Trump, bosques y venenos en el aire: una jugada ambiental de alto riesgo

Por qué lo que respiras y los bosques que amamos podrían estar en peligro. Durante su nueva gestión, el expresidente Donald Trump ha iniciado un conjunto de acciones controversiales que, con justificaciones económicas, podrían dejar una enorme huella ecológica negativa en Estados Unidos. A menos de tres meses de renacer políticamente, ha abordado tres frentes clave: reducción de regulaciones antipolución, exenciones a gigantes de la industria petroquímica y expansión de la tala comercial bajo un estado de "emergencia ambiental". En este artículo, analizamos la tormenta perfecta que amenaza con retrocesos de décadas en política ambiental.

Retroceso 1: Un canal directo para evadir la Ley de Aire Limpio

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo la nueva conducción de Lee Zeldin, abrió una vía insólita para que industrias reguladas soliciten exenciones presidenciales a normativas vigentes. Este buzón electrónico ha sido apodado por ONG como la "ventanilla contaminante" (polluters’ portal), ya que permite a empresas químicas y petroquímicas evitar límites en la emisión de sustancias tan peligrosas como arsénico, mercurio y benceno.

La American Chemistry Council y la American Fuel & Petrochemical Manufacturers, grupos que representan a megaempresas como ExxonMobil, Chevron y Dow Chemical, han solicitado exenciones masivas. Al respecto, la organización Environmental Defense Fund (EDF) denunció que esto representa un "cheque en blanco" para contaminar sin consecuencias, afectando la salud especialmente de niños y madres embarazadas. El mercurio, por ejemplo, es una neurotoxina asociada with daños cerebrales y defectos congénitos.

“Es una puerta trasera que ha abierto la EPA para cientos de compañías sin consideración por las comunidades cercanas,” dijo Vickie Patton, asesora legal de EDF.

Trump y la guerra arancelaria: ¿protección industrial o juego con fuego?

Como si se tratara de una jugada magistral dirigida al público interno, Trump también anunció nuevas tarifas arancelarias a importaciones de casi todos los socios comerciales de EE.UU., incluyendo un tarifazo del 34% contra productos chinos. Esto ha generado una dura respuesta de China, que impuso medidas similares contra productos estadounidenses y activó restricciones sobre la exportación de tierras raras, materiales cruciales para tecnología y vehículos eléctricos.

Los expertos económicos advierten que esta guerra comercial no solo eleva los precios al consumidor, sino que también podría provocar despidos masivos y desaceleración económica global. Tras los anuncios, el índice S&P 500 cayó un 5.7% y el Dow Jones más de 2,000 puntos, en la jornada bursátil más caótica desde la pandemia en 2020.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, alertó que estas tarifas son “significativamente mayores a lo esperado” y “probablemente causarán inflación”.

Retroceso 2: Desmonte sin audiencias ni objeciones

Como si esto fuera poco, la administración Trump emitió una designación de emergencia para más de 450,000 kilómetros cuadrados de bosques nacionales, eliminando requisitos de revisión ambiental y objeción pública. Es decir, abrirían la puerta a que se tale sin participación ciudadana ni estudios completos de impacto.

Esta área, mayor que el estado de California, ha sido colocada bajo un estado de crisis forestal, argumentando riesgos de incendios, plagas y especies invasoras. En apariencia, parece una medida lógica. Sin embargo, ambientalistas como Josh Hicks de la societat The Wilderness Society sostienen que en realidad se trata de un mecanismo para beneficiar a la industria maderera.

“No están intentando resolver la crisis de incendios, están intentando enriquecer a las corporaciones usando nuestros bosques públicos,” afirmó Hicks.

La industria maderera celebra, pero ¿a qué costo?

El sector forestal argumenta que necesita más árboles maduros para abastecer a los aserraderos. Actualmente solo se tala la mitad de lo que permiten los planes federales (alrededor de 3 mil millones de pies tablares vs. un potencial de 6 mil millones). Travis Joseph, del American Forest Resource Council, aseguró:

“Solo queremos que los planes existentes se implementen a cabalidad. Eso creará empleos y generará ingresos.”

Sin embargo, estudios históricos muestran que las ventas de madera alcanzaron su pico en los años 80 con 12 mil millones de pies tablares, en plena era del tala a tajo abierto. Luego de protestas sociales y demandas judiciales, muchas zonas fueron protegidas por ley en los 90. Bajo Trump, se teme que esos logros ambientales puedan revertirse.

¿Es todo por seguridad nacional?

Un aspecto poco mencionado pero central en esta política emergente es el discurso de seguridad nacional. Trump ha argumentado que importar madera y otros materiales pone en riesgo al país, por lo que ha ordenado investigar subsidios de Canadá y otras naciones que supuestamente distorsionan el mercado.

Este discurso, similar al adoptado para justificar tarifas, hace eco en sectores extremos del Congreso, y ha sido utilizado también para justificar recortes del 65% en el presupuesto de la EPA y la desaparición de su oficina científica.

Reacciones: la sociedad civil se organiza

Ante tanto embate, diversas organizaciones han comenzado a articular resistencias judiciales. El EDF presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para conocer el nombre de todas las empresas que han solicitado exenciones. Si la EPA se niega a revelarlos, prometen llevar el caso a tribunales para forzar transparencia.

“No existe ninguna base —ni legal ni moral— para dar luz verde a una exención absoluta como esta,” concluyó Patton de la EDF.

¿Qué está en juego?

• Salud pública: con aumentos de contaminantes como benceno y mercurio, enfermedades como cáncer, asma y malformaciones congénitas podrían aumentar.
• Cambio climático: eliminar restricciones a emisiones industriales y fomentar tala masiva lanzan a EE.UU. en sentido contrario a los acuerdos ambientales internacionales.
• Transparencia democrática: recortar mecanismos de participación ciudadana en proyectos forestales implica menos control social e institucional.

¿Qué sigue?

Donald Trump ha dejado claro que su segundo mandato priorizará el crecimiento industrial sin los “obstáculos” de la regulación ambiental. Esto, sumado a una guerra comercial incierta e inversiones masivas en infraestructura fósil, dibujan un nuevo panorama preocupante.

Ya no se trata solo de política medioambiental, sino de definir qué tipo de país quiere ser Estados Unidos. ¿Uno que protege su aire y sus bosques? ¿O uno que escribe cheques ecológicos en blanco bajo la bandera del crecimiento?