El lado oscuro de la justicia tecnológica en EE.UU.: software defectuoso, arrestos ilegales y decisiones políticas cuestionadas

El dilema de las elecciones en Texas: ¿negligencia o manipulación política?

Texas se encuentra una vez más en el ojo del huracán político, esta vez por la demora del gobernador republicano Greg Abbott en convocar una elección especial para reemplazar al difunto congresista demócrata Sylvester Turner. Turner, exalcalde de Houston, falleció el pasado 5 de marzo, pero casi un mes más tarde, Abbott aún no ha declarado oficialmente la fecha para una elección que debería ser prioritaria dada la representación de casi 800,000 residentes del distrito en cuestión.

Abbott justifica la demora alegando una "historia de fallos" en la administración de elecciones en el Condado de Harris, un área densamente poblada y de mayoría latina y afroamericana. Según Abbott, la prisa podría resultar en una elección mal organizada, como según él ha sucedido anteriormente. Cabe destacar que en 2023 el gobernador firmó una ley que desmanteló la oficina de administración electoral independiente en el condado para transferir sus funciones a funcionarios locales — entre ellos, la secretaria del condado, Teneshia Hudspeth.

Hudspeth no tardó en responder, afirmando que su oficina ha organizado con éxito ocho elecciones desde que retomaron el control. La acusación de Abbott, dijo, es más una maniobra política que un verdadero problema administrativo.

El fiscal del condado de Harris y candidato para el escaño vacante, Christian Menefee, tampoco se quedó callado. Vía X (anteriormente Twitter), pidió que se deje de perder el tiempo: “Governor, call the election. You’ve had a month. No more excuses.”

¿Un retraso estratégico?

Los demócratas no se tragan la narrativa de incompetencia técnica. Alegan que el retraso es una estrategia deliberada para proteger la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU. El momento en que se celebre la elección puede afectar la participación y el resultado electoral, especialmente en un distrito fuertemente demócrata.

No es la primera vez que el gobernador Abbott ha sido acusado de manipular el proceso electoral. En años anteriores, ha sido criticado por implementar leyes que restringen el voto por correo y cierran centros de votación en áreas urbanas y diversas.

Jonathan Braun: una historia de indulto, crimen y escándalo

Mientras tanto, otra noticia sacude la imagen del sistema legal estadounidense: Jonathan Braun, un exnarcotraficante de Nueva York cuya condena fue conmutada por el expresidente Donald Trump, ha sido detenido nuevamente bajo múltiples cargos graves, incluyendo asalto a un niño de tres años, violencia doméstica y acoso sexual.

Braun, de 41 años y residente en Long Island, acababa de pasar un año de los diez a los que fue condenado antes de que Trump redujera su sentencia en los últimos días de su mandato, pese a que el hombre lideró una organización que contrabandeó más de 220,000 libras (100,000 kg) de marihuana desde Canadá.

La nueva lista de cargos es alarmante: Braun ha sido acusado de agredir a su esposa, un anciano, su niñera, un niño, y de evadir peajes en al menos 40 ocasiones mientras conducía un Lamborghini o Ferrari sin placas.

“Do you know who I am or what I can do to you?” dijo Braun mientras amenazaba a un hombre en una sinagoga, según consta en el expediente policial.

Una clemencia sin rendición de cuentas

Uno de los aspectos más preocupantes es que la Casa Blanca nunca justificó públicamente la decisión de conmutar la pena de Braun. La administración Trump también otorgó clemencia a otras figuras controvertidas, muchas de ellas con conexiones políticas o financieras. Esta práctica pone en tela de juicio la integridad del sistema de indultos presidenciales. Según datos recopilados por Pew Research y otros centros, de los más de 200 indultos o conmutaciones otorgadas por Trump, una cantidad significativa beneficiaba a individuos conectados directa o indirectamente con su entorno político o empresarial.

Harrison Fields, portavoz del expresidente, se limitó a decir: “Hay riesgos en el uso del perdón presidencial, y es lamentable cuando se abusa de ese privilegio.”

La justicia automatizada y sus errores fatales en Carolina del Norte

La problemática del sistema judicial se agrava aún más con el caso de la plataforma digital “eCourts” en Carolina del Norte. Más de una docena de personas han interpuesto una demanda federal contra el desarrollador Tyler Technologies y contra el sheriff del Condado de Mecklenburg.

La queja acusa al nuevo sistema de gestión electrónica de expedientes judiciales de ocasionar arrestos ilegales y detenciones prolongadas una vez que las condiciones de liberación ya se habían cumplido. Se dice que decenas de personas pasaron tiempo adicional en la cárcel debido a fallas del software y a errores humanos.

El juez federal William Osteen falló esta semana que las acusaciones son plausibles y que el juicio contra los acusados puede continuar. En un fragmento del fallo se señala que:

“Los demandantes han alegado de manera creíble que su lesión constitucional fue causada por la inadecuada capacitación de los agentes del sheriff en el uso del software eCourts.”

Lo irónico del caso es que la implementación de este sistema buscaba precisamente hacer el proceso más eficiente. Desde febrero de 2023, eCourts ha sido implementado en 62 de los 100 condados de Carolina del Norte, con el objetivo de cubrir todo el estado para final de 2024. Si bien la digitalización puede ser positiva, casos como este muestran cómo la falta de supervisión y control de calidad puede tener consecuencias devastadoras para ciudadanos inocentes.

La intersección peligrosa entre poder político, tecnología y justicia

Estos tres casos —la demora de Abbott, la reincidencia de Braun y la implementación fallida de eCourts— revelan un patrón preocupante en el sistema estadounidense. Vemos cómo el poder político es utilizado para influir en procesos electorales y judiciales, a veces en detrimento del interés público. También observamos la falta de controles al implementar nuevas tecnologías en sectores tan críticos como la justicia penal.

Vale la pena considerar lo siguiente:

• ¿Debe haber más transparencia en los indultos presidenciales? Quizás un comité bipartidista debería revisar las decisiones antes de su ejecución.
• ¿Estamos listos para digitalizar procesos judiciales sin supervisión robusta? La experiencia con eCourts sugiere que no.
• ¿Debería un gobernador tener autoridad unilateral para convocar elecciones? Este poder, en manos equivocadas, puede convertirse en una herramienta de manipulación.

En un país que se autoproclama como defensor de la democracia y el imperio de la ley, estos ejemplos muestran por qué la vigilancia ciudadana, el periodismo crítico y la acción legal siguen siendo fundamentales para mantener a raya los abusos de poder.