El declive del sindicato AFGE: ¿La voz de los trabajadores federales está siendo silenciada?

Una crisis sindical sin precedentes

La American Federation of Government Employees (AFGE), el sindicato más grande de empleados federales de Estados Unidos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Su presidente nacional, Everett Kelley, advirtió recientemente que la organización enfrenta una crisis financiera y estructural que podría comprometer su existencia misma.

¿La causa? Una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump que eliminó los derechos sindicales de más de 200,000 empleados de agencias del poder ejecutivo como el Departamento de Defensa y de Asuntos de Veteranos. Esta medida eliminó de golpe a casi dos tercios de la base de miembros con derecho a voto y contribuciones sindicatorias.

El impacto devastador del recorte

Con esta drástica reducción, la AFGE ha perdido más de la mitad de sus ingresos por cuotas sindicales. Esto ha resultado en un déficit presupuestario severo y una respuesta inmediata: el sindicato recortará a más de la mitad su planta laboral, pasando de 355 empleados a solo 151.

Según Kelley, esto será "devastador" para su capacidad de ofrecer servicios a los afiliados. En palabras del líder sindical:

“Los miembros se han unido a este sindicato porque esperan que les proporcionemos cierto nivel de servicios.”

La AFGE ya ha ofrecido jubilaciones anticipadas y paquetes de compensación para algunos trabajadores, pero los despidos son inminentes. Las unidades locales han sido advertidas: habrá menos asistencia legal y mayor demora en la atención a los afiliados.

La batalla legal y política

La AFGE y otros sindicatos afectados han optado por pelear esta orden en los tribunales, calificándola de anticonstitucional y retaliatoria. La orden, firmada en marzo, fue presentada como parte de un esfuerzo por "modernizar" el gobierno federal, pero en la práctica —según muchos— fue una represalia directa contra el sindicalismo.

Hasta ahora, el sindicato ha presentado nueve demandas en distintos tribunales, y según Kelley, “hemos vencido a Trump tanto en los tribunales como en la opinión pública”. Pero el daño ya está hecho, y revertirlo no será sencillo.

¿Un sindicato silenciado?

Desde la firma de la orden, muchas agencias dejaron de retener automáticamente las cuotas del sindicato a través de las nóminas de los afiliados. Esto ha obligado a la AFGE a impulsar una campaña urgente para recuperar el financiamiento directo.

Hasta ahora, 120,000 empleados federales han accedido a realizar los pagos directamente desde sus cuentas bancarias, pero aún es un número insuficiente en comparación con los 820,000 trabajadores que representa el sindicato.

Kelley no lo dice abiertamente, pero la implicación es clara: Trump no solo quiso reducir costos operativos o delegar funciones, sino callar una voz crítica del aparato federal. “Él quiere una AFGE en silencio”, declaró.

Un panorama desolador para el sindicalismo federal

En ciertos sectores del gobierno federal, los sindicatos son vistos como barreras regulatorias más que como facilitadores del orden institucional. Esta concepción ganó adeptos dentro de la administración Trump, que llegó a considerar que el sistema estaba plagado de ineficacias consentidas por los sindicatos.

Sin embargo, esa perspectiva pasó por alto lo esencial: los sindicatos como la AFGE sirven como contrapesos internos, garantes de derechos laborales y defensores del servicio civil. Su debilitamiento puede tener consecuencias directas en la calidad de los servicios públicos.

Los servicios en riesgo

• Asesoramiento legal en caso de despido injustificado
• Servicios de negociación colectiva en temas salariales y condiciones laborales
• Representación en procedimientos disciplinarios
• Formación y crecimiento profesional para empleados federales

La reducción de personal en la sede nacional implica un corte drástico en estos y otros servicios, dejando a los trabajadores más expuestos ante posibles abusos administrativos.

Un sindicato como termómetro político

La historia del sindicalismo en EE. UU. ha estado tradicionalmente ligada a los vaivenes políticos. El auge de los sindicatos se dio con el New Deal de Roosevelt, su declive comenzó tras la Ley Taft-Hartley en 1947, y vivieron un repunte en la era Kennedy-Johnson. Los sindicatos públicos como la AFGE vieron su mayor expansión entre las décadas de 1960 y 1980.

Con la llegada de Ronald Reagan y la famosa huelga de controladores aéreos en 1981, se instaló un precedente de política anti-sindical que ha perdurado en ciertos sectores republicanos.

Para muchos analistas, la intervención de Trump con esta orden ejecutiva fue la culminación de una desconfianza histórica hacia el sindicalismo federal.

¿Qué viene ahora para la AFGE?

Más allá del proceso judicial y de las campañas de afiliación directa, la AFGE necesitará redefinirse organizacional y estratégicamente. Las siguientes acciones podrían ser cruciales para su supervivencia:

• Diseñar nuevas vías de financiamiento mediante cuotas voluntarias más atractivas
• Unirse o formar coaliciones con otros sindicatos federales
• Impulsar una campaña educativa masiva para sensibilizar al público sobre los riesgos de un funcionariado sin representación sindical
• Renovar su estructura organizativa para adaptarse al nuevo panorama legal

¿Silencio o resistencia?

El dilema que enfrenta la American Federation of Government Employees es, en último término, la disyuntiva entre el silencio y la resistencia. Mientras los tribunales deciden, la realidad es que la capacidad del sindicato para responder a sus afiliados está limitada como nunca antes.

En una nación donde el discurso político agita continuamente el debate sobre el "tamaño del gobierno", el debilitamiento de instituciones sindicales no es una cuestión técnica, sino ideológica. Se trata de quién tiene voz —y poder— dentro de la gran maquinaria de Washington.

Por ahora, la AFGE continúa peleando en diversos frentes. Pero como dijo su presidente, la batalla más difícil quizá no sea contra una orden ejecutiva, sino contra el tiempo, la desinformación y el desinterés generalizado por la función pública.

“Los trabajadores federales no son burócratas anónimos. Son quienes procesan tus cheques del seguro social, defienden tus derechos como veterano y protegen nuestras fronteras. Si ellos pierden su voz, también la pierde la ciudadanía”.