AfD vs Alemania: ¿Defender la democracia o atacar a la oposición?

Un conflicto que sacude la política alemana

En una Alemania marcada por el pasado y las tensiones del presente, la reciente decisión de los servicios de inteligencia internos de clasificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como una organización de extrema derecha ha generado un terremoto político y mediático de proporciones considerables. La AfD, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones federales de febrero de 2025, ha respondido con una demanda judicial contra la Oficina Federal para la Protección de la Constitución.

¿Un partido extremista o una fuerza legítima?

Fundada en 2013 como una reacción euroescéptica a las políticas económicas de la UE, la AfD ha evolucionado hacia una plataforma abiertamente antimigratoria y nacionalista, atrayendo principalmente a votantes del este del país. Su crecimiento ha sido meteórico: logró 13% de los votos en las elecciones de 2017, se posicionó como la principal fuerza de oposición en 2021 y alcanzó más del 20% del voto nacional en 2025, superando algunas expectativas previas.

Sin embargo, el precio de ese éxito ha sido el escrutinio. Tras un proceso de evaluación de varios años, la Oficina para la Protección de la Constitución decidió catalogar a la AfD como una organización "claramente contraria al orden democrático liberal". Esta clasificación no es menor: permite a las autoridades alemanas vigilar al partido con herramientas que incluyen grabaciones audiovisuales, infiltraciones y el uso de informantes.

Una decisión con respaldo legal... y político

La decisión del espionaje interno —equivalente al FBI dentro de Alemania— no fue improvisada. Se basó en una investigación que abarcó discursos partidarios, publicaciones en redes sociales y actividades de sus miembros. En palabras de Thomas Haldenwang, jefe del organismo:

“El partido muestra desprecio sistemático por la dignidad humana, especialmente mediante una agitación constante contra inmigrantes y refugiados”.

Esto posicionaba al partido en un colisionador frontal con los principios rectores de la Ley Fundamental alemana, producto de las dolorosas lecciones del nazismo.

AfD contraataca: "una persecución política"

La AfD no ha tardado en denunciar esta clasificación como una medida tiránica disfrazada de legalidad. Desde su cuartel general en Berlín, su líder Alice Weidel ha calificado el proceso como "un intento del Estado Profundo de sabotear a la verdadera oposición". Su portavoz, Daniel Tapp, anunció una movilización legal inmediata ante el Tribunal Administrativo de Colonia.

El argumento central de AfD es que la clasificación constituye una criminalización política y una práctica antidemocrática, destinada a destruir a un partido con un segmento creciente del apoyo popular. “Quieren despojarnos de legitimidad por medios administrativos”, declaró Weidel, en declaraciones reproducidas por Der Spiegel.

El respaldo internacional al AfD

AfD no lucha sola. Ha encontrado eco en figuras relevantes del escenario internacional, particularmente en políticos conservadores de Estados Unidos. Elon Musk, magnate de la tecnología, y el senador Marco Rubio han expresado abiertamente su descontento. Rubio escribió en X (antes Twitter):

“Esto es tiranía disfrazada. Criminalizar a la oposición pacífica y democrática no es el futuro de Europa que queremos ver.”

La cancillería alemana no tardó en responder contundentemente: “Esto es democracia en acción”, sentenció en una publicación en redes, subrayando que la decisión se sustenta en “una investigación rigurosa e independiente”.

Una democracia que no olvida su historia

El contexto histórico es crucial. Alemania, a diferencia de otros países occidentales, mantiene una actitud sumamente restrictiva ante todo discurso considerado peligroso para su democracia. Esa actitud hunde sus raíces en el periodo nazi (1933-1945), y por eso leyes como la prohibición del negacionismo del Holocausto o de símbolos nazis son comunes.

El sociólogo alemán Oliver Nachtwey argumenta que el caso AfD está empujando a las instituciones a “delimitaciones cada vez más finas entre libertad de expresión y discurso del odio”, una frontera que debe manejarse con mucho cuidado para evitar abusos sin permitir tampoco la inacción.

El contexto europeo: Auge de la ultraderecha

Este dilema alemán no es exclusivo. Desde Francia hasta Hungría, pasando por Italia, Suecia y los Países Bajos, los partidos de extrema derecha han ido ganando terreno mediante una combinación de euroscepticismo, crisis migratorias continuas, retórica anti-élite y estrategias comunicativas agresivas en redes.

• En Francia, Marine Le Pen quedó a las puertas del Elíseo en 2022.
• En Italia, Giorgia Meloni lidera con un partido de raíces neofascistas.
• En Suecia, los Demócratas Suecos se convirtieron en actores clave de gobierno.

Sin embargo, en Alemania el listón se mantiene más alto. Cualquier formación política es susceptible a ser vigilada o proscrita si se la considera un riesgo para el orden constitucional. Y en este punto entra el artículo 21 de la Ley Fundamental: los partidos que atenten contra el orden democrático pueden ser excluidos del financiamiento estatal o directamente disueltos.

¿Está la AfD realmente bajo amenaza?

¿Qué implica esta vigilancia? Hay que aclarar que ni la AfD ha sido ilegalizada, ni se le ha prohibido participar en elecciones. Tampoco se le ha impedido tener representación parlamentaria. Pero al estar oficialmente bajo régimen de observación, se ve afectada en varias áreas:

• Fichaje de afiliados: cualquier miembro activo puede ser vigilado legalmente.
• Control de financiamiento: movimientos grandes de dinero serán monitoreados en tiempo real.
• Reputación política: los demás partidos tienen pretexto institucional para bloquear cualquier coalición con la formación.

¿Una intervención legítima o una herramienta política?

El dilema es más filosófico que legal. ¿Hasta qué punto un Estado tiene derecho a intervenir contra actores que ganan poder democrático, pero cuestionan los fundamentos de ese mismo sistema? Para muchos alemanes, la respuesta es clara: la democracia que no se defiende a sí misma está condenada al fracaso.

Para otros, como el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, se trata de una intromisión autoritaria contra un partido legítimamente popular. En sus palabras:

“La AfD es, por lejos, el partido más representativo de la Alemania Oriental. Ahora los burócratas intentan destruirla.”

Un futuro político incierto

Friedrich Merz, líder del bloque conservador CDU/CSU, se prepara para asumir como nuevo canciller tras la salida de Olaf Scholz. Su posición respecto a la AfD ha oscilado desde la condena categórica hasta la ambigüedad estratégica. Con el Bundestag dividido y una opinión pública polarizada, la batalla entre el aparato del Estado y AfD apenas comienza.

Lo que es seguro es que el contexto político alemán entra en una etapa crítica: definir si se permite o se limita una alternativa que seduce a millones de votantes, pero que desafía los fundamentos de la democracia posnazi. Y en ese terreno, cada palabra, cada decisión judicial y cada voto importan más que nunca.

¿Puede sobrevivir la democracia a sus críticos internos?

La historia alemana nos enseña que la democracia no puede ser neutral frente a su negación. Por tanto, el reto no es solamente legal o electoral. Es ético. En tiempos de crisis, los sistemas abiertos han de mostrar no sólo tolerancia, sino musculatura institucional. Lo que está en juego no es solamente la suerte de un partido, sino la salud democrática de una de las sociedades más influyentes de Europa.