Las universidades en la mira: el giro ideológico de las políticas educativas en EE.UU.

La guerra cultural en Estados Unidos ha entrado de lleno en las aulas universitarias, y Harvard es el campo de batalla más reciente. La administración Trump amenaza con retirar miles de millones de dólares en fondos federales a la universidad más prestigiosa del país, mientras que legisladores en Georgia avanzan leyes para prohibir programas de diversidad en instituciones públicas. Esta tendencia nos obliga a analizar si estamos ante una cruzada ideológica disfrazada de política pública o un genuino esfuerzo por proteger ciertos valores constitucionales.

Harvard recibe una advertencia severa

En una carta incendiaria enviada a Harvard por tres agencias federales —la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos— el gobierno exige reformas inmediatas bajo la amenaza de suspender cerca de $9 mil millones en subvenciones y contratos.

El documento sostiene que Harvard ha "fallado fundamentalmente en proteger a estudiantes y profesores estadounidenses del antisemitismo" y exige medidas específicas que, además de buscar combatir el odio, parecen alinearse sospechosamente con puntos clave de la agenda conservadora:

• Prohibir el uso de máscaras durante las protestas, apuntando claramente a manifestantes pro-palestinos.
• Revisar departamentos académicos considerados como propagadores de antisemitismo, sin señalar ninguno en particular.
• Eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y adoptar políticas de admisión y contratación basadas solo en mérito.
• Reforzar el control del discurso en el campus mediante una revisión de las normas sobre protestas.

Estas demandas recuerdan el caso reciente de la Universidad de Columbia, que también se vio forzada a realizar cambios para evitar la suspensión de fondos federales bajo líneas similares.

La lucha contra el antisemitismo o una excusa política

El trasfondo de este conflicto fue la reacción de varias universidades —Harvard entre ellas— a las protestas estudiantiles que se desataron tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Manifestaciones pro-palestinas y acusaciones de antisemitismo han derivado en un control minucioso por parte del gobierno federal.

Sin embargo, diversas organizaciones y académicos denuncian que estas medidas tienen un tinte político disfrazado de preocupación por la seguridad o la justicia social. Segregar programas educativos que promueven la inclusión o exigir que las universidades abandonen políticas afirmativas podría poner en peligro décadas de progreso social en la educación superior.

La expansión del modelo Harvard: Georgia en el horizonte

Lejos de ser un caso aislado, la situación en Harvard parece ser el modelo a replicar para otros estados. La legislatura de Georgia, en su último día de sesión de 2025, considera una batería de proyectos radicales encaminados a transformar la educación pública y otros ámbitos.

Entre las propuestas destacadas:

• HB 127: Prohíbe cualquier programa o actividad que promueva la diversidad, equidad e inclusión en colegios y universidades públicas.
• HB 483: Criminaliza a bibliotecarios que faciliten materiales "sexualmente explícitos" a menores, según parámetros vagamente definidos.
• SB 21: Elimina protecciones legales y permite demandar a funcionarios que no cooperen con autoridades migratorias.
• HB 79: Beneficios fiscales para la compra de armas y cursos de seguridad.
• SB 1 y SB 185: Prohíben a las personas trans competir en deportes femeninos y buscan impedir la financiación estatal para atención médica de afirmación de género en prisiones.

Todo esto ocurre en paralelo con recortes de impuestos, beneficios a familias con niños pequeños y regulaciones muy específicas sobre cámaras de velocidad en zonas escolares, creando un escenario de reformas amplias pero profundamente polarizantes.

El fin de la inclusión como política de Estado

Los ataques a los programas de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) se han vuelto una constante en múltiples jurisdicciones estadounidenses. Grupos conservadores alegan que estos programas imponen una visión partidista del mundo, generan divisiones y discriminan a blancos, cristianos o conservadores bajo la bandera de la equidad.

Mientras tanto, expertos en educación y derechos civiles sostienen que estos programas han sido esenciales para reducir la desigualdad y promover ambientes de aprendizaje saludables. Desde oficinas para estudiantes LGBTQ+ hasta centros de apoyo para estudiantes negros o indígenas, estos espacios han ofrecido recursos fundamentales para muchas comunidades históricamente marginadas.

Eliminar estos programas como parte de una política educativa es visto por muchos no solo como regresivo, sino como un intento de borrar realidades incómodas del discurso académico.

Una estrategia electoral de fondo

Muchos analistas ven una clara motivación política detrás de estas medidas. Con la cercanía del ciclo electoral de 2024, los ataques contra universidades de élite, la promoción de armas, el énfasis en los valores cristianos tradicionales y la demonización de la inmigración sirven para movilizar a las bases conservadoras.

En este sentido, la educación se ha convertido en un campo de batalla ideológico, en el que se disputa no solo el control de las políticas públicas, sino la narrativa misma de qué significa ser estadounidense en el siglo XXI.

Además, tal y como ocurre con frecuencia, estas iniciativas se dirigen a universidades de tendencia progresista —Harvard, Columbia, Brown—, ignorando casos similares en universidades conservadoras o religiosas que no enfrentan el mismo nivel de escrutinio.

¿Un retorno a la “meritocracia” o una nueva forma de censura?

Modificar las políticas de admisión y contratación para orientarse exclusivamente a criterios de "mérito" suena razonable, pero plantea múltiples preguntas:

• ¿Cómo se define el "mérito" en sociedades tan desiguales?
• ¿Acaso estos criterios no privilegian a quienes ya cuentan con ventajas económicas y sociales?
• ¿Es esta supuesta objetividad una manera velada de mantener estructuras de poder tradicionales?

Para muchos, las políticas inclusivas no son lo contrario al mérito, sino una estrategia para nivelar el campo de juego. Ignorar factores como origen socioeconómico, raza, género o discapacidad en nombre de la "neutralidad" puede perpetuar desigualdades sistémicas bajo la ilusión de imparcialidad.

¿Y el antisemitismo?

El antisemitismo es real y muy grave, pero su combate no debe usarse como pretexto para eliminar libertades civiles o desmantelar estructuras destinadas a proteger minorías. Existen formas directas, eficaces y éticas para erradicar prejuicios antisemitas sin necesidad de convertir las universidades en herramientas de una agenda política.

Además, los ataques verbales o físicos no deben confundirse con críticas legítimas al gobierno de Israel. Un número creciente de académicos judeo-estadounidenses ha recordado que oponerse a ciertas políticas de Netanyahu no equivale a antisemitismo, y que identificar peligrosamente estas expresiones obstaculiza el debate libre y democrático.

La batalla continúa

El caso de Harvard y las leyes en Georgia representan una escalada en la batalla cultural estadounidense, donde se cuestionan principios que habían sido considerados firmes desde hace décadas. Mientras unos aplauden el "fin del adoctrinamiento progresista", otros temen un retroceso hacia políticas de exclusión, miedo y censura.

La historia demostrará si estas reformas fueron en verdad un intento por crear universidades más seguras, imparciales y académicamente rigurosas o, más bien, una arremetida ideológica que asfixió la riqueza intelectual y la diversidad de pensamiento que debería caracterizar a toda institución educativa.

Como bien dijo el juez de la Corte Suprema Louis Brandeis: "La luz del sol es el mejor desinfectante". Y si la educación no puede ser ese faro de transparencia, debate y humanismo, entonces estamos entrando en tiempos oscuros.