La industria minera bajo presión: ¿una amenaza a la seguridad por recortes impulsados por Trump y Musk?

Un futuro sombrío para la seguridad minera

Mientras Stanley “Goose” Stewart, un jubilado de la minería del carbón, sostiene el casco que llevaba cuando 29 de sus compañeros murieron en la explosión de la mina Upper Big Branch hace 15 años, reflexiona con tristeza: “No recomendaría a nadie entrar hoy en la minería”. Las palabras de Stewart resuenan con fuerza en comunidades como Orgas, Virginia Occidental, donde las heridas del terrible accidente de 2010 todavía no sanan.

La Mine Safety and Health Administration (MSHA), agencia federal estadounidense creada para prevenir tragedias como esta, se encuentra ahora en la mira del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una superagencia creada por el expresidente Donald Trump y actualmente dirigida por Elon Musk. DOGE ha generado polémica al proponer el cierre de 34 oficinas de MSHA en 19 estados.

¿Qué está en juego?

MSHA fue establecida por el Congreso en 1978, dentro del Departamento de Trabajo, en respuesta a décadas de negligencia estatal. Se le encargó supervisar condiciones laborales en minas subterráneas y de superficie mediante inspecciones periódicas. Todo esto con el objetivo de evitar enfermedades como la neumoconiosis de los mineros del carbón (conocida como black lung), derrumbes letales o fallos técnicos en equipos.

Según datos públicos de MSHA, entre enero de 2024 y febrero de 2025 se realizaron casi 17,000 inspecciones de salud y seguridad desde las oficinas hoy en peligro de cerrar. Sin embargo, con los recortes de DOGE, inspectores tendrían que viajar mayores distancias, lo que podría reducir la profundidad y frecuencia de las inspecciones.

Una industria ya en declive

La minería del carbón en EE. UU. ya vive un panorama de contracción sostenida. En 2014 se produjeron 1,000 millones de toneladas; para 2023, esa cifra cayó a 578 millones. La Administración de Información Energética (EIA) indica que este descenso se debe al avance de fuentes renovables y al bajo costo del gas natural.

Tampoco hay un repunte en el empleo según lo prometido por Trump en su primer mandato. Según MSHA, en 2023 había unos 45,476 empleados en la industria, siendo Virginia Occidental (con 14,000) y Kentucky (5,000) los principales empleadores.

El ejemplo trágico de Upper Big Branch

La explosión del 5 de abril de 2010 en la mina Upper Big Branch (operada por Massey Energy) puso en evidencia las fallas estructurales del sistema de supervisión minera. 29 mineros murieron debido a una chispa provocada por equipos defectuosos, que encendió polvo de carbón y gas metano.

Aquella tragedia impulsó una mayor supervisión de MSHA, como inspecciones sorpresa a minas con historial de infracciones. Sin embargo, estas prácticas se cancelaron bajo el segundo mandato de Trump. Joe Main, jefe de MSHA durante el gobierno de Obama, escribió en la red X que “el debilitamiento del personal de aplicación contribuyó directamente a la catástrofe de Upper Big Branch” y que las nuevas reducciones de DOGE “ponen en riesgo vidas en una agencia ya con poca dotación”.

¿Qué dice la comunidad minera?

Rob Blackwell, un operador de equipos mineros en Virginia Occidental, expresa su preocupación: “Es solo un gran susto por aquí. Si hay una emergencia y nuestra oficina de MSHA local cierra, ¿cuánto tiempo toma que llegue un inspector a iniciar la investigación?”

Jack Spadaro, exinvestigador y experto en seguridad minera, es contundente: “Es una propuesta estúpida hecha por personas estúpidas que no tienen ni idea de seguridad minera.”

Dr. Carl Werntz, médico experto en black lung, advirtió: “Si quitas estas protecciones, estás convirtiendo a los trabajadores en desechables. Y eso es terrible.”

Reducción masiva de personal

De acuerdo con un análisis del Appalachian Citizens’ Law Center, en la última década MSHA ha perdido el 27% de su personal total y el 50% del específico para minas de carbón. Con la eliminación de estas oficinas, es probable que esta tendencia continúe. Por otro lado, cientos de empleados de salud ocupacional vinculados a minas fueron despedidos la semana pasada tras la reducción de presupuesto al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Algunos exinspectores como Tom Clark, hoy legislador en Virginia Occidental, aprueban parcialmente la medida de Trump y Musk si los inspectores son redistribuidos, pero afirman que “la seguridad de los mineros no debería depender del presupuesto. Los programas como el de compensación para black lung deben financiarse sí o sí.”

La historia vuelve a repetirse

El conflicto entre los trabajadores mineros y las compañías va más allá de cifras y recortes. Durante las llamadas Guerras Mineras de Virginia Occidental en las primeras décadas del siglo XX, los mineros lucharon —literalmente— por mejores condiciones. Pese a la creación del sindicato United Mine Workers (UMW), la presión de las empresas y la falta de apoyo estatal debilitó su poder.

Hoy, con la mayoría de las minas de EE. UU. sin sindicatos y con un UMW desvencijado, el presidente del gremio, Cecil Roberts, hace una advertencia profética: “Dejar la seguridad de los mineros únicamente en manos del empleador es una receta para el desastre.”

¿Qué dice la administración y cuál es el verdadero costo?

DOGE estima que el cierre de las oficinas de MSHA ahorraría 18 millones de dólares, un monto marginal si se pondera lo que está en juego. Aún queda por aclarar si los inspectores desplazados serán reubicados, o si cientos de millas de distancia entre minas y sedes ralentizarán las futuras inspecciones.

El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, alertó que ninguna agencia federal se ha comunicado oficialmente sobre los cierres en su estado, y acusó directamente a Musk: “Me preocupa que lo que Elon Musk está haciendo no sea arreglar el gobierno, sino quebrarlo.”

¿Por qué sigue habiendo apoyo hacia Trump en las regiones mineras?

La pregunta persiste. Stewart, que nunca apoyó a Trump, simplemente no entiende cómo otros mineros pueden seguir creyendo en él: “Trump nunca ha hecho nada por nosotros. Es un estafador.”

Este vínculo emocional con el expresidente, alimentado por promesas de restaurar empleos que nunca regresaron, ha convertido estados como Virginia Occidental en bastiones republicanos. A pesar de que el número de minas y empleos continúa disminuyendo, la retórica populista de “proteger al trabajador americano” sigue resonando fuerte.

Más que minas: el desmantelamiento de la regulación ambiental

La MSHA no es la única institución afectada. También se busca cerrar la Oficina de Reclamación y Fiscalización de Minería a Superficie (OSMRE) en Lexington y Tulsa. Esta agencia fue fundada en los años 70 para restaurar tierras devastadas por minería a tajo abierto.

Estos cierres eliminan la capacidad del gobierno federal para garantizar una minería responsable ambientalmente. En resumen, no solo la vida de los trabajadores está en peligro, sino también el entorno en el que viven.

¿Cuál es el futuro inmediato?

A corto plazo, los recortes ya muestran consecuencias tangibles: parálisis en nuevas inspecciones, retrasos en atención a denuncias, y un sentimiento generalizado de vulnerabilidad. A largo plazo, los expertos coinciden en que podría haber un retorno a los niveles de inseguridad laboral de hace décadas.

Como dijo Spadaro: “Estos recortes no tienen nada de eficiencia. Son ceguera disfrazada de política.”