Independencia judicial bajo fuego: ¿Quién protege a los jueces en tiempos de polarización?
El presidente del Tribunal Supremo de EE. UU., John Roberts, y otros jueces enfrentan ataques políticos, amenazas personales y desafíos legales sin precedentes. ¿Qué significa esto para el Estado de derecho?
Una advertencia seria desde el estrado más alto
Durante una intervención en su ciudad natal de Buffalo, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, defendió con firmeza la independencia judicial, señalándola como un pilar crítico para contener excesos del Congreso o el Ejecutivo. Frente a una audiencia de más de 600 jueces y abogados reunidos para conmemorar el 125.º aniversario del tribunal federal del Distrito Oeste de Nueva York, sus palabras fueron recibidas con aplausos.
Roberts reiteró declaraciones previas: el juicio político no debe ser un vehículo de disenso político. Aunque el tono fue sobrio y diplomático, la intención fue clara dadas las circunstancias políticas actuales: proteger a la judicatura de una creciente ola de presiones y amenazas.
La sombra de la polarización política
Los ataques contra el poder judicial no son nuevos, pero han escalado en intensidad y frecuencia. Distintos jueces federales, principalmente aquellos que han frenado iniciativas de la administración Trump, han sido blanco de acusaciones, discursos incendiarios y, en algunos casos, actos de intimidación directa.
Un ejemplo alarmante es el caso de la jueza Esther Salas, cuyo hijo, Daniel Anderl, fue asesinado en un ataque dirigido por un abogado descontento. Desde entonces, ha habido múltiples reportes de amenazas que incluyen entregas no solicitadas de pizza a los hogares de jueces, una táctica que muchos interpretan como una amenaza velada.
El “elefante en la sala”: palabras de Ketanji Brown Jackson
Resonando en un tono similar, la jueza Ketanji Brown Jackson, durante un encuentro judicial en Puerto Rico, habló abiertamente sobre lo que denominó “el elefante en la sala”: los ataques constantes e irrespetuosos a los jueces. Aunque nunca mencionó a Trump, sus palabras reflejaron la creciente tensión entre los poderes del gobierno.
Jackson enfatizó: “Los jueces no pueden cumplir su papel constitucional efectivo si son objeto de presión política o de amenazas a su integridad y a la de sus familias.”
Un sistema en jaque: el caso de los venezolanos y la Ley de Enemigos Extranjeros
El presidente Donald Trump utilizó una ley poco conocida —la Alien Enemies Act de 1798— para deportar a casi 200 inmigrantes venezolanos acusados, sin pruebas públicas, de pertenecer a pandillas. Algunos fueron enviados apresuradamente a una prisión de alta seguridad en El Salvador, el CECOT, infame por sus condiciones duras y su vinculación directa con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Este traslado fue ejecutado sin audiencias judiciales previas, desafiando una orden del juez federal James Boasberg, quien aún examina si los migrantes pueden seguir bajo custodia estadounidense en este sentido “constructivo”.
¿Justicia desde Guantánamo?
Boasberg incluso consideró la posibilidad de trasladar a los detenidos a la prisión de Guantánamo Bay, un territorio bajo total control estadounidense, para que pudieran recibir las garantías mínimas procesales. Esto refleja no solo las complejidades jurídicas del caso, sino el nivel de precariedad de los derechos en juego.
Este caso también refleja la ambigüedad estratégica de Washington respecto a Bukele. Un vocero legal del gobierno se negó a confirmar si hubo un pago de $20 millones a El Salvador en relación con estos traslados, como han reportado varios medios. Bajo juramento, incluso se negó a revelar detalles básicos del acuerdo bilateral.
La Corte Suprema interviene (a medias)
Después de las deportaciones, la Corte Suprema falló unánimemente que nadie puede ser deportado bajo la Alien Enemies Act sin oportunidad de impugnar el proceso en corte. Sin embargo, los primeros deportados no tuvieron esa oportunidad, lo que plantea la duda de si se violaron sus derechos constitucionales básicos.
Aunque la Corte no se pronunció sobre si la clasificación de las pandillas como "enemigos extranjeros" era válida, puso un freno judicial a una práctica que muchos comparan con las políticas de detención de tiempos de guerra como la internación de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Presiones políticas sin precedentes
La actuación judicial no ha estado exenta de consecuencias. Algunos aliados de Trump han pedido el juicio político contra Boasberg por bloquear las deportaciones inicialmente. Es en este contexto que Roberts se sintió obligado a pronunciarse y a proteger a sus colegas.
“El juicio político no es la herramienta para disentir con una decisión judicial”, recalcó Roberts, en una inusual intervención de un presidente de la Corte Suprema en defensa de otro juez federal. Su mensaje iba más allá de lo legal. Era una advertencia sobre los cimientos democráticos en juego.
La independencia judicial en la historia de EE. UU.
La Constitución estadounidense ha blindado históricamente al poder judicial para preservar su objetividad. Los jueces federales tienen mandatos vitalicios precisamente para resistir las modas políticas del momento. Sin embargo, desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt y su intento de ampliar la Corte, no se recordaba un nivel de tensión institucional como el actual.
Incluso figuras como el expresidente Richard Nixon, en el apogeo del escándalo Watergate, rechazaron cuestionar públicamente la legitimidad de la Corte Suprema. Hoy, mediante discursos en redes sociales, mitines políticos e incluso nombramientos estratégicos, el sistema judicial ha sido convertido en un campo de batalla político.
¿Quién protege a los jueces?
Organizaciones como la American Bar Association y la ACLU han solicitado al Congreso medidas urgentes para reforzar la protección de jueces y sus familias, incluyendo leyes que sancionen con severidad los actos de intimidación o acoso.
El senador Dick Durbin ha sido claro: “Las amenazas no son simbólicas. Son recordatorios de que quienes buscan intimidar a nuestros jueces no solo conocen sus decisiones... conocen su dirección”.
En defensa de la balanza
La independencia judicial no es una palabra de moda ni un lujo constitucional. Es la garantía de que las leyes se apliquen con justicia, indiferencia política y protección de derechos. Cuando los jueces se convierten en objetos de venganza o cálculo electoral, toda la estructura institucional de una república democrática comienza a tambalearse.
Por ello, no es casualidad que tanto Roberts como Jackson, jueces desde extremos diferentes del espectro ideológico, hayan alzado la voz casi al unísono. No se trata de defender un fallo u otro, sino de defender la labor de juzgar sin miedo.
Hoy más que nunca, el principio de independencia judicial necesita más que respeto. Necesita acción.
