Montana y la deuda histórica con la educación indígena: una lección de justicia educativa en construcción

Un compromiso constitucional sin precedentes

Montana es, hasta la fecha, el único estado de Estados Unidos que consagra en su Constitución estatal el reconocimiento de la “herencia cultural distinta y única de los pueblos indígenas americanos” dentro del sistema educativo. Aunque esta cláusula entró en vigor hace décadas, la transformación real de las aulas públicas ha sido lenta e incompleta.

En 1999, el estado promulgó la Indian Education for All (IEFA), una ley pionera que estipula la obligación de enseñar historia y cultura indígena en las escuelas públicas de primaria y secundaria. Esta medida legislativa pretendía materializar el espíritu de la constitución de Montana, convirtiendo el respeto e inclusión de los pueblos originarios en una práctica educativa concreta.

Desde 2007, el Congreso estatal ha asignado aproximadamente 3,5 millones de dólares anuales a los distritos escolares para ejecutar el IEFA. Esos fondos estaban destinados al desarrollo curricular, adquisición de materiales educativos adecuados y capacitación docente.

Una promesa quebrada: la demanda colectiva del 2021

A pesar de tan nobles intenciones legislativas, la realidad ha sido otra. En 2021, un grupo de estudiantes, familias y tribus presentaron una demanda colectiva contra la Office of Public Instruction (OPI) y la Board of Public Education de Montana, alegando graves incumplimientos y mala administración de los fondos IEFA.

Las tribus que participaron como demandantes incluyen a la Comunidad India de Fort Belknap, Confederación de Tribus Salish y Kootenai, Tribus Assiniboine y Sioux de Fort Peck, Tribu Cheyenne del Norte y la Tribu Little Shell de Indios Chippewa.

Documentos judiciales revelaron que solo el 10% de los distritos escolares pudieron justificar íntegramente el uso correcto del dinero entre 2019 y 2020. Un caso llamativo fue el de un distrito que recibió más de $55,000 pero solo pudo justificar el 71% del uso; el resto era simplemente dinero sin rastrear. Otras escuelas usaron fondos para pagar salarios de bibliotecarios o comprar libros sin relación con las culturas nativas.

“Los distritos escolares no tienen incentivos para reportar correctamente sus gastos del IEFA porque no hay penalización por no hacerlo”, afirmaron los denunciantes en su demanda.

El acuerdo de marzo de 2024: una nueva esperanza

El 11 de marzo de 2024, la Junta de Educación de Montana aprobó por unanimidad un acuerdo con los demandantes tras una sesión a puerta cerrada. Aunque el litigio contra la Oficina de Instrucción Pública continúa, este acuerdo representa un paso clave hacia la reparación de años de negligencia.

Según lo pactado, la Junta se comprometió a:

• Usar el proceso de acreditación para vigilar la inclusión del IEFA en la instrucción local.
• Solicitar un informe anual de implementación a la OPI.
• Promover consultas significativas entre distritos escolares y tribus.
• Incluir formación específica sobre IEFA y colaboración tribal para nuevos educadores.

En palabras del presidente de la Junta, Tim Tharp:

“Nuestro tiempo está mejor invertido en mejorar la educación para todos los estudiantes de Montana, no en litigar en los tribunales”.

Testimonios que ponen rostro al reclamo

Jessica Peterson, madre y una de las demandantes, expresó su alivio tras el acuerdo:

“Cuando presentamos la demanda, mi hija estaba en segundo grado. Ahora está en sexto. Año tras año, no veo que Indian Education for All se implemente en las escuelas públicas de Helena”.

Su historia evidencia cómo las omisiones no son solo infracciones técnicas, sino promesas rotas a generaciones de estudiantes indígenas.

Reformas legislativas: una ofensiva legal necesaria

Además del acuerdo, esfuerzos legislativos reforzaron aún más el marco jurídico del IEFA. En 2023, el entonces representante estatal Jonathan Windy Boy impulsó una ley que convirtió la implementación del programa en obligación legal, no solo una sugerencia. Esta legislación también contempla la revocación de fondos para aquellos distritos que fallen en reportar adecuadamente su uso.

En 2024, Windy Boy —ahora senador— presentó el Senate Bill 181, que refuerza la consulta tribal, promueve el papel de especialistas en lenguas nativas y mantiene a la Junta y a la OPI bajo un mayor escrutinio. Aprobado por ambas cámaras, el proyecto espera la firma del gobernador Greg Gianforte.

Windy Boy, miembro de la tribu chippewa cree firmemente que esta causa es histórica:

“La verdadera soberanía indígena comienza en las aulas, con la verdad y el respeto reflejados en los libros de texto”.

¿Por qué Montana es único… aún con sus fallas?

Montana, con su modesta población de poco más de un millón de habitantes, tiene una rica diversidad tribal: 12 tribus reconocidas federalmente y más de 65,000 nativos americanos. Su relevancia no es numérica, sino simbólica. En ningún otro estado, la integración indígena en el currículo escolar tiene rango constitucional.

Sin embargo, como demostró este caso, el reconocimiento legal no garantiza ejecución efectiva. La educación pública —un terreno históricamente utilizado para la asimilación forzada— debe hoy transformarse en espacio de reconciliación y respeto.

Un caso para todo el país

La lucha por la correcta implementación del IEFA no es solo una victoria para los pueblos originarios de Montana. Es también un espejo donde otros estados pueden verse reflejados.

Según datos del National Congress of American Indians, menos del 20% de los estados requiere por ley un currículo escolar que incluya la historia y cultura de pueblos indígenas. Y en muchos casos, esa exigencia no pasa la teoría. Por ejemplo, en Dakota del Norte, donde alrededor del 9% de la población estatal es indígena, los contenidos dirigidos a estudiantes nativos siguen siendo limitados.

Montana está señalando un camino distinto: uno que exige no solo voluntad legislativa, sino sistemas de monitoreo, participación tribal y sanciones para aquellos que desvían los fondos.

¿Una deuda saldada o solo el inicio?

Este acuerdo judicial y las recientes reformas marcan un nuevo capítulo, pero la historia continúa. Ahora, el reto está en transformar promesas legislativas y judiciales en acciones duraderas: docentes capacitados, materiales fieles a las culturas tribales, procesos de evaluación paras los distritos escolares y, sobre todo, el respeto a las voces indígenas como protagonistas del proceso.

En palabras del educador y activista Bill Yellowtail, miembro de la tribu Crow:

“Por generaciones, nuestras historias fueron silenciadas en las aulas. Tal vez ahora, nuestras hijas y nietos escuchen sus propias voces en sus libros de historia.”

Si la educación es un acto cultural, entonces reformarla bajo principios de justicia histórica es sanar, con honestidad y respeto, las heridas aún abiertas de una nación construida sobre tierras indígenas.