Centros de detención migratoria en EE.UU.: ¿Due process o política migratoria con sesgo?

Una detención que reaviva un viejo debate

La detención del académico de Georgetown, Badar Khan Suri, ha puesto el foco sobre las prácticas del gobierno estadounidense en materia migratoria, particularmente en el tratamiento de académicos residentes legales y los procedimientos que rodean la detención y deportación de individuos no ciudadanos. En este caso, emergen múltiples preguntas en torno a los derechos constitucionales, la libertad de expresión y la instrumentalización del sistema migratorio con posibles fines políticos.

Khan Suri, un investigador visitante con visa J-1 procedente de la India, fue arrestado el 17 de marzo de 2025 por agentes encapuchados y sin identificación oficial visible frente a su domicilio en Arlington, Virginia. La razón alegada: publicaciones en redes sociales y la conexión palestina de su esposa, ciudadana estadounidense. La acusación: simpatías hacia Hamas.

De Virginia a Texas sin escalas: ¿una estrategia deliberada?

Según sus abogados y la propia Jueza Federal Patricia Tolliver Giles, el traslado exprés de Khan Suri desde Virginia hasta instalaciones en Louisiana y posteriormente a Texas sigue un patrón de movimientos diseñados —presuntamente— para dificultar la defensa legal del detenido en la jurisdicción original donde ocurrieron los hechos.

“Este movimiento atípico dificulta que los abogados puedan ‘alcanzar’ a sus clientes con sus presentaciones legales,” señaló Giles en una decisión judicial que permitirá que el caso de Khan Suri sea escuchado en Virginia. La jueza denunció que estos traslados parecen destinados a llevar a los detenidos a jurisdicciones dominadas por jueces conservadores, como el 5° Circuito, donde 12 de los 17 jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.

Un patrón preocupante: no es un caso aislado

El caso de Khan Suri no es único. Giles apuntó a otros ejemplos recientes:

• Mahmoud Khalil, investigador de Columbia University con residencia legal, fue arrestado en Nueva York por asistir a manifestaciones pro-palestinas. Fue trasladado en menos de 48 horas por Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Louisiana.
• Rumeysa Ozturk, estudiante de Tufts University, fue arrestada en Massachusetts y llevada por carretera a nuevos destinos (New Hampshire, Vermont) antes de ser enviada a Basile, Louisiana.

Estos casos levantan alertas sobre el uso del sistema migratorio como herramienta no solo de control fronterizo sino de silenciamiento de voces disidentes o políticamente incómodas.

El actor tras bambalinas: GEO Group y Delaney Hall

En medio de esta ola de detenciones controversiales destaca Delaney Hall, un centro de detención en Newark, Nueva Jersey, recientemente reabierto en un acuerdo de 15 años por $1,000 millones entre ICE y GEO Group, una empresa privada que gestiona prisiones y centros de detención.

Delaney Hall, con una capacidad para 1,000 personas, se convirtió en objeto de intensa protesta local encabezada por el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien cuestiona la legalidad de su apertura por carecer de los debidos permisos de construcción y ocupación.

Según el alcalde Baraka, “esto no es un tema republicano o demócrata, es un tema de derechos humanos y del Cuarto Mandamiento de la Constitución.” La ciudad de Newark ha interpuesto una demanda contra GEO Group para evitar que el centro entre en funciones.

La legitimidad del traslado de detenidos bajo escrutinio

Los representantes del gobierno alegaron que el traslado de Khan Suri obedeció a la falta de espacio en instalaciones cercanas en Virginia. No obstante, la jueza Giles manifestó que estas argumentaciones se contradicen con la realidad que vive actualmente Suri, quien duerme en un colchón improvisado en un dormitorio sobrepoblado con 50 personas en el Centro de Detención de Prairieland en Texas.

El argumento gubernamental carece de coherencia frente a la cronología de traslados intempestivos y condiciones de hacinamiento similares, si no peores, en los centros a los cuales se trasladan a los detenidos.

¿Es esto una nueva “Doctrina Sombra” migratoria?

Algunas voces en el ámbito académico y legal describen estas tácticas encubiertas como una migración hacia una “doctrina sombra”, en donde el cumplimiento de la ley se convierte en una fachada para excluir, castigar o deportar a individuos incómodos al discurso oficial.

Los críticos aseguran que estamos ante una especie de “castigo extrajudicial” utilizando como pretexto la seguridad nacional, pero vulnerando la libertad de expresión, la integridad del debido proceso y los derechos civiles fundamentales.

Juneteenth: un recordatorio simbólico no tan lejano

En medio del debate migratorio, el estado de Alabama aprobó este mes la designación oficial del Juneteenth como feriado estatal. Este día, que conmemora la abolición efectiva de la esclavitud en Galveston, Texas, el 19 de junio de 1865, representa una victoria simbólica por los derechos civiles.

Sin embargo, la contradicción es evidente cuando algunas jurisdicciones avanzan en reconocer derechos históricos mientras, simultáneamente, se socavan derechos contemporáneos bajo políticas migratorias punitivas.

El difícil equilibrio entre seguridad y derechos

No se puede obviar que el control migratorio es parte inherente de la seguridad nacional. Pero las acciones recientes revelan una instrumentalización del sistema, donde el traslado exprés de ciertos individuos podría obedecer más a razones políticas que operativas o de seguridad.

Por ejemplo, ICE defiende su colaboración con GEO Group indicando que generará $50 millones para la economía local y creará empleos sindicalizados con salarios promedio de $105,000. A eso, el alcalde Baraka responde que el precio no justifica “la violencia institucionalizada y la erosión del debido proceso”.

Académicos bajo lupa: ¿veremos más casos?

La creciente politización del debate israelí-palestino en campus universitarios ha encendido alarmas entre estudiantes y académicos internacionales. La posibilidad de que expresiones legítimas contra el conflicto en Gaza se traduzcan en represalias migratorias es un precedente peligroso.

Según Human Rights Watch, desde 2022 se ha documentado un aumento del 22% en revocaciones de visados J-1 por “preocupaciones de seguridad”, muchas veces sin pruebas sólidas.

¿Hay una solución?

Expertos legales y activistas señalan la necesidad de una mayor transparencia judicial y garantías legales al debido proceso, especialmente cuando las acusaciones involucran asuntos de opinión política o expresión en redes sociales, protegidas por la Primera Enmienda.

La narrativa de la seguridad no debería justificar la erosión de los derechos civiles más fundamentales. Y menos aún, convertirse en una excusa para la represión selectiva de ciertos sectores intelectuales o ideológicos dentro del territorio estadounidense.