Corrupción al volante: escándalo de sobornos en licencias comerciales sacude a la policía estatal de Massachusetts

Una red de corrupción al descubierto

Un exsargento de la Policía Estatal de Massachusetts, Gary Cederquist, fue declarado culpable de participar en un esquema de sobornos en el que se emitieron licencias comerciales a personas no calificadas a cambio de favores personales como una nueva sopladora de nieve o la pavimentación de un camino de entrada. Este caso ha expuesto graves fallas éticas y operativas dentro de una institución encargada de velar por la seguridad de las carreteras.

Condenado por cerca de 50 cargos, incluidos conspiración para cometer extorsión y fraude postal, Cederquist forma parte de un grupo de tres policías y dos civiles acusados de aprobar ilegalmente a conductores comerciales entre 2019 y 2023, incluso tras haber reprobado las pruebas de habilidades requeridas para manejar vehículos pesados.

El código "golden": cómo se comunicaban las aprobaciones ilegales

Los acusados utilizaban un sencillo pero preocupante mecanismo para comunicar su corrupción: un mensaje de texto con la palabra clave golden. Este código informal indicaba que un conductor había sido aprobado a pesar de reprobar la prueba correspondiente. En algunos casos, los mismos policías se burlaban de lo mal que los aspirantes habían conducido, según consta en las pruebas presentadas por la fiscalía.

El fiscal federal del caso, Leah Foley, fue contundente en su declaración: “La codicia de Cederquist puso en peligro al público al emitir licencias comerciales a personas que jamás debieron estar al volante de un camión de carga.”

El peligro en las carreteras

La emisión fraudulenta de licencias comerciales tiene consecuencias potencialmente letales. Los operadores de vehículos pesados son responsables de toneladas de maquinaria en movimiento; su falta de preparación no solo representa un riesgo para ellos mismos, sino también para conductores, ciclistas y peatones.

Este escándalo revive el trágico caso de 2019, cuando Volodymyr Zhukovskyy, conductor de un camión, chocó contra un grupo de motociclistas en New Hampshire, matando a siete personas. Zhukovskyy nunca debió haber estado al volante: su licencia debía haber sido revocada debido a antecedentes por conducir en estado de ebriedad en Connecticut. Sin embargo, un fallo administrativo en Massachusetts le permitió conservar su permiso.

Según datos federales de 2022, el índice de aprobación real para las licencias comerciales en Massachusetts es del 41%, lo que indica altos estándares que fueron completamente ignorados por los implicados en el escándalo.

Un patrón de corrupción sistémica

La crisis actual no es un caso aislado. En años recientes, la Policía Estatal de Massachusetts se vio envuelta en otro escándalo: 46 policías, tanto retirados como activos, fueron implicados por cobrar horas extra no trabajadas entre 2015 y 2017 mientras trabajaban en el desaparecido destacamento Troop E, encargado de patrullar la autopista Massachusetts Turnpike. Emitían multas de tráfico ficticias para simular que estaban de servicio.

Este patrón sugiere una cultura institucional permisiva con la corrupción, particularmente cuando afecta a sectores relativamente menos visibles de la administración pública. Casos como estos erosionan la confianza del ciudadano común en las instituciones públicas, especialmente aquellas encargadas de su seguridad.

Las reformas como respuesta a la crisis

A raíz de estos y otros casos, la policía estatal ha implementado varias reformas estructurales para recuperar la integridad de su sistema de licencias:

• Todos los examinadores deben utilizar cámaras corporales durante las pruebas.
• Se realizan visitas no anunciadas por parte de supervisores para verificar el cumplimiento.
• Los lugares de formación ahora cuentan con examinadores en el sitio para mayor control.
• Se ha reestructurado el plan de estudios y el entrenamiento de los funcionarios encargados de las evaluaciones.

Estas medidas buscan prevenir futuras irregularidades, pero queda la interrogante: ¿son suficientes para erradicar una cultura corrupta arraigada en la institución?

Honestidad vs. corrupción: el dilema del servidor público

El caso de Cederquist no solo expone un delito, sino también un problema de valores. Funcionarios que deberían ser guardianes del orden, traicionaron a la sociedad que juraron proteger.

“Es un día lamentable cuando un agente de la ley es condenado por un crimen que compromete la seguridad pública,” expresó Foley. Y es que la corrupción en áreas clave de certificación, como la de conductores comerciales, es un sabotaje directo a la integridad del sistema.

El precio humano de la negligencia

Más allá de la indignación pública y los titulares escandalosos, hay un costo humano que no puede ser ignorado. Vidas están literalmente en juego cuando conductores no calificados operan vehículos de gran tamaño por autopistas concurridas.

En la tragedia de Zhukovskyy, siete motociclistas perdieron la vida. Sus familias, sus amigos, los sueños truncados, son las víctimas invisibles de una burocracia que falló, y de funcionarios que decidieron enriquecerse antes que cumplir con su deber.

¿Quién vigila a los vigilantes?

La frase “quién vigila a los vigilantes” cobra una dimensión escalofriante en este contexto. Cuando las fallas y la corrupción emanan del interior de la fuerza de seguridad, la respuesta institucional requiere más que castigos: necesita vigilancia ciudadana, reformas profundas y voluntad política.

Organismos de supervisión más independientes y sistemas de denuncia protegidos son cruciales para que los buenos elementos puedan hacer su trabajo sin amedrentamiento. Tal vez, la verdadera reforma empiece cuando se entienda que el poder sin control es una amenaza para todos.

Un mensaje para futuros corruptos

El veredicto contra Cederquist, según Elise Chawaga de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte, “envía un fuerte mensaje a quienes se dejan llevar por la codicia: serán enfrentados con todo el peso de la ley.”

Cuatro de los cinco acusados ya se han declarado culpables y esperan sentencia. Las acciones penales son un paso correcto, pero aún falta evaluar cuántas licencias ilegítimas están en circulación y qué medidas se tomarán con esos conductores.

La carretera por delante... sin atajos

Este escándalo debe servir de lección para toda la nación. Las instituciones que regulan sectores sensibles como el transporte deben estar blindadas contra la corrupción. La vida de miles de personas depende de la seriedad con la que se ejecutan tareas que a menudo parecen burocráticas, como un examen de conducción.

No existen atajos aceptables cuando se trata de seguridad pública. Un error, una coima, una simple aprobación fraudulenta puede terminar en tragedia. La verdadera justicia no se limita a castigar a los culpables, sino a evitar que el sistema vuelva a fallar.