El Nuevo Asalto de Trump a las Elecciones: ¿Defender la Democracia o Sabotearla Desde la Casa Blanca?

Una nueva batalla legal por la democracia estadounidense

El viernes pasado, los estados de Washington y Oregón interpusieron una demanda en el Tribunal de Distrito de Seattle contra la última orden ejecutiva del expresidente Donald Trump respecto al proceso electoral estadounidense. No fue un gesto aislado. Solo un día antes, autoridades demócratas en otros 19 estados hicieron lo mismo. Todos consideran que el exmandatario está intentando modificar las reglas del juego democrático desde una posición que la Constitución no le otorga.

¿Qué propone la orden de Trump?

La controversial directiva firmada por Trump busca implementar dos grandes reglas:

• Que los votantes presenten prueba documental de ciudadanía al registrarse.
• Que todas las boletas enviadas por correo sean recibidas (no solo enviadas o selladas) a más tardar el día de las elecciones.

Además, condiciona los fondos federales que reciben los estados al cumplimiento de estas disposiciones.

Una amenaza directa al sistema de votación por correo

Washington y Oregón tienen una particularidad que las coloca en la primera línea de resistencia: sus elecciones se realizan completamente por correo. No solo eso: las reglas locales permiten que las papeletas sean contadas mientras hayan sido enviadas a más tardar el día de la elección, incluso si llegan días después.

En palabras del fiscal general de Washington, Nick Brown: “Más de 300,000 boletas llegaron después del día de la elección el año pasado. Bajo la nueva orden, habrían sido desechadas”.

¿Tiene Trump autoridad para esto? Las claves constitucionales

La Constitución de Estados Unidos es clara en un punto medular: la administración de las elecciones corresponde a los estados. La Sección 4 del Artículo I estipula que cada estado determinará el “momento, lugar y forma de celebrar elecciones” y que el Congreso, no el presidente, puede intervenir en ciertas condiciones.

Esto ha sido repetido una y otra vez por expertos legales. Incluso el Departamento de Justicia bajo la administración Trump, en 2020, concordaba que no existe evidencia de fraude electoral masivo, a pesar de los constantes alegatos del exmandatario.

La retórica de Trump: entre la seguridad y la manipulación

El argumento oficial en defensa de estas medidas es que se busca una elección “libre, justa y honesta”. En palabras del portavoz de la Casa Blanca de Trump, Harrison Fields, pedir prueba de ciudadanía es “sentido común”.

Pero los opositores argumentan que todo esto forma parte de un plan sistemático de supresión del voto, especialmente dirigido a jóvenes, personas de bajos ingresos y comunidades minoritarias.

La fiscalía de Oregón lo resumió así: “Es un intento descarado de gobernar como un rey y dictar cómo los estados deben manejar sus elecciones”.

El mito del fraude y la insistencia de Trump

Tal vez el aspecto más preocupante de esta nueva ofensiva es que se fundamenta en mentiras comprobadas. Trump continúa afirmando que ganó la elección en 2020, pese a:

• La confirmación de su derrota en todos los estados en disputa tras recuentos y auditorías.
• La falta de evidencias presentada ante más de 60 cortes, muchas encabezadas por jueces nombrados por él.
• La declaración de su propio fiscal general, William Barr, admitiendo que no había fraude electoral suficiente como para alterar el resultado.

Como enfatizó el fiscal general Nick Brown: “Cuesta imaginar un tema donde este presidente tenga menos credibilidad que cuando habla de elecciones”.

La paradoja: seguridad contra derechos

El meollo de este debate es una dicotomía que lleva polarizando a Estados Unidos por décadas: ¿seguridad electoral o accesibilidad democrática? Si bien pedir pruebas de ciudadanía parece una medida razonable a simple vista, según el Centro Brennan para la Justicia, más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen un documento actualizado que puedan usar como prueba legal de ciudadanía.

Además, el voto por correo ha demostrado ser no solo seguro, sino altamente eficaz. Desde 2000, se han emitido más de 250 millones de votos por correo en Estados Unidos, con una tasa comprobada de fraude inferior al 0.0001%, según datos del Voting Rights Lab.

Voto por correo: ventaja demócrata y núcleo del conflicto

El trasfondo político de esta movida no puede ignorarse. Las estadísticas muestran que el voto por correo fue utilizado abrumadoramente por votantes demócratas en 2020, en parte debido a las recomendaciones de salud pública por la pandemia y la retórica antivoto-por-correo de Trump.

En estados clave como Pennsylvania, Nevada y Arizona, el margen de victoria para el presidente Biden vino acompañado de una avalancha de boletas por correo. Los analistas electorales no tardaron en señalar que restringir esta modalidad puede ser una estrategia republicana para disminuir la participación de ciertos sectores.

¿Un camino al autoritarismo?

Las críticas a esta nueva ofensiva no son meramente legales o técnicas. Hay quienes ven en estos movimientos señales de un intento por debilitar las bases institucionales del sistema democrático. La exsecretaria de Estado de Missouri, Jennifer L. Pizer, escribió: “La centralización forzada del control electoral, saltándose a los estados, es un paso inseguro hacia el autoritarismo”.

Reacciones políticas: una sociedad dividida

Las demandas de Washington y Oregón se suman a una creciente ola de resistencia dentro del país. Grupos como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y el DNC (Comité Nacional Demócrata) no han tardado en presentar sus propios procesos judiciales.

Pero no todos dentro del Partido Republicano apoyan abiertamente esta orden. Algunos legisladores, aunque reticentes a criticar al expresidente, han señalado su preocupación por las consecuencias en términos de legitimidad electoral y participación ciudadana.

¿Qué viene ahora? Escenario de múltiples batallas

Lo cierto es que nos encaminamos hacia un año electoral convulso. La orden de Trump será objeto de revisión judicial en diversas cortes federales. Se prevé una batalla legal prolongada que probablemente termine en el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, estados como California, Massachusetts y Colorado analizan también iniciar procesos legales. Y organizaciones civiles intensifican campañas de registro y educación cívica para sortear los efectos disuasorios de estas políticas.

La democracia en juego

En medio de esta tormenta política y legal, se asoma una realidad incuestionable: la democracia estadounidense enfrenta uno de sus desafíos más serios desde los años 60. El derecho a votar —ejercido históricamente por comunidades marginadas con dificultad— podría volver a estar en peligro.

Como dijo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez tras conocerse la orden: “No es casualidad que cada vez que avanzamos un poco hacia una democracia más representativa, quienes más temen al pueblo intentan retroceder el reloj”.

¿Estamos realmente defendiendo elecciones libres y justas, o diseñando un sistema que excluya a quien vote 'mal'?