¿Eliminar la historia?: La cruzada de Trump contra las instituciones culturales de EE.UU.

Un nuevo frente en la guerra cultural de Trump: la cultura misma

En medio de su regreso político y su intento por consolidar una visión más alineada con el nacionalismo conservador, Donald Trump ha iniciado una ofensiva que va más allá de la política tradicional: busca redefinir el relato histórico, el acceso a la cultura y la producción informativa estadounidense. ¿Su blanco más reciente? Las instituciones públicas que, acorde a su visión, han sido “capturadas por agendas radicales despiertas”, como afirmó al anunciar una serie de medidas sin precedentes. Una de esas medidas incluye una orden ejecutiva drástica: suspender toda financiación pública a la Corporation for Public Broadcasting (CPB), encargada de canalizar fondos a PBS y NPR, los dos medios públicos más importantes de Estados Unidos. En paralelo, Trump también ha ordenado una “revisión ideológica” del Smithsonian Institution, específicamente del National Museum of African American History and Culture, desatando polémica por posible censura y reescritura histórica. Esta intervención ha generado alarma entre educadores, académicos, periodistas y líderes del movimiento por los derechos civiles. En este artículo, proponemos un análisis profundo de esta arremetida cultural del trumpismo, lo que está en juego en términos democráticos y cómo la historia misma se convierte en campo de batalla político.

PBS y NPR: ¿un problema de ideología o control autoritario sobre los medios?

Con un presupuesto que ronda los $465 millones anuales, la CPB proporciona casi la totalidad del financiamiento a miles de estaciones locales de PBS (televisión) y NPR (radio). Estos fondos permiten, entre otras cosas:

• Distribuir servicios educativos gratuitos a más de 100 millones de personas cada mes.
• Producir contenido infantil como Sesame Street, Arthur o Mister Rogers’ Neighborhood.
• Contrarrestar la desinformación con periodismo detallado y contrastado.
• Dar voz a minorías regionales, culturales y políticas en más de 450 estaciones locales.

Al justificar los recortes, Trump calificó a estas instituciones como “instrumentos de propaganda radical”. En redes sociales, su equipo argumentó: “Los contribuyentes no deberían financiar medios que diseminan ideologías destructivas disfrazadas de noticias.” Desde que asumió el poder por segunda vez, Trump ha atacado varios pilares del sistema cultural público: museos, archivos, universidades y ahora los medios públicos. En palabras de Paula Kerger, presidenta de PBS:

“El trabajo de PBS es posible gracias al apoyo bipartidista del Congreso. Nuestro servicio prepara a millones de niños para el éxito escolar y genera programación enriquecedora de la más alta calidad.”

Para Kerger y otros defensores de los medios públicos, esta ofensiva no sólo atenta contra la libertad de prensa, sino que busca erosionar espacios de pensamiento crítico y diverso.

Una tendencia global: gobiernos autoritarios contra medios públicos

Lo que sucede en EE.UU. no es un fenómeno aislado. Hay una tendencia internacional preocupante sobre líderes populistas y autoritarios intentando dominar o desmantelar medios públicos:

• En Hungría, Viktor Orbán convirtió los medios públicos en portavoces del partido de gobierno.
• En Brasil, Jair Bolsonaro paralizó la EBC (Empresa Brasil de Comunicación) y despidió periodistas que no cumplían su narrativa.
• En Polonia, el partido Ley y Justicia transformó la televisión pública en un instrumento de propaganda oficial.

Estados Unidos, que históricamente ha promovido la libertad de prensa en contextos autoritarios mediante organismos como Voice of America y Radio Free Europe, camina ahora irónicamente por sendas similares de censura y control bajo la administración Trump.

El Smithsonian, ¿el próximo objetivo simbólico?

La orden ejecutiva firmada recientemente (27 de marzo), titulada “Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense”, catalizó temores sobre la posible censura de museos. Señala específicamente que el Smithsonian “ha promovido narrativas que presentan los valores estadounidenses como dañinos y opresivos”. El caso más tenso gira en torno al National Museum of African American History and Culture, inaugurado en 2016 con más de 40.000 objetos que documentan siglos de historia afroamericana. Algunos de estos artículos están siendo revisados para posible devolución a sus prestadores. Uno de ellos, el reverendo Amos C. Brown, recibió una notificación ambigua del museo alegando razones de “preservación por exposición lumínica”. No obstante, Brown, compañero de lucha de Martin Luther King, lo calificó de “excusa débil” señalando:

“Nunca había tenido problemas. Esto no va sobre conservación, sino sobre control.”

Más aún, la orden ejecutiva designa a figuras como JD Vance (vicepresidente) y Lindsey Halligan para “eliminar ideologías impropias” de las colecciones del Smithsonian.

Reacciones desde el Congreso y la sociedad civil

Legisladores como Hakeem Jeffries no han tardado en señalar el peligro de esta medida. En una carta dirigida al presidente de la Junta de Regentes del Smithsonian, el juez John Roberts, Jeffries alertó:

“La orden busca blanquear nuestra historia. Es cobarde y antipatriótica.”

Y fue más allá, evocando episodios oscuros de manipulación cultural:

“Esto recuerda a los esfuerzos totalitarios del siglo XX, como la Unión Soviética o la Alemania nazi.”

Ante la indignación, organizaciones como la NAACP, Black Voters Matter o el National Urban League lanzaron la campaña “Freedom to Learn” e invitaron a participar en una movilización el 3 de mayo en Washington.

Rubio: ¿funcionario funcional o peón institucional?

Estas decisiones ejecutivas están fuertemente asociadas a la consolidación de una nueva estructura de poder centrada en figuras leales a Trump. Una de ellas es Marco Rubio, actual secretario de Estado y desde abril designado asesor de seguridad nacional interino —uno de los puestos más demandantes del gabinete vivo— siguiendo el modelo de Henry Kissinger bajo Nixon y Ford. Rubio, antiguo rival de Trump, ahora representa un bastión de estabilidad en medio de una administración que algunos analistas califican ya como “un ministerio paralelo con líneas de mando verticalistas”. Bajo su mando, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue cerrada parcialmente y se eliminó personal clave en embajadas. Pero su dualidad política —defensor de políticas conservadoras y, a la vez, líder de diplomacia internacional— plantea una disyuntiva: ¿es el garante del control autocrático o el contenedor silencioso de los excesos de Trump?

La memoria histórica como campo de batalla político

Este escenario no es nuevo. En momentos históricos clave, los gobiernos han intentado manipular el relato del pasado para legitimar proyectos de futuro. La diferencia hoy radica en que las instituciones culturales y mediáticas en EE.UU. se enfrentan directamente a amenazas de desfinanciamiento, reestructuración ideológica y censura. El caso del museo afroamericano no es sólo un intento de alterar la narrativa negra en la historia estadounidense, sino un experimento de ensayo para futuras intervenciones: ¿Qué sigue después? ¿Los archivos nacionales? ¿Las bibliotecas públicas? ¿La educación pública?

“Si no aprendemos a vivir juntos...”

En una declaración al cierre de una jornada de protestas, el reverendo Amos Brown recordó palabras del Dr. Martin Luther King Jr.:

“Si no aprendemos a vivir juntos como hermanos y hermanas, pereceremos juntos como tontos.”

El intento por “purificar” la historia no es, como muchos temen, un llamado a la unidad, sino a la uniformidad. Y en esa diferencia radica la fragilidad actual de la democracia estadounidense. Mientras Trump avanza con su proyecto de amputar el sistema cultural del país, millones de ciudadanos —educadores, artistas, historiadores, periodistas y activistas— se organizan para defender la pluralidad cultural que siempre ha sido el pilar de lo que Thomas Jefferson llamó: “la gran República de la libertad.”