¿Pobreza o negligencia? La batalla en Maine por redefinir la protección infantil

Un sistema bajo escrutinio

Maine, conocido por sus paisajes boscosos y comunidades rurales, se encuentra en el centro de una creciente controversia: ¿está su sistema de protección infantil realmente protegiendo a los menores o simplemente criminalizando la pobreza?

Según los últimos datos federales, el 74% de todas las remociones de niños en Maine obedecen a alegaciones de negligencia, mientras que la media nacional es del 62%. De hecho, entre 2018 y 2022, mientras la población de cuidado de crianza en Estados Unidos bajó un 15%, Maine la incrementó en casi un 40%, alcanzando su punto más alto en dos décadas.

“Tenemos que asegurarnos de que no asumimos automáticamente que las personas que viven en pobreza son malos padres”, afirmó el senador Craig Hickman, quien ha liderado esfuerzos para revisar la legislación ligada a los servicios de protección infantil en el estado.

Negligencia vs Pobreza: ¿cuál es la diferencia?

Durante años, los trabajadores sociales, defensores y legisladores han debatido si la pobreza debería ser tratada como una forma de negligencia infantil. Muchas veces, las señales utilizadas para justificar investigaciones —comida escasa, ropa sucia, habitaciones compartidas— son manifestaciones de pobreza, no de abuso o desinterés parental.

La abogada Molly Owens, quien representa legalmente a padres en procedimientos de protección infantil, aseguró: “He visto casos donde los niños fueron removidos simplemente porque tenían hambre o ropa inadecuada. Eso es pobreza, no abandono”.

Una legislación que busca cambiar el rumbo

Este contexto ha dado pie a una serie de iniciativas legislativas. La más relevante es el proyecto de ley L.D. 1406, aprobado de forma unánime por el Comité de Salud y Servicios Humanos. Esta ley establece que no se debe considerar negligencia el hecho de no proporcionar alimentos, ropa u otras necesidades básicas si el padre o madre no tiene medios económicos razonables para hacerlo.

Más de la mitad de los estados en EE.UU. ya tienen excepciones similares, señalando una tendencia hacia una definición más matizada de abuso y negligencia infantil.

El proyecto cuenta con el respaldo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine (DHHS) y sigue recomendaciones emitidas por la administración Biden para excluir explícitamente la pobreza de la definición de maltrato.

Sin embargo, no todos están satisfechos

A pesar del respaldo institucional, muchos defensores de los derechos familiares consideran que el proyecto L.D. 1406 no va lo suficientemente lejos. Elizabeth Shardlow, abogada de padres y tutora ad litem, calificó la ley como “simbólica”, pero insuficiente para abordar el verdadero problema.

Una alternativa más robusta habría sido el proyecto L.D. 891, también propuesto por el senador Hickman, que intentaba redefinir más a fondo qué constituye negligencia. Esta iniciativa incluía excluir el riesgo futuro de abuso como justificación para la remoción de un niño y obligaba al estado a intentar ofrecer servicios específicos a la familia antes de tomar decisiones de separación.

El proyecto fue rechazado por el comité. El director del DHHS, Bobby Johnson, argumentó que términos como “voluntario” o “identificable” dentro del texto eran legalmente ambiguos y dificultarían la aplicación de medidas de seguridad para los menores.

La tensión judicial: ¿Remoción o reunificación?

Un tercer proyecto, L.D. 1544, propuesto por la senadora Donna Bailey, plantea que los tribunales y el departamento deben evaluar si el daño provocado por remover a un niño es mayor que el supuesto maltrato en el hogar. Según la oficina del abogado del niño (ombudsman), esta medida podría retrasar o inhibir decisiones urgentes en casos de falta de seguridad.

No obstante, los abogados que representan a los padres lo consideran un paso necesario. “Una vez que una familia entra al sistema, aún si la causa inicial es la pobreza, se expone al poder del estado con poca supervisión judicial”, expresó Hickman durante la audiencia legislativa.

Un enfoque nacional distinto

La situación en Maine contrasta con otras estrategias implementadas en estados como Texas, donde reformas recientes han reducido drásticamente el número de niños tomados en custodia estatal. En lugar de remover al menor, se han centrado en asistencia preventiva, servicios de apoyo y reunificación.

Esta diferencia destaca una evolución nacional en la percepción del sistema de bienestar infantil. En lugar de ver la intervención estatal como protección obligada, cada vez más estados consideran que separar a los menores de sus familias debe ser el último recurso, y siempre evaluando el daño emocional asociado.

¿Una vigilancia estatal con sesgo social?

“El sistema se ha convertido en un mecanismo de vigilancia estatal que regula el comportamiento familiar en contextos de escasez”, denuncia Hickman, compartiendo la preocupación de muchos académicos y activistas.

El análisis de este fenómeno es respaldado por estudios del Urban Institute y el American Bar Association, que indican que las familias negras, latinas e indígenas están sobrerrepresentadas en los sistemas de protección infantil y que la sospecha de negligencia es más frecuente en comunidades empobrecidas.

Además, el Child Trends advierte que el trauma de la remoción puede traer secuelas emocionales severas, como ansiedad crónica, alteraciones del apego y fracaso escolar, especialmente cuando las familias no reciben acompañamiento adecuado.

Una oportunidad histórica para cambiar el rumbo

Si bien Maine ha pasado años ignorando estas evidencias, ahora parece que el criterio de parte del legislativo empieza a transformarse. El paso de L.D. 1406 puede resultar modesto, pero representa un primer reconocimiento de que la pobreza, por sí sola, no equivale a negligencia.

“Tenemos la obligación moral y constitucional de garantizar que las decisiones que tomamos no generen más daño que aquello que intentan prevenir”, concluyó Bailey durante una sesión en el Comité de Justicia.

El futuro de estos proyectos de ley aún es incierto. Pero el enfoque adoptado por Maine servirá como caso de estudio para todo el país, en un momento en que EE.UU. repiensa el delicado balance entre protección infantil y justicia social.