La polémica decisión de Utah: ¿hacia una crisis de salud dental sin precedentes?

Un giro radical en la política de salud pública

Utah ha tomado una medida decisiva que ha desatado alarma entre profesionales de la salud dental y defensores de la salud pública: prohibirá la adición de fluoruro en el agua potable a partir de esta semana. Con ello, se convierte en el primer estado del país en establecer oficialmente esta prohibición, desafiando décadas de consenso científico sobre los beneficios del fluoruro en la prevención de caries dentales.

¿Por qué es importante el fluoruro?

Desde mediados del siglo XX, la adición de fluoruro al agua potable ha sido promovida como una de las grandes conquistas en salud pública. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 73% de la población estadounidense recibe agua fluorada, lo que ha reducido significativamente la incidencia de caries en niños y adultos.

El fluoruro fortalece el esmalte dental, reponiendo minerales perdidos durante el proceso normal de desgaste, y es especialmente importante en la etapa de formación de los dientes. En comunidades de bajos ingresos, el agua potable fluorada puede ser el único acceso a un cuidado preventivo dental efectivo.

Utah: la excepción que marca un precedente

Aunque la mayoría de las ciudades en Estados Unidos han implementado la fluoración como medida preventiva, Utah era ya una anomalía. En 2022, solo 40% de sus residentes recibían agua fluorada, ubicando al estado en el puesto 44 a nivel nacional (CDC, 2022). Sin embargo, con la firma del gobernador republicano Spencer Cox, se oficializa una ley que prohíbe la fluoración incluso en los sistemas urbanos donde era práctica común, afectando a unas 1,6 millones de personas, principalmente en Salt Lake City y el norte del estado.

La posición oficial vs. la voz de los profesionales

El gobernador Cox defendió la medida argumentando que “no hay diferencia sustancial en salud dental entre las comunidades con y sin fluoruro”. Esta afirmación ha sido rebatida con fuerza por la comunidad odontológica de Utah. El Dr. James Bekker, pediatra dental en la Universidad de Utah, declaró:

“Cualquier dentista en Utah puede mirar una boca y deducir si esa persona creció en un área fluorada o no por el nivel de caries.”

Consecuencias ya visibles

En Salt Lake Donated Dental Services, una clínica que ofrece atención gratuita o de bajo costo, ya se anticipan largas listas de espera y mayor demanda de dentistas voluntarios. Sasha Harvey, directora ejecutiva de la clínica, asegura que las consecuencias se verán a corto plazo, especialmente en niños.

“Ahora mismo estamos programando citas para agosto y septiembre con niños de 2, 3 y 4 años que ya no pueden comer por el dolor que sienten en los dientes. Y eso es antes de eliminar el fluoruro”, afirma Harvey.

Una medida sin consenso científico

La Ley fue promovida por la representante republicana Stephanie Gricius, quien, aunque reconoce algunos beneficios del fluoruro, defiende que su consumo debe ser una decisión individual, no impuesta por el gobierno. Esta postura, sin embargo, ha llamado la atención por ir en contra de los principios de salud pública centrados en la prevención colectiva.

Además, no existen pruebas científicas concluyentes que respalden los riesgos señalados por los proponentes de la ley. El Instituto Nacional de Salud de EE. UU. indica que es “virtualmente imposible alcanzar una dosis tóxica consumiendo fluoruro en niveles estándar provenientes del agua”.

Desigualdades agravadas

Una de las principales preocupaciones es el efecto de esta ley en poblaciones vulnerables, especialmente niños de familias de bajos ingresos. Para muchas de estas familias, ni siquiera el costo de $3–5 mensuales en suplementos de fluoruro es viable. Además, estos suplementos requieren prescripción médica, lo que complica aún más su accesibilidad.

“El cambio de responsabilidad al individuo es preocupante en nuestro contexto. La mayoría solo viene al dentista cuando el dolor es insoportable”, lamenta Harvey.

¿Solución o retroceso?

Se espera que muchos padres en Utah opten por añadir tabletas de fluoruro al agua de sus hijos, pero el Dr. Bekker advierte que no es comparable al efecto continuo del agua fluorada, la cual baña los dientes con cada sorbo y refuerza el esmalte dental. Además, hace falta una prescripción, y se prevé que transcurran meses o años antes de que estas pastillas puedan adquirirse sin receta.

¿Una ola legislativa nacional?

Utah podría ser solo el principio. Otros estados como Florida, Ohio y Carolina del Sur estudian legislaciones similares. En Florida, solo se espera la firma del gobernador Ron DeSantis para que se concrete otra prohibición. El apoyo a estas medidas proviene de líderes como Robert F. Kennedy Jr., actual Secretario de Salud de EE. UU., que ha propuesto revisar las recomendaciones del CDC sobre la fluoración.

El riesgo de una crisis sanitaria silenciosa

Expertos nacionales ya alzan la voz, advirtiendo que las consecuencias de estas políticas pueden pasar desapercibidas hasta que sea demasiado tarde. Las caries no tratadas no solo afectan los dientes; estudios han relacionado la salud bucal con enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso problemas cognitivos en edad avanzada.

Eliminar el fluoruro del agua podría implicar un incremento de caries y pérdidas dentales en sectores que ya enfrentan barreras para recibir tratamiento. Reconstruir una política de salud pública efectiva con enfoque en prevención podría tomar décadas si las actuales estructuras colapsan.

¿Qué podemos esperar en los próximos años?

• Aumento exponencial de caries infantiles, especialmente en comunidades de bajos ingresos.
• Largas listas de espera en clínicas solidarias como Donated Dental.
• Esfuerzos legales para volver a legalizar la fluoración podrían intensificarse ante el aumento en problemas dentales observados.
• Movilización de organizaciones dentales y de salud pública a nivel estatal y federal.

El dilema de la libertad individual y el bien común

Este caso reabre el eterno debate entre la autonomía individual y la responsabilidad colectiva. ¿Debe el Estado garantizar medidas que favorezcan el bienestar común, incluso a costa de decisiones personales? O, por el contrario, ¿debe ceder a las demandas de quienes exigen libre albedrío en cuestiones que afectan al cuerpo?

Lo cierto es que la evidencia científica no respalda la decisión tomada por Utah. Y, mientras se debate el papel del Estado en asuntos de salud pública, los más perjudicados serán aquellos que menos voz tienen en estas decisiones: niños pequeños con dolores de muelas y familias que no pueden pagar una consulta privada.

En una nación que lideró la lucha global contra las caries mediante políticas efectivas, la retirada del fluoruro puede convertirse, no en un acto de libertad, sino en un costoso error histórico.