El silenciamiento de la salud pública en EE.UU.: ¿ignorancia deliberada o negligencia estatal?

Una epidemia de ignorancia: los peligros de desmantelar la vigilancia sanitaria

En un país en el que más de 330 millones de personas confían en instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para evaluar riesgos y tomar decisiones informadas sobre su salud, la reciente ola de recortes presupuestarios y despidos masivos en estas agencias plantea una pregunta inquietante: ¿Estamos sacrificando nuestra capacidad de respuesta por una falsa ilusión de ahorro?

En los primeros 100 días de la administración Trump II, se han eliminado más de una docena de programas cruciales de recopilación de datos dirigidos por los CDC y otras agencias de salud. Este proceso ha sido impulsado por un discurso centrado en la eficiencia burocrática y la supuesta duplicación de tareas, pero los efectos inmediatos muestran una realidad diferente: una sociedad más vulnerable y menos informada.

¿En qué consisten los recortes?

Las reducciones de personal afectaron a áreas como:

• Seguimiento de embarazos y abortos
• Envenenamiento por plomo en niños
• Violencia sexual y doméstica
• Conductas de riesgo en jóvenes
• Enfermedades laborales
• Consumo de drogas y tabaquismo
• Salud ambiental (vínculos entre cáncer y factores ambientales)

Incluso el Centro para el Pronóstico y Análisis de Brotes, creado durante la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de predecir la evolución de enfermedades como el sarampión, ha sido desmantelado. Este centro estaba trabajando activamente en análisis sobre el brote multiestatal de sarampión de este año.

Datos que desaparecen: una amenaza silenciosa

Patrick Breysse, exdirector de los programas de salud ambiental de los CDC, lo resume de forma contundente: “Si no tienes personal, el programa simplemente desaparece.”

La información que antes recogían estos programas no solo era esencial para el diagnóstico puntual de crisis sanitarias, sino también para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Por ejemplo:

• El sistema de seguimiento de embarazos aportaba datos determinantes sobre la mortalidad materna.
• El rastreo del envenenamiento por plomo ayudaba a detectar brotes y prevenir consecuencias irreversibles en menores.
• La recopilación de datos sobre población transgénero permitió medir de manera precisa tasas de violencia y discriminación.

Cuando el Estado borra al ciudadano: un dilema ético

Eliminar estos programas no solo esconde los problemas sociales y sanitarios, sino que modifica el discurso dominante. Si no hay datos, no hay discusión. Si no hay discusión, tampoco hay responsabilidad.

Para Graham Mooney, historiador de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, esta estrategia refleja una intención clara: “Si impides que la gente se entere, es menos probable que les preocupe.”

Esto plantea dilemas fundamentales sobre el rol del Estado como garante del bienestar y la necesidad de transparencia institucional. La salud pública es un derecho, no un gasto superfluo que puede ser recortado sin consecuencias. Es una dimensión ética, social y política.

Datos públicos: la base de una sociedad informada

Los CDC no solo generan información; también impulsan campañas de prevención, educación sanitaria y vigilancia epidemiológica. Por ejemplo:

• Han sido fundamentales en la campaña contra el vapeo en adolescentes, identificando tendencias que otras encuestas no cubrían.
• Sus datos sobre lesiones laborales han salvado vidas en sectores como el minero y petrolero, donde la exposición a enfermedades como la neumoconiosis (conocida como “pulmón negro”) es común.
• El sistema de seguimiento de violencia por pareja o abuso sexual proporcionaba una visión estadística que superaba lo reportado por la policía.

Eliminar estos datos no significa que la violencia desapareció, sino que la posibilidad de visibilizarla queda amputada. No conocer su magnitud solo aumenta la impunidad.

Una visión a corto plazo con consecuencias duraderas

Según Richard Miech, director de la encuesta “Monitoring the Future” de la Universidad de Michigan, “cada estudio tiene un enfoque distinto. Hay cierta superposición, pero ningún programa suplanta completamente la función del otro.”

Eliminar el sistema nacional de uso de drogas y salud en jóvenes es ignorar que el 2023 cerró con una de las tasas más elevadas de muertes por opioides sintéticos en adolescentes en Estados Unidos. La ausencia de datos también impide medir las consecuencias del consumo de sedantes animales como la medetomidina, cuya aparición en el mercado ilegal preocupa a epidemiólogos.

¿Un nuevo ente “saludable”?

El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., propone que estos programas sean canalizados a través de una nueva entidad: la Administración para una América Saludable. Sin embargo, hasta la fecha, esta agencia no existe operativamente.

Kennedy argumenta que los recortes buscan “eliminar el despilfarro administrativo”, pero expertos como Thomas Simon (exdirector científico del CDC) discrepan: la eliminación de vigilancia sobre salud trans, violencia sexual o desórdenes laborales no es una cuestión de eficiencia, sino de agenda política.

Un contexto preocupante: salud y política en EE.UU.

La historia reciente muestra una tendencia del Gobierno de Trump a minimizar la exposición de problemas sanitarios. En 2020, durante la expansión del COVID-19, el expresidente llegó a declarar: “Hacemos más pruebas que nadie, por eso parecemos los que tenemos más casos. Es un arma de doble filo.”

La lógica aquí es clara: menos datos, menos diagnóstico; menos diagnóstico, menos percepción de emergencia.

Un daño que podría ser irreversible

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, los países con mayor inversión en salud pública son más resistentes a pandemias, enfermedades crónicas y crisis sanitarias.

Estados Unidos, que tradicionalmente lideraba estudios globales en temas como obesidad o tabaquismo, hoy se encuentra desmantelando la infraestructura de vigilancia que permitió esas contribuciones.

El temor ahora es que, al renunciar a medir problemas como el envenenamiento por plomo, el embarazo adolescente o la violencia de género, los desafíos de salud pública se acumulen en las sombras, invisibles para quienes toman decisiones, y devastadores para quienes los padecen.

Realidades paralelas: una nación sin espejo

Sin datos, un país no puede mirarse al espejo. ¿Cómo sabremos si los proyectos de salud mejoran las condiciones si no se mide la mortalidad, la morbilidad o el acceso a tratamientos?

La paradoja está servida: mientras el lema de la administración es “Hacer América saludable de nuevo”, las herramientas fundamentales para medir esa salud están siendo obradas, censuradas o simplemente eliminadas.