La batalla por la democracia en Carolina del Norte: ¿voto legal o estrategia de anulación?

Carolina del Norte se encuentra en el centro de una tormenta electoral que no solo ha paralizado a su Suprema Corte, sino que ha originado un debate crucial sobre integridad electoral, derechos civiles y el futuro del voto en Estados Unidos.

Una elección suspendida en el tiempo

Más de 5,5 millones de personas votaron en la elección para un escaño en la Corte Suprema de Carolina del Norte durante las elecciones generales de noviembre de 2024. A pesar de esta masiva participación ciudadana, la contienda sigue sin resolverse hasta hace pocos días. El motivo: una disputa legal sobre la validez de miles de votos emitidos bajo leyes que, para algunos sectores, debían haber sido reinterpretadas después de la elección.

La decisión del juez federal que puede cambiarlo todo

El juez de distrito federal Richard Myers, nominado por el expresidente Donald Trump, dictaminó que los votos en disputa no pueden ser excluidos seis meses después de celebrada la elección. Hacerlo violaría los principios constitucionales de debido proceso y protección igualitaria bajo la ley. Por este motivo, ordenó certificar finalmente los resultados, los cuales dan la victoria a la demócrata Allison Riggs por apenas 734 votos frente al republicano Jefferson Griffin.

¿Juego limpio o cambio de reglas sobre la marcha?

Griffin impugnó la elección argumentando que ciertos votos eran ilegales y apeló a los tribunales para excluirlos. Basó su argumento, en parte, en el uso inadecuado de identificaciones de votantes en seis condados que tienden a favorecer al Partido Demócrata. La Corte de Apelaciones de Carolina del Norte falló inicialmente a su favor, solicitando la remoción de esos votos y otorgando 30 días a los votantes cuestionados para validar su identidad posterior al sufragio.

Riggs y los demandantes alegaron que esto era, esencialmente, un intento de cambiar las reglas después de haber contado los votos. Como afirmó Myers en su fallo de 68 páginas: "Estableces las reglas antes del juego. No las cambias cuando el juego ha terminado".

Un patrón peligroso para la democracia

Organizaciones de derechos civiles y el Partido Demócrata a nivel estatal consideran que este caso representa un intento orquestado de anular resultados electorales desfavorables mediante acciones judiciales selectivas. Advirtieron que podría convertirse en un modelo para que otros estados intenten revertir elecciones futuras con estrategias similares, debilitando la confianza ciudadana en la integridad del proceso electoral.

La preocupación no es infundada. Desde las elecciones presidenciales de 2020, Estados Unidos ha visto un aumento significativo en las impugnaciones legales de elecciones —especialmente por parte de candidatos republicanos— muchas de las cuales han sido rechazadas por falta de pruebas. Según un informe del Brennan Center for Justice, hasta 70 proyectos de ley destinados a restringir el voto fueron introducidos solo en 2021.

¿Qué está en juego en una elección judicial?

La elección de un juez en la Corte Suprema de un estado puede parecer algo técnico, pero tiene consecuencias trascendentales. En Carolina del Norte, este tribunal tiene la última palabra sobre temas como el aborto, la redistribución electoral, el medio ambiente y el acceso a servicios públicos. Controlarlo puede significar definir el rumbo legislativo y social de todo el estado.

Allison Riggs, abogada especializada en derechos civiles antes de entrar en la magistratura, señaló tras el fallo: “Hoy ganamos. Me siento orgullosa de seguir defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho en nuestra Corte Suprema”.

El lado republicano: defensa del voto legal

Desde la campaña de Griffin, insistieron en que el exjuez solo quiere asegurar que "los votos legales sean los únicos contados". Sin embargo, críticos llaman la atención sobre el hecho de que este esfuerzo se haya concentrado exclusivamente en condados demócratas, con claras implicaciones de supresión selectiva del voto.

Paul Shumaker, portavoz de la campaña de Griffin, afirmó que aún se están evaluando los próximos pasos legales, lo que indica que podrían apelar la decisión ante el Cuarto Circuito de Apelaciones.

El precedente legal: un arma de doble filo

El precedente judicial citado por Myers hace referencia a múltiples casos anteriores donde se ha determinado que un cambio en las reglas postelectorales infringe los derechos fundamentales de los votantes. En uno de los fragmentos más contundentes de su sentencia, se incluye una frase que podría resonar por años:
“Permitir que las partes 'desmantelen las reglas establecidas' de una elección después de que ha tenido lugar solo puede producir 'confusión y caos', lo que 'amenaza con socavar la confianza pública en los tribunales federales, las agencias estatales y las elecciones mismas’.”

Un país dividido entre la ley y la interpretación de la ley

Carolina del Norte no es el único lugar donde aumenta el cuestionamiento a la legitimidad electoral. Según un estudio de Pew Research Center (2023), solo el 54% de los estadounidenses confían en la veracidad de los resultados electorales, una caída drástica respecto al 79% en 2016. Esta pérdida de confianza se alimenta de narrativas conspirativas, demandas legales sin fundamento y una creciente polarización ideológica.

¿Empoderamiento ciudadano o poder judicial sobre el pueblo?

Para algunos críticos, este caso evidencia un uso creciente del poder judicial como instrumento político. En palabras del analista electoral Nate Silver: "Si cada elección se decide en las cortes y no en las urnas, la democracia estadounidense está siendo brutalmente redefinida”.

La ironía no pasa desapercibida: un grupo pide que se respeten las decisiones de tribunales estatales mientras que el otro apela a un tribunal federal por defensa constitucional. Esta tensión entre soberanía estatal y provisiones federales es una constante histórica en el sistema estadounidense, pero ahora se suma a una narrativa más amplia sobre el agotamiento del modelo electoral tradicional.

¿Y ahora qué sigue?

La decisión de Myers ha sido suspendida por siete días para permitir una posible apelación. Pero incluso si se confirma, las consecuencias del caso trascienden Carolina del Norte. Se ha enviado una señal clara a quienes buscan desestabilizar el voto: el sistema judicial aún responde al marco constitucional de protección de derechos fundamentales.

Pero queda una sombra inquietante: ¿es este solo el capítulo más visible de una estrategia política más amplia que busca rediseñar las reglas del juego democrático? Si es así, el país podría estar ante una transformación que lo altere profundamente en los próximos ciclos electorales.

“Este ya no es solo un tema de contar votos. Es un tema sobre qué tipo de democracia queremos seguir siendo”, concluye Heather Cox Richardson, historiadora política y columnista especializada en temas de derecho constitucional.

Y mientras tanto, el sistema electoral estadounidense continúa navegando entre la ley, las pasiones y los números.