Recortes, colapsos y corrupción: el caos administrativo bajo el regreso de Trump

Con una serie de decisiones que recuerdan a sus posturas más polémicas de su primera administración, Donald Trump está reformando profundamente —y según muchos, desmantelando— varias de las instituciones clave del gobierno federal de Estados Unidos. Desde despidos masivos en el IRS, la eliminación de programas de preparación ante desastres naturales hasta escándalos de corrupción política, EE.UU. vive uno de los momentos administrativos más convulsos de las últimas décadas. En este artículo, realizamos un análisis completo del estado actual del gobierno federal en esta nueva etapa bajo fuerte influencia trumpista.

Despidos masivos en el IRS: ¿eficiencia o sabotaje institucional?

La noticia sobre el despido de hasta 20,000 empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS), lo que representa casi el 25% de su fuerza laboral, ha sacudido al aparato burocrático estadounidense. Los despidos comenzaron oficialmente el viernes pasado y, según fuentes internas, iniciaron con la Oficina de Derechos Civiles y Cumplimiento, la cual sería reducida en un 75%.

Según la justificación oficial, los despidos responden a una estrategia para simplificar procesos, eliminar redundancias burocráticas y hacer uso de “innovaciones tecnológicas”. Sin embargo, críticos argumentan que los recortes tienen un trasfondo político e ideológico, apuntando directamente a eliminar estructuras de diversidad, equidad e inclusión, valores promovidos durante la administración Biden.

Dato relevante: La Oficina de Derechos Civiles y Cumplimiento, antes conocida como Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión, cuenta con menos de 200 empleados. Estos trabajadores serán reubicados en la Oficina del Abogado Jefe del IRS.

El Departamento de ‘Eficiencia del Gobierno’ de Elon Musk

Uno de los aspectos más llamativos y controvertidos de esta reorganización es que muchas de las reformas han sido diseñadas bajo la dirección del multimillonario Elon Musk y su nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno, una entidad creada por la administración Trump. Esta oficina ha cerrado agencias completas, despedido a empleados en periodos de prueba sin protección legal, y promovido “programas de renuncia diferida” para incentivar la salida voluntaria.

Hasta ahora, unos 7,000 empleados en periodo de prueba ya fueron notificados de su despido. No obstante, un juez federal ordenó su reinstalación, lo que ha generado una batalla legal sobre los límites del poder ejecutivo en estos casos.

La eliminación del programa BRIC: preparando comunidades para el desastre… ¿o para el olvido?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció abruptamente la eliminación del programa Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), una iniciativa que otorgaba fondos para preparar a comunidades ante desastres naturales como incendios forestales, huracanes o inundaciones.

Lanzado durante la primera administración de Trump y ampliado considerablemente bajo Biden con fondos del Infrastructure Investment and Jobs Act (2021), el programa había entregado ya $133 millones a casi 450 ciudades en el país.

La administración actual calificó el programa como “ineficiente y politizado”. Corte tajante: no solo detienen nuevos fondos, sino que cancelan todas las solicitudes desde 2020 y exigen la devolución de fondos no distribuidos.

Impacto real: Municipios que planeaban elevar carreteras, mejorar alcantarillado o instalar reservas de agua contra sequías, ahora enfrentan incertidumbre con fondos cancelados.

Objetivo: el desmantelamiento de FEMA

Donald Trump no solo ha puesto fin a BRIC: está evaluando la desaparición total de FEMA. Ha encargado un consejo para estudiar si parte o toda la agencia debe ser eliminada, derivando los fondos directamente a los estados para que manejen las catástrofes desde los gobiernos locales.

Este enfoque federalista extremo saca chispas entre expertos en gestión de emergencias. La posibilidad de enfrentar huracanes y terremotos sin un sistema nacional coordinado ha generado gran preocupación en sectores de defensa civil y estrategia federal.

George Santos: corrupción sin límites en el corazón del Congreso

En paralelo, otro escándalo ha encendido las alarmas sobre la fragilidad del sistema político estadounidense. George Santos, excongresista republicano por Nueva York, enfrenta una solicitud fiscal de más de siete años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos de fraude e identidad falsa.

Según los documentos judiciales:

• Santos se inventó una biografía completamente falsa, con títulos académicos y trabajos que nunca tuvo.
• Robó identidades, incluso de miembros de su familia, para hacer donaciones falsas a su propia campaña.
• No devolvió ningún fondo y ha seguido monetizando su “infamia” a través de Cameo y documentales, ganando más de $800,000.

Fue apenas el sexto miembro en la historia en ser expulsado del Congreso, tras solo un año en funciones. Ahora enfrenta hasta 87 meses de cárcel, incluyendo dos obligatorios por robo de identidad agravado.

Además, dos miembros de su equipo admitieron su rol en el esquema. Uno de ellos, Sam Miele, fue sentenciado a un año de prisión en marzo por fraude electrónico. Otro, Nancy Marks, planeó reportes fraudulentos a reguladores y se enfrenta a sentencia en mayo.

¿Retroceso institucional planificado?

Lo que tienen en común estos tres casos —el IRS, FEMA y Santos— es la creciente percepción de que la desconfianza en las instituciones no solo está siendo aprovechada, sino activamente promovida por la actual administración.

Recortar drásticamente agencias clave como el IRS y FEMA en nombre de la eficiencia; eliminar programas dirigidos a la resiliencia climática y la diversidad; proteger y permitir que figuras como Santos medren dentro del sistema; todo parece formar parte de una estrategia general de “desinstitucionalización antielitista” promovida desde los círculos trumpistas.

Este movimiento tiene objetivos claros:

• Disminuir el poder y el tamaño del gobierno federal.
• Transferir competencias a los estados (especialmente los gobernados por republicanos).
• Eliminar estructuras con enfoque progresista (diversidad, medioambiente, derechos civiles).
• Convertir el caos político-administrativo en una demostración de poder ideológico.

¿Qué puede significar todo esto para 2024?

El efecto acumulativo de todo este caos puede ser un gobierno más débil, ciudadanos más desprotegidos ante desastres, y una democracia aún más vulnerable a la desinformación política y el populismo.

No se trata simplemente de decisiones administrativas: se trata de una guerra ideológica por el alma de la gestión pública en EE.UU.

En palabras del fiscal que pidió la condena de George Santos: “Su conducta representa una burla total a nuestro sistema democrático. Su avidez por el dinero y la fama compromete la integridad de nuestras instituciones.”

Hoy más que nunca, la eficiencia gubernamental no debe usarse como excusa para destruir las herramientas necesarias del estado para proteger a sus ciudadanos. Y la fiscalización de figuras públicas no debe ceder ante el cinismo o el espectáculo. La credibilidad de un gobierno, y por tanto de una nación entera, está en juego.