La ofensiva de Trump contra los derechos civiles: prohibiciones, recortes y polarización en la era del Pentágono
Una mirada profunda a las políticas que impactaron a la comunidad transgénero, la diversidad en el ejército y el equilibrio institucional durante la administración Trump
Una Corte Suprema dividida permite la exclusión de personas trans del ejército
En un giro controversial pero no inesperado, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno de Donald Trump comenzara a aplicar su política de prohibición a las personas transgénero en las Fuerzas Armadas, mientras continúan los desafíos legales. La decisión puso fin temporalmente a un periodo de apertura iniciado bajo la presidencia de Barack Obama, durante el cual personas trans pudieron servir abiertamente y sin restricciones.
Los tres jueces liberales del tribunal dijeron que habrían mantenido la política en suspenso. En contraste, la mayoría conservadora permitió que entrara en vigor, lo que marcó otro capítulo en la serie de retrocesos a los derechos civiles impulsados por la administración republicana.
¿Por qué Trump quiso prohibir a personas trans en el ejército?
En 2019, Trump defendió públicamente la medida, argumentando que la identidad de género de una persona transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado hacia un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en la vida personal”. Además, se sugirió que permitir su servicio dañaría la preparación militar.
Sin embargo, esta afirmación carecía de evidencia. En palabras del juez federal Benjamin Settle, nombrado por George W. Bush y ex capitán del Cuerpo de Abogados del Ejército, no se ofrecieron “explicaciones convincentes” sobre por qué tropas que han servido durante años sin inconvenientes deberían ser expulsadas súbitamente.
El caso de los militares trans: discriminación y daño irreparable
La política despertó la voz de numerosos afectados. Varios miembros experimentados de las Fuerzas Armadas denunciaron tanto el insulto que implica su descalificación automática como las consecuencias de ser expulsados: pérdida de carrera, reputación y economía.
Casos emblemáticos llevaron a jueces federales a bloquear la norma temporalmente. En Nueva Jersey, por ejemplo, se impidió que la Fuerza Aérea expulsara a dos hombres trans, fallando que su baja produciría “daños irreparables que ningún acuerdo económico podría reparar”.
Un Pentágono en batalla interna: el caso Anthony Tata
En paralelo al debate trans, la administración Trump presentó para un cargo clave en Defensa a Anthony Tata, un general retirado conocido más por sus polémicos comentarios que por su trabajo estratégico.
Nombrado para ser subsecretario de defensa para personal, su historial en redes sociales encendió las alarmas. Entre sus tuits más críticos estaban afirmaciones sobre que “el islam es la religión más violenta y opresiva que conozco” y acusaciones a Barack Obama de ser un ‘líder terrorista’. Estas publicaciones le costaron su nominación previa en 2020.
Ante el Senado, Tata afirmó arrepentirse: “Fueron comentarios fuera de lugar. Me disculpé hace cinco años. Tengo 45 años de experiencia en liderazgo centrado en soluciones”. Pero los senadores, especialmente demócratas como Jeanne Shaheen (New Hampshire), no quedaron convencidos.
¿Un Pentágono ideológico?
Preocupaba no sólo el pasado islamófobo de Tata, sino también sus declaraciones promoviendo depurar el Departamento de Defensa de figuras “no leales” a Trump. En palabras del senador Jack Reed (Rhode Island):
“Estas opiniones sugieren una visión sesgada y errada del liderazgo civil y militar que usted supervisaría”.
Esto coincidía con una línea más amplia de la administración: reducir programas de diversidad y equidad, revisar estándares militares y ejecutar la prohibición total a soldados trans.
Un modelo de gestión autoritaria: contra agencias culturales y laborales
Más allá del ámbito militar, otro frente de conflicto fue el intento de Trump de desfinanciar agencias clave como el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), la Agencia de Desarrollo Empresarial para Minorías (MBDA) y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS). Estas instituciones, fundadas por el Congreso, quedaron al borde del colapso por una orden ejecutiva que buscaba “recortar al mínimo legal permitido” sus funciones, incluidos programas de alfabetización, bibliotecas braille o apoyo a veteranos.
El juez federal John McConnell frenó la medida, destacando que la orden era “arbitraria, caprichosa y violaba principios fundamentales de la separación de poderes”, subrayando que “es el Congreso el que legisla y aprueba los fondos”.
La profundidad del impacto: cuando lo personal es lo político
- Al menos 21 estados demandaron la orden por amenazar fondos clave.
- Programas en peligro incluían educación en zonas rurales, servicios a comunidades minoritarias y mediación laboral.
- La Administración Trump afirmó que algunas demandas eran prematuras, ya que no todos los fondos se habían solicitado aún.
Pero en conjunto, la estrategia reflejaba un patrón: desmontar instituciones que promovían la diversidad, la equidad o la cooperación social.
¿Ideología o eficiencia militar?
En buena parte, los voceros de Trump afirmaban que se trataba de restaurar la eficiencia, depurar lo que llamaban “activismo político” en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, analistas y miembros de alto rango veían una ideologización del ejército.
El general retirado Barry McCaffrey, veterano de Vietnam y guerra del Golfo, comentó en MSNBC:
“No se trata de eficiencia, se trata de lealtad. Trump quiere un ejército leal a él, no a la Constitución”.
Las Fuerzas Armadas frente a su propia identidad
Para muchos, el ejército debe reflejar a la sociedad que defiende, incluyendo diversidad de género, raza e ideología. En 2020, el Departamento de Defensa reportaba más de 14,700 personas trans en servicio activo o reserva. Muchas participaron en zonas de guerra, lideraron equipos y recibieron reconocimiento por su desempeño.
Recortar esa representación, excluir por identidad de género y nombrar líderes con posiciones extremas no solo amenaza derechos individuales: pone en riesgo la unidad interna y la credibilidad externa de las Fuerzas Armadas.
Polarización, poder y la fragilidad institucional
Lo que quedó en evidencia tras todas estas maniobras fue una presidencia que desmontaba consensos constitucionales en nombre de una visión de país excluyente. Desde el intento de eliminar agencias culturales hasta colocar a un ideólogo en altos rangos del Pentágono, todo parecía encaminarse a centralizar el poder en el Ejecutivo, bajo el mando de un Trump más combativo que nunca.
Este episodio deja ver que los procesos democráticos no son inmunes al uso partidista de la burocracia y la ley. Y que las libertades ganadas —como el derecho a servir independientemente del género— pueden ser revocadas si no hay vigilancia ciudadana y judicial constante.
¿Qué sigue para los derechos LGBTQ+ en el ejército?
La llegada de nuevas administraciones, como la de Joe Biden en 2021, revirtió muchas de estas medidas. En enero de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para permitir nuevamente el servicio abierto de personas trans. Pero el precedente quedó. Bajo ciertas circunstancias políticas, las libertades pueden retroceder más rápido de lo que avanzaron.
Cuando la justicia y el respeto por la diversidad militar dependen de una firma presidencial, es señal de que aún falta institucionalizar los derechos LGBTQ+ como parte integral de la identidad estadounidense.
Referencias:
