Florida al frente de las deportaciones: una inmersión en la alianza estatal con las políticas migratorias de Trump

Florida se ha convertido en el epicentro de una agresiva cruzada por las deportaciones impulsada por Donald Trump, marcando un contraste significativo con muchas otras regiones del país que rehúsan colaborar con las autoridades de inmigración federales. Esta ofensiva, encabezada por el gobernador Ron DeSantis, ha puesto a más de 500 agencias policiales al servicio de los operativos migratorios, casi la mitad de ellas en Florida.

Una red de cooperación en expansión

A finales de 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contaba con 135 acuerdos con entidades locales, dispersos en 21 estados. Pero bajo el nuevo empuje de la administración Trump, esa cifra se disparó a 506 acuerdos en 38 estados, con otros 74 aún en espera de aprobación. De esas agencias, absolutamente todas las jurisdicciones del estado de Florida —67 condados— están inscritas.

Entre las instituciones participantes figuran entidades que no parecen tener ninguna lógica función en temas migratorios, como la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida o incluso los Servicios de Lotería del estado. Esta colaboración ha sido facilitada a través de modelos tácticos llamados "task force" que permiten arrestos proactivos en comunidades, más allá del tradicional modelo carcelario en que ICE actúa solo cuando la persona ingresó a prisión.

Operación “Tidal Wave” y el protagonismo floridano

La más reciente campaña federal, denominada "Tidal Wave", se desplegó con fuerza en Jacksonville, Orlando, Tallahassee, Broward y Miami-Dade. Participaron cerca de 80 patrulleros estatales de la Florida Highway Patrol. En menos de una semana, las autoridades aseguran haber arrestado a unas 800 personas migrantes.

Según Bill Smith, presidente del sindicato policial de la Patrulla de Carreteras de Florida, muchos de los detenidos estaban sujetos a órdenes finales de deportación o tenían antecedentes como conducir sin licencia. Sin embargo, defensores de inmigrantes afirman que también arrestaron a personas con permisos de trabajo vigentes o solicitudes de asilo en trámite.

“¡Florida lidera la nación en cooperación activa con la administración Trump para la ejecución de leyes migratorias!”, escribió DeSantis tras los anuncios de ICE. La retórica celebratoria contrasta drásticamente con los relatos de familias destrozadas y comunidades atemorizadas.

La cara humana de la política: familias fracturadas

Jessica Ramírez, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, relató que la mayoría de los detenidos en esta operación eran hombres y, en algunos casos, ICE tocó las puertas de sus casas. Ramírez añadió: “La gente tiene miedo de salir, de manejar. Nuestro consejo es que conduzcan cuidadosamente y no den a la policía motivo para detenerlos.”

Una de esas personas es Chica, una mujer guatemalteca de 25 años, cuyo compañero Fernando, también guatemalteco y padre de su bebé de tres meses, fue arrestado el pasado viernes mientras iba camino a su trabajo en construcción. Fernando tenía permiso de trabajo y una solicitud de asilo pendiente, pero fue detenido por no portar licencia, al igual que sus compañeros de viaje.

“Cariño, nos atrapó la policía”, fue el último mensaje que Chica recibió. Desde entonces, no ha sabido nada de él y ahora considera volver a Guatemala. “Estoy muy preocupada. No puedo creer que lo hayan detenido”, dijo con voz quebrada.

¿Es legal esta colaboración?

Para muchos defensores de derechos civiles y constitucionalistas, los acuerdos entre ICE y cuerpos locales de policía representan un conflicto legal. Según la Constitución de los EE.UU., la aplicación de leyes migratorias está reservada al gobierno federal, lo que convierte la participación de agentes estatales o municipales en un terreno turbio.

Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora del grupo Sanctuary of the South, sostiene que “se están encontrando formas de aterrorizar comunidades. Los oficiales locales no están preparados para tratar con situaciones migratorias de manera justa.” Tanto ella como otros especialistas advierten que los policías estatales carecen de la formación legal e intercultural para realizar detenciones migratorias con garantías de derechos humanos.

Contexto político: DeSantis y la agenda trumpista

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia política de Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien ha hecho de la inmigración una de sus banderas políticas más visibles. Esto también lo posiciona como un aliado estratégico de Trump, ahora que el expresidente busca volver a la Casa Blanca, y necesita mostrar resultados tangibles en temas migratorios.

La racialización del discurso migratorio en Florida y la criminalización de los inmigrantes refuerzan narrativas populistas y de seguridad. No obstante, estas medidas generan amplias consecuencias para la cohesión social, la seguridad jurídica de comunidades migrantes y la economía local basada en mano de obra extranjera.

Texas, Georgia y Carolina del Norte siguen el camino

Florida no está sola en esta cruzada. Texas, bajo el liderazgo de Greg Abbott, ha firmado 76 acuerdos con ICE, incluyendo un pacto con la Guardia Nacional. Estas fuerzas no solo colaboran con ICE, sino que se les ha asignado el poder de arrestar personas en la frontera. Georgia y Carolina del Norte también se han sumado al modelo floridano.

Los operativos conjuntos no solo apuntan a personas con antecedentes penales graves, sino también a trabajadores del campo, empleados del sector construcción y madres solteras sin incidentes judiciales. Esto ha provocado un éxodo de trabajadores inmigrantes de estados como Florida a otros más seguros.

Criminalización sin matices

Muchos de los detenidos son acusados de faltas menores como conducir sin licencia o tener caducado el registro del vehículo, cargos que, hasta hace unos años, rara vez implicaban detención por parte de ICE. Ahora, bajo el modelo de “task force”, un simple control de tráfico puede acabar con una deportación.

Grady Judd, el alguacil del condado Polk, calificó la operación como “una gota en el océano” y expresó frustración con lo que percibe como incapacidad del sistema federal para hacer deportaciones masivas con mayor eficiencia.

La resistencia continúa

A pesar del entorno adverso, organizaciones como ACLU, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), y grupos locales en Florida, siguen promoviendo el concepto de “ciudades santuario” y organizando redes de apoyo legal y emocional. Las campañas informativas enseñan a comunidades cómo actuar ante una redada o una detención ilegal.

“Este no es el país que me prometieron”, dice Chica, con su bebé dormido sobre el pecho. Como ella, miles de personas migrantes se debaten hoy entre quedarse y resistir, o partir nuevamente, en busca de una tierra donde, al menos, no teman salir de casa cada mañana.

¿Un modelo a seguir o un peligroso precedente?

La experiencia de Florida plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la colaboración estatal en temas de inmigración. ¿Debe la policía local tener potestad para actuar como brazo extendido de ICE? ¿Es ético perseguir a personas por cuestiones migratorias con los mismos recursos asignados a combatir homicidios y crímenes violentos? ¿Qué tipo de sociedad emerge cuando la represión sustituye a la inclusión?

Uno de los mayores peligros no es solo la deportación en sí misma, sino la erosión del tejido de confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Diversas investigaciones han demostrado que los inmigrantes son menos propensos a reportar delitos o colaborar en investigaciones si temen ser deportados como resultado.

Con elecciones en el horizonte y nuevas órdenes ejecutivas en curso, la lucha por definir el rol de los estados en la política migratoria apenas comienza. Florida, en este contexto, es tanto laboratorio como advertencia para el resto del país.