La tragedia de Lacey Higdem: negligencia carcelaria, impunidad y una madre sin justicia plena

El 4 de junio de 2020, Lacey Higdem murió en una celda del Centro de Detención del Condado de Rolette en Dakota del Norte. Tenía solo 19 años. La causa: una sobredosis de metanfetamina. Pero la historia detrás de su muerte va mucho más allá de una joven víctima de adicción. Su caso es un ejemplo devastador de negligencia institucional, desidia médica y una justicia que llega, tarde y parcialmente, envuelta en un acuerdo monetario de $2 millones.

¿Quién era Lacey Higdem?

Lacey no era solamente una cifra en el sistemático problema del uso de drogas en Estados Unidos. Era madre, hija y joven. El día que fue encontrada en un estado delirante en un bosque cerca de Belcourt, Dakota del Norte, por un oficial de la Oficina de Asuntos Indígenas, estaba pidiendo ayuda. Estaba viva, aunque visiblemente alterada. Fue llevada a un hospital. Allí, de acuerdo con la demanda interpuesta por su madre, Jessica Allen, fue dada de alta de manera inadecuada.

Lacey necesitaba intervención médica urgente. En cambio, terminó arrestada por "conducta desordenada" y "resistirse al arresto" y fue ingresada en la cárcel del condado.

Horas fatales: los últimos momentos

La demanda sostiene que al llegar a la cárcel, los dos funcionarios de correccionales que la recibieron notaron signos evidentes de que algo no iba bien con la joven. A pesar de esto, no se hizo ninguna gestión para que recibiera atención médica dentro del centro de detención. Horas más tarde, durante un chequeo rutinario, fue encontrada inmóvil. Habían pasado menos de nueve horas desde que comenzó su detención.

El resultado de la autopsia: toxicidad por metanfetamina. Lacey había muerto sola, encerrada y sin haber recibido asistencia médica que podría haberle salvado la vida.

Indiferencia institucional y justicia mínima

La demanda legal presentada en 2022 por la madre de Lacey denuncia no solo la negligencia de los funcionarios carcelarios, sino también la mala praxis médica en el hospital donde fue inicialmente atendida. “Ninguna madre debería vivir con el dolor de saber que su hija sufrió sola, cuando podría haber sido salvada”, expresó Jessica Allen en un comunicado emitido tras el acuerdo.

El condado, junto con dos funcionarios de prisiones y proveedores de atención médica, fue demandado. Finalmente, en abril de 2025, el caso fue resuelto: el Fondo de Reserva de Seguros de Dakota del Norte pagará $2 millones a la familia. Pero, ¿es esto justicia?

¿Qué pasó con los responsables?

Los dos funcionarios fueron procesados por el delito menor de "rehusarse a cumplir con su deber público". Lo más sorprendente del caso es el uso de las denominadas “Alford pleas”, mediante las cuales los acusados mantienen su inocencia al tiempo que reconocen que existe suficiente evidencia para condenarlos.

Su sentencia: libertad condicional no supervisada y el pago de tasas judiciales. Pero ni siquiera eso fue permanente. Tras cumplir con las condiciones, sus declaraciones de culpabilidad fueron retiradas, sus casos desestimados y sus expedientes sellados. En términos simples: no hay rastro oficial de que alguna vez enfrentaran cargos por la muerte de Lacey.

Una tragedia repetida

El caso de Lacey Higdem no es una anomalía en el sistema carcelario estadounidense. En 2022, el Bureau of Justice Statistics reportó que hubo más de 1,200 muertes en cárceles locales en EE. UU., muchas de ellas por sobredosis o suicidios. Dakota del Norte ha tenido otras muertes en custodia en años recientes, lo que evidencia una preocupante falta de protocolos eficaces para gestionar emergencias médicas en centros de detención.

Además, estudios como el realizado por la American Public Health Association refieren que las cárceles de condado tienden a carecer de personal médico suficiente, y muchos centros tienen protocolos inadecuados para identificar riesgos médicos o mentales al ingreso.

Un acuerdo que no resuelve el problema

El acuerdo económico que recibió la familia de Lacey es una admisión tácita del error, pero no resuelve el problema de fondo. Las condiciones estructurales que permitieron su muerte siguen presentes en muchos centros de detención.

La confidencialidad de la resolución con el hospital impide saber qué medidas se tomaron para corregir su proceder. Y los funcionarios directamente responsables de no actuar ante una emergencia médica evidente no tienen antecedentes legales ni enfrentan consecuencias profesionales serias.

¿Quién debe responder?

El caso de Lacey obliga a repensar la cadena de responsabilidad. ¿Es culpa del hospital por darla de alta? ¿De los agentes por ignorar síntomas claros de crisis médica? ¿Del sistema carcelario que prioriza la contención sobre la atención? ¿De un estado que no establece suficiente supervisión sobre instituciones de encierro locales?

Respuestas hay muchas; acción concreta, poca.

¿Qué podemos hacer?

Organizaciones de derechos humanos como ACLU han pedido durante años reformas al sistema de justicia penal estadounidense, incluyendo:

• Capacitación obligatoria en salud mental y reconocimiento de síntomas de sobredosis para todo el personal carcelario.
• Obligación de evaluación médica exhaustiva al ingreso de toda persona detenida.
• Transparencia plena en muertes bajo custodia, incluyendo publicación detallada de reportes autópsicos y de eventos previos.
• Sanciones legales con precedentes duraderos para funcionarios negligentes.

Pero también está el papel de la sociedad civil. Casos como el de Lacey deben recordarse, hablarse, y convertirse en bandera para exigir cambios sistémicos tanto a nivel estatal como nacional.

Más allá del dinero: la dignidad

Jessica Allen no solo ha perdido a su hija; ha enfrentado un sistema que minimizó el dolor de esa pérdida mediante tecnicismos legales y acuerdos económicos. “Justicia” no solo es un pago, es responsabilidad, reconocimiento y sobre todo prevención para que nadie más tenga que pasar por lo mismo.

La historia de Lacey Higdem es un llamado urgente a rehumanizar los espacios de detención, a ver a cada persona detenida como alguien con derechos fundamentales, y a no permitir que la indiferencia vuelva a cubrir otra tragedia inevitable.