El regreso de Alcatraz: ¿símbolo de justicia o cortina de humo penitenciaria?

Por más de 60 años, Alcatraz permaneció como un ícono del pasado carcelario estadounidense, una reliquia vinculada más al turismo y la cultura pop que a la administración penal contemporánea. Sin embargo, en el marco de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha propuesto resucitar este mito —literalmente— ordenando reconstruir y reabrir la penitenciaría como la pieza central de una nueva política de “ley, orden y justicia”.

La medida, cargada de simbolismo, llega en uno de los momentos más críticos para el sistema carcelario de Estados Unidos, plagado de deficiencias estructurales, escándalos de corrupción, hacinamiento, violencia e incluso muertes de internos. ¿Es Alcatraz la solución real o una distracción populista frente a un sistema penitenciario colapsado?

Una prisión mítica cargada de historia

Situada en una isla de 22 acres en la bahía de San Francisco, USP Alcatraz fue inaugurada como prisión federal en 1934. Durante sus cortos 29 años de uso albergó a algunos de los criminales más notorios de los Estados Unidos: Al Capone, George “Machine Gun” Kelly y Robert Stroud, el llamado “hombre pájaro de Alcatraz”.

Su leyenda creció por la dureza del régimen y la supuesta imposibilidad de escapar de ella. Sin embargo, el creciente costo de mantenimiento, junto a problemas logísticos de suministros y transporte, terminaron cerrando la instalación en 1963. Desde entonces, ha funcionado como atracción turística bajo la gestión del Servicio de Parques Nacionales, atrayendo más de un millón de visitantes al año.

¿Por qué reabrirla ahora?

El anuncio de Trump llegó por medio de su cuenta en Truth Social, donde escribió:

“Una Alcatraz sustancialmente ampliada y reconstruida albergará a los criminales más despiadados y violentos del país. Será un símbolo de Ley, Orden y JUSTICIA.”

El recién nombrado director de la Oficina Federal de Prisiones, William K. Marshall III, respaldó la medida y ordenó una “evaluación inmediata” para comenzar los pasos necesarios para su reapertura.

Una oficina en ruinas (literalmente)

El problema es que la propuesta de resucitar Alcatraz ocurre cuando el propio sistema penitenciario estadounidense atraviesa una crisis profunda:

• Más de 4,000 puestos vacantes en personal penitenciario.
• 11 muertes de internos desde mediados de marzo de 2024.
• Cierre permanente de seis campos penitenciarios y del FCI Dublin, California, por escándalos de abuso sexual.
• $3 mil millones en reparaciones pendientes por infraestructura insalubre y peligrosa.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP), con más de 30,000 empleados y un presupuesto anual de más de $8 mil millones, ha sido objeto de múltiples denuncias por:

• Contrabando interno de armas y drogas,
• Fugas de reclusos,
• Crisis sanitarias (COVID-19, tuberculosis),
• Corrupción y negligencia a nivel directivo.

De acuerdo con una investigación de la AP, en algunos establecimientos penitenciarios han muerto internos por falta de atención médica básica, mientras el personal se ve obligado a cumplir múltiples turnos —incluso personal administrativo o médicos siendo asignados para vigilar reclusos.

¿Renacer o cortina de humo?

Expertos en justicia criminal y derechos humanos ven con preocupación el anuncio. Según Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow, “medidas como esta apuntan más a reforzar la narrativa de la mano dura que a solucionar las causas profundas de la violencia o la reincidencia” (entrevista en Democracy Now, 2021).

“No se puede maquillar un sistema de justicia fallido construyendo castillos en islas.”, dijo Loyda Colón, del Justice Committee, una organización neoyorquina que trabaja sobre violencia policial y reforma carcelaria.

Implicaciones legales y logísticas

Actualmente, el terreno donde se asienta Alcatraz pertenece al Servicio de Parques Nacionales, como parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate. Para convertir nuevamente la isla en una prisión operativa, se requeriría no solo una profunda remodelación, sino también la transferencia de propiedad entre dos agencias federales —algo que podría convertirse en un enfrentamiento institucional.

El costo de rehacer Alcatraz para cumplir los estándares penitenciarios actuales se estima en más de $1.5 mil millones, sin contar los gastos logísticos de operación en una isla. Además, se necesitaría transporte constante para personal, suministros, atención médica y comunicaciones, haciéndola costosa y poco práctica en comparación con otras ubicaciones existentes.

El simbolismo político de Trump

Observadores políticos no han tardado en señalar que esta movida tiene más intención mediática que penal. Trump ha definido su segundo mandato por el regreso de políticas duras, no solo en inmigración, sino también en materia de castigo y orden público, basándose en el “law and order” que tanto impulsó en 2020.

En marzo de este año, Trump reanudó sus ataques al sistema de inmigración y emitió una orden ejecutiva para suspender el programa federal de refugiados aprobado por el Congreso. Sin embargo, esa decisión fue bloqueada por un juez federal, quien ordenó la admisión de más de 12,000 refugiados con viajes ya aprobados.

Este patrón de acción —desafíos judiciales, medidas simbólicas, narrativas de amenaza externa— parece intentar construir una percepción de fortaleza que no siempre se refleja en políticas sostenibles o coherentes.

¿Qué dice la historia reciente de las prisiones?

Desde 2019, Estados Unidos ha cerrado múltiples instalaciones por problemas de mantenimiento, abuso interno o fallas estructurales. Entre ellas:

• Metropolitan Correctional Center (Nueva York), clausurado tras el suicidio de Jeffrey Epstein en condiciones dudosas.
• FCI Dublin, cerrado luego de múltiples casos de abuso sexual por parte del personal.
• Brooklyn MDC, donde recientemente 23 internos fueron acusados por contrabando de armas y violencia entre reclusos.

Estos cierres no solo revelan la debilidad institucional de las cárceles estadounidenses, sino la falta de control interno, atención médica deficiente y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

¿Una Alcatraz para inmigrantes?

El plan de Trump también podría estar vinculado a sus políticas migratorias. La Oficina Federal de Prisiones ha ampliado su cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional para albergar detenidos migratorios. Algunos analistas advierten que una nueva Alcatraz podría convertirse en un centro de detención de inmigrantes indocumentados considerados de “alto riesgo”.

Organismos como Human Rights Watch y la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) han alzado la voz sobre el uso de prisiones federales para detener a personas sin condena judicial, cuestionando su legalidad y ética.

¿Fantasía punitiva o plan de acción?

Pese a la grandilocuencia del proyecto, no existe un plan presupuestado ni calendario definido para su ejecución. Todo indica que la reapertura de Alcatraz responde más a intereses simbólico-políticos que a medidas penitenciarias efectivas.

En palabras del senador Dick Durbin: “Gastarse miles de millones para abrir una prisión en una isla solo por el espectáculo político no resolverá la crisis humanitaria y administrativa en nuestras cárceles.”

En definitiva, la Alcatraz del siglo XXI no solo representa un regreso al pasado, sino también una oportunidad perdida para encarar una verdadera reforma penitenciaria basada en derechos humanos, eficiencia y rehabilitación.