Amnistía en la Amazonía: ¿legalizar el crimen ambiental para proteger intereses económicos?

Una ley que pone en peligro la Amazonía

En abril de 2024, la Asamblea Legislativa del estado brasileño de Rondonia aprobó una ley sin precedentes que ha encendido las alarmas entre ambientalistas, organismos internacionales y entidades judiciales: la legalización de la ganadería establecida ilegalmente en la reserva de conservación de Jaci-Paraná. Esta área protegida por décadas ha sido blanco constante de la deforestación ilegal para la cría de ganado, una práctica que hoy no solo ha sido perdonada, sino también validada por una ley estatal.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el texto aprobado el 28 de abril, los ocupantes ilegales de la reserva contarán con un periodo de concesión por 30 años para utilizar tierras públicas que anteriormente estaban protegidas. La ley además anula automáticamente todas las multas, sanciones administrativas y procesos legales contra los responsables, sin que exista ninguna consecuencia legal o financiera.

Más escandaloso aún es el hecho de que se otorgan permisos para la comercialización de ganado criado en tierras que, hasta ahora, estaban protegidas por leyes ambientales brasileñas. Esto incluye a grandes frigoríficos como JBS SA, la gigante mundial de procesamiento de carne, que ha sido señalada como uno de los principales beneficiarios indirectos de esta decisión política.

Cifras que cuentan la historia

• De los 778 ocupantes ilegales identificados, la gran mayoría nunca fue procesada.
• Según auditorías del Ministerio Público Federal de Brasil, el 12% del ganado adquirido por JBS en Rondonia provino de áreas deforestadas ilegalmente.
• Estas actividades generaron daños ambientales estimados en más de mil millones de dólares, pero las multas impuestas suman solo 280 millones de dólares.
• Actualmente se estima que al menos 216,000 cabezas de ganado pastan ilegalmente dentro de la zona antes protegida.

¿Quién gana y quién pierde?

Con esta ley, los ganaderos ilegales ya no solo evaden consecuencias, sino que además pueden continuar con sus actividades lucrativas bajo la apariencia de legalidad. Empresas como JBS salen fortalecidas, justo cuando busca expandirse al mercado internacional con una futura cotización en la Bolsa de Nueva York.

Mientras tanto, la comunidad internacional, ONGs y defensores ambientales muestran preocupación por el precedente que esta ley sienta en toda la región amazónica. Como expresó Wellington Lamburgini, coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra: “La ley es una afrenta. Si no se declara inconstitucional, será una de las mayores amenazas para las áreas de conservación en Brasil”.

Loopholes legales y la normalización del delito ambiental

Uno de los aspectos más inquietantes es cómo este tipo de legislación institucionaliza lo que antes era ilegal. A lo largo de los años, Brasil ha tenido problemas con ocupaciones ilegales de tierras, especialmente en la Amazonía. Esta práctica de “tomas de tierras” se ha sustentado en la expectativa de que, con el tiempo, estas usurpaciones terminen siendo legalizadas.

Se ha creado una lógica perversa: “primero invade, luego produce, después te regularizan”. Este patrón ha sido impulsado por amnistías periódicas, leyes ambiguas y una débil aplicación de sanciones.

JBS: ¿Responsabilidad ambiental o discurso corporativo?

Con más de 20,000 fincas bloqueadas en Rondonia por violaciones socioambientales, JBS se ha defendido argumentando que solo 73 cabezas de ganado provienen del área en disputa, lo cual representa un ínfimo 0.0006% de sus compras en el estado. Sin embargo, el impacto simbólico y legal es mayúsculo.

JBS ha declarado que, desde el 1 de enero de 2026, solo comprará ganado de productores inscritos en su Plataforma de Ganadería Transparente, un sistema diseñado para garantizar que cada ranchero cumpla con criterios de cumplimiento ambiental y social.

Esta declaración llega justo cuando la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) aprobó la entrada de JBS al mercado bursátil de Nueva York, a pesar de una fuerte oposición por parte de grupos ambientalistas estadounidenses y brasileños.

Reacciones jurídicas y sociales

La nueva ley ha recibido oposición por parte del Ministerio Público del Estado de Rondonia, que sigue considerando apelar ante tribunales superiores. En diciembre de 2023, dos mataderos —Distriboi y Frigon— fueron condenados junto a tres hacendados a pagar 764,000 dólares en daños ambientales.

Pese a estas condenas, el mensaje proyectado por la nueva legislación es demoledor: puedes invadir, deforestar, criar ganado y aún obtener beneficios legales al final del camino.

Brasil ante la lupa internacional

La comunidad internacional lleva años reclamando a Brasil una mayor responsabilidad en la conservación del Amazonas, especialmente ante la evidencia cada vez más clara del papel que este ecosistema juega en la regulación climática mundial. Sin embargo, leyes como la promulgada en Rondonia parecen ir justo en la dirección contraria.

Según un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution, el Amazonas podría alcanzar un punto de no retorno si el 20%-25% de su cobertura se pierde. Las cifras actuales indican que ya hemos superado el 17%.

Permitir que tierras deforestadas se legalicen puede empujar la región a una deforestación acelerada e irreversible, con consecuencias no solo para Brasil, sino para el planeta entero.

Una batalla entre economía y ecología

La ley de Rondonia refleja una colisión directa entre dos visiones del desarrollo: una basada en la explotación económica de recursos a corto plazo, y otra que defiende la sostenibilidad y el respeto al medioambiente como pilares del futuro.

Este dilema no es exclusivo de Brasil. Gobiernos en todo el mundo enfrentan presiones similares, sobre todo en países en desarrollo donde la balanza entre crecimiento económico y conservación ambiental aún sigue siendo precaria.

¿Qué podemos esperar ahora?

Organizaciones sociales, como la Comisión Pastoral de la Tierra y Greenpeace Brasil, han pedido la inconstitucionalidad de la ley. También han solicitado intervención federal para sospender sus efectos, al menos mientras el Supremo Tribunal Federal evalúa su legalidad.

Al margen de las medidas legales, el precedente es de suma gravedad. Si esta ley se mantiene vigente, podría ser replicada por otros estados amazónicos, abriendo la puerta a una deforestación legalizada en vastas zonas de selva virgen.

Llamado a la acción

El futuro del Amazonas, uno de los pulmones verdes del planeta, está en juego. El perdón legal concedido en Rondonia no solo blanquea prácticas ilícitas, sino que envía un mensaje peligroso: destruir el medioambiente puede ser rentable.

En tiempos donde el cambio climático ya no es una amenaza futura sino una realidad presente, las decisiones políticas deben estar alineadas con los compromisos ambientales globales: desde los Acuerdos de París hasta las metas de desarrollo sostenible de la ONU.

Brasil debe decidir qué tipo de líder quiere ser ante el mundo: ¿uno que normaliza el delito ambiental a favor de unos pocos, o uno que protege su riqueza natural como un legado para toda la humanidad?