La jueza que desafió a ICE: ¿heroína judicial o cruzó la línea?

La jueza Hannah Dugan, del Tribunal del Condado de Milwaukee en Wisconsin, ha sido suspendida de sus funciones luego de enfrentarse a agentes federales de inmigración mientras intentaban detener a un inmigrante indocumentado. El caso, inquietante, fascinante y profundamente político, ha puesto el foco sobre la tensa relación entre el poder judicial y los organismos federales migratorios. ¿Fue un acto de humanidad y resistencia? ¿O un abuso judicial del debido proceso?

Un episodio sin precedentes en la historia judicial reciente

El detonante ocurrió el viernes 26 de abril cuando, según documentos judiciales y un informe del FBI, la jueza Dugan ayudó a un hombre y a su abogado a evadir a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban en el edificio del tribunal para arrestarlo. De acuerdo con la acusación federal, la jueza supo de la presencia de los agentes a través de su asistente, quien fue advertido por un abogado defensor. Visiblemente molesta, la jueza supuestamente abandonó el tribunal, regresó para escoltar al hombre —identificado como Eduardo Flores-Ruiz— y a su abogado por una salida trasera restringida.

Este acto, según el gobierno federal, constituye una interferencia directa con una operación legal. Se le imputan dos delitos: ocultar a un individuo para evitar su arresto y obstruir un procedimiento oficial. Ambos delitos federales podrían acarrearle penas significativas.

Una suspensión poco habitual

En una resolución de apenas dos páginas, la Corte Suprema de Wisconsin —controlada por una mayoría liberal 4-3— decidió suspenderla preventivamente hasta que se resuelvan los cargos. La resolución subraya que la intención es proteger la confianza pública en el sistema judicial, recalcando que la acción fue tomada sin que nadie la solicitara, señal clara de la gravedad del asunto.

Una reacción en cadena: protestas, abogados de renombre y mensajes políticos

La respuesta fue inmediata. El sábado 27 de abril, manifestantes se congregaron fuera de las oficinas del FBI en Milwaukee para expresar su apoyo a Dugan y denunciar lo que consideran una estrategia de intimidación judicial por parte del gobierno federal, particularmente relacionada con las políticas migratorias impulsadas en la era Trump y continuadas bajo otras formas durante la administración Biden.

En un inesperado giro político-legal, la jueza ahora cuenta con la representación del prominente abogado conservador Paul Clement, así como del exfiscal nombrado por el presidente George W. Bush, Steve Biskupic. Ambos unirán fuerzas con Craig Mastantuono, su abogado principal.

¿Quién es Hannah Dugan?

Hannah Dugan no es una figura marginal en el sistema judicial. Reconocida por su enfoque progresista y comprometido con los derechos civiles, Dugan ha sido una voz influyente en temas de justicia social. Fue nombrada jueza en 2016 y su historial incluye participación activa en casos que involucran justicia juvenil y asistencia legal a comunidades vulnerables.

Precisamente esa vocación por el servicio público es lo que, para muchos de sus simpatizantes, motivó su actuación para con Flores-Ruiz. Para sus críticos, no obstante, se confirma un enfoque demasiado personalista e ideologizado del rol judicial.

Un contexto de política migratoria polarizante

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016, la política migratoria de EE.UU. ha vivido un giro radical. De redadas masivas a la separación de familias, el país ha visto tensiones crecientes entre jurisdicciones locales y federales, especialmente en ciudades santuario.

Casos como este recrean el eterno dilema estadounidense: ¿hasta qué punto debe un estado federado —o un juez— cooperar con las acciones de una agencia federal cuando éstas parecen contradecir principios éticos o legales locales?

¿Un acto judicial o activismo de toga?

La pregunta en el centro de este debate no es sólo legal, sino filosófica. ¿Pueden los jueces, como guardianes del debido proceso, actuar guiados más por su conciencia que por la estricta letra de la ley cuando ven una posible injusticia? ¿Dónde está el límite entre interpretación judicial válida y obstrucción ilegal?

Según el FBI, Dugan llamó “absurdo” a lo que estaba ocurriendo en el tribunal, una expresión que evidencia un rechazo profundo y emocional al operativo de ICE. En otro punto del documento, se afirma que la jueza y un colega se presentaron ante los agentes “visiblemente indignados”.

Por otro lado, usar la puerta de jurado —normalmente restringida para personal judicial y detenidos bajo custodia— para sacar a un acusado no detenido plantea interrogantes administrativos y de ética profesional.

Flores-Ruiz: ¿víctima o pretexto?

Eduardo Flores-Ruiz, el hombre implicado, fue finalmente detenido tras una breve persecución a pie. Poco se sabe de su estatus migratorio más allá del hecho de que ICE tenía una orden de arresto civil. No se ha presentado evidencia de que tuviera una orden penal en su contra o antecedentes criminales significativos. Se desconoce también si su situación lo hacía candidato a alguna forma de alivio migratorio como el asilo o la cancelación de deportación.

Esto ha permitido que tanto críticos como partidarios de Dugan proyecten sus propias narrativas sobre el caso, reforzando aún más la carga simbólica del mismo.

El tono de un país dividido

La cuestión migratoria, en el año previo a elecciones presidenciales, está más caliente que nunca. Estados como Florida, Texas y Carolina del Norte han tomado decisiones legales draconianas respecto a los inmigrantes. En contraste, ciudades como San Francisco, Nueva York y Milwaukee han reafirmado su papel como refugios.

“No se trata solo de una persona, sino de la independencia del poder judicial frente a agencias como ICE”, declaró Julia Martínez, activista local del grupo proinmigrante Voces de la Frontera. “Si los jueces tienen miedo de actuar por temor a ser arrestados, entonces la justicia deja de ser libre y se convierte en una extensión del poder ejecutivo.”

La batalla jurídica por venir

Dugan ha sido suspendida y será reemplazada por un juez de reserva durante un periodo indefinido. Su primera comparecencia formal ante el tribunal está programada para el 15 de mayo. La comunidad judicial de Wisconsin —así como a nivel nacional— observa con atención lo que podría ser un caso definitorio sobre la separación de poderes y la naturaleza de la autoridad judicial en contextos políticamente explosivos.

Este caso, aunque circunscrito a un tribunal estatal y una operación migratoria concreta, plantea preguntas de largo alcance: ¿Puede un juez ser defensor activo de los derechos humanos enfrentando al aparato del Estado? ¿Cómo se protege la imparcialidad judicial cuando se cruzan temas como la raza, la ley migratoria, la policía y los derechos civiles?

¿Y ahora qué?

Sea cual sea el desenlace, la huella del caso Dugan perdurará. Si es absuelta, podría emerger como símbolo de coraje judicial en tiempos de incertidumbre. Si es condenada, el mensaje será claro: los jueces también deben obedecer las estructuras de poder federal, incluso cuando éstas contradigan ideales de justicia.

Pero, más allá del veredicto, queda algo indiscutible: la judicatura estadounidense ya no puede mantenerse al margen de las guerras culturales que atraviesan el país. Y en este nuevo tablero de ajedrez político-legal, cada movimiento cuenta.