real, se necesita voluntad política y presión ciudadana constante.

El rol de las víctimas en el cambio

Sin los testimonios valientes de las víctimas, tanto en la Iglesia como en centros juveniles y otras instituciones, estos avances no serían posibles. Desde los sobrevivientes del escándalo de Boston en 2002 hasta quienes enfrentaron años de trauma en instalaciones administradas por el Estado, todos han facilitado un proceso de cambio social y legal de alto impacto.

En palabras de la activista y víctima Joelle Casteix: “Cada vez que alguien habla y denuncia, otro abusador pierde poder. Por eso contar la verdad sigue siendo revolucionario”.

La conversación sobre abuso institucional ha evolucionado, pero el camino hacia una rendición de cuentas total aún está en curso.