Kilmar Abrego García y el caso que pone a prueba el estado de derecho en EE.UU.

Un error administrativo o un acto deliberado: ¿quién es Kilmar Abrego García?

El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 29 años, ha saltado a los titulares en todo Estados Unidos y América Latina. Su deportación errónea tras haber sido protegido por una orden judicial revela una compleja red de fricciones políticas, actos unilaterales del poder ejecutivo y acusaciones no comprobadas que siembran dudas sobre la legalidad de las acciones del gobierno del expresidente Donald Trump.

Abrego García vivía en Maryland desde hace 14 años. Cruzó la frontera con apenas 16 años, huyendo de la violencia de pandillas en El Salvador. Casado con una ciudadana estadounidense y padre de tres hijos, trabajaba en la construcción y no tenía antecedentes penales.

Sin embargo, su historia acabó por converger con las políticas migratorias más agresivas de la era Trump, y su caso se convirtió en un símbolo de cómo el poder ejecutivo puede resistir órdenes judiciales, incluso del Tribunal Supremo.

La etiqueta de MS-13: ¿evidencia o estigma?

Todo cambió en 2019 cuando ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) detuvo a Abrego García, alegando que era miembro de la pandilla MS-13. La única evidencia usada para sustentar tal acusación fue el testimonio de un informante anónimo y la vestimenta del joven: una sudadera de los Chicago Bulls y algunos tatuajes.

Pero, de acuerdo con documentos judiciales, Abrego García nunca fue acusado formalmente de estar afiliado con ninguna pandilla. Su defensa siempre ha mantenido que no pertenece a ninguna organización criminal y que se trató de una falsa identificación.

Un juez de inmigración incluso le concedió protección de la deportación por el alto riesgo que enfrentaba en su país de origen. Pero ese fallo fue ignorado por el gobierno de Trump en 2025, años después de que se emitiera la orden.

La deportación, el silencio oficial y la prisión en El Salvador

El 12 de marzo de 2025, agentes de ICE informaron a Abrego García que su estatus migratorio había cambiado y procedieron a deportarlo a El Salvador. Esto, a pesar de que el sistema judicial de EE. UU. mantenía vigente una medida para evitar claramente ese destino.

Abrego fue trasladado directamente a la CECOT, una prisión de máxima seguridad en El Salvador inaugurada por el presidente Nayib Bukele para encarcelar a miembros de pandillas. Su esposa y abogados aseguran que no ha tenido contacto con el exterior desde entonces.

El gobierno estadounidense finalmente admitió el 31 de marzo que su deportación fue producto de un error administrativo. Sin embargo, la administración Trump se aferra a una narrativa contradictoria: aceptan que fue deportado erróneamente, pero no quieren traerlo de vuelta.

"No conozco su paradero": alegatos del gobierno

Durante las semanas posteriores a la deportación, funcionarios como Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, comparecieron ante la jueza federal Paula Xinis sin poder ofrecer explicaciones claras ni medidas adoptadas para retornar a Abrego. Reuveni incluso fue suspendido después por sus declaraciones.

Mientras tanto, la propia Casa Blanca declaraba a través de su vocera que el gobierno desconocía el paradero de Abrego García. Pero el 12 de abril, Michael G. Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, confirmó oficialmente que el joven se encontraba detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Trump: entre el poder y la negación

La posición del expresidente Trump ha sido errática. En una entrevista con ABC News, afirmó que podía llamar al presidente Bukele para que lo regresaran “si quisiera”. Pero acto seguido se desmarcó diciendo que “sólo seguía la ley”.

Stephen Miller, asesor de Trump, fue más claro: “Abrego García fue expulsado bajo una orden válida. Tenía vínculos con una organización terrorista.” La administración clasificó a la MS-13 como organización terrorista extranjera, intención que luego utilizó para justificar que Abrego no tenía derecho a protección judicial.

La respuesta judicial: "Impactante" desobediencia

El 17 de abril, un tribunal federal de apelación denunció la actitud del Ejecutivo como “impactante” y pidió recordar “que el estado de derecho es parte del ethos estadounidense”. La jueza Xinis, por su parte, emitió múltiples órdenes para que se informe con pruebas sobre los esfuerzos realizados para traer de regreso a Abrego.

El Tribunal Supremo ya había emitido el 10 de abril una orden para que el gobierno trabajara activamente en ello. Aun así, el Ejecutivo ha pospuesto, apelado o ignorado las solicitudes judiciales, generando una crisis institucional que podría tener consecuencias históricas.

¿Qué dice la ley?

• Según el caso precedentario Zadvydas v. Davis, ciudadanos extranjeros no pueden ser detenidos indefinidamente si no hay perspectivas razonables de deportación.
• Los jueces también tienen facultades para ordenar acciones concretas cuando se violan derechos fundamentales, como en este caso, una orden explícita de no enviar a Abrego a El Salvador.
• La actuación ejecutiva, al contradecir una orden judicial, podría constituir una violación a la separación de poderes.

La política migratoria como guerra cultural

Este caso no ocurre en el vacío. Coincide con otros frentes abiertos por el gobierno de Trump, como la promoción de leyes estatales que dificultan la participación de atletas transgénero, como ocurrió en Maine con la censura de la representante Laurel Libby. Ambos casos despiertan un mismo análisis: el uso de las instituciones para imponer una visión ideológica.

¿Por qué importa este caso?

Más allá del destino de Abrego García, el caso plantea preguntas fundamentales para la democracia estadounidense:

• ¿Puede el presidente ignorar órdenes judiciales?
• ¿Se puede etiquetar a alguien como terrorista sin pruebas judiciales?
• ¿Quién protege a los inmigrantes cuando el sistema que los protege falla?

¿Y ahora qué?

Abrego García sigue detenido en El Salvador, sin acceso a abogados ni contacto con su familia. Su esposa, a través de sus representantes, continúa exigiendo su repatriación según las leyes vigentes de Estados Unidos.

Mientras tanto, la comunidad jurídica y defensores de derechos humanos observan con atención un proceso que podría definir no solo la vida de un hombre, sino el alcance real de la justicia en Estados Unidos.

Como escribió el juez Wilkinson en su dictamen: “Este caso representa una oportunidad única para reivindicar el estado de derecho. Esperamos que no sea ingenuo pensar que aún nos queda lo mejor por mostrar.”