Rumeysa Ozturk, libertad de expresión y detención migratoria: ¿una nueva frontera para los derechos civiles en EE.UU.?

Rumeysa Ozturk es una estudiante de doctorado de origen turco en la Universidad de Tufts. Su caso, sin embargo, ha traspasado los muros académicos y se ha convertido en una bandera simbólica de la lucha por los derechos civiles y constitucionales en Estados Unidos. Desde su detención en marzo por las autoridades migratorias, presuntamente por su activismo político, han surgido serias preguntas sobre los límites de la libertad de expresión y el debido proceso legal.

¿Quién es Rumeysa Ozturk y cómo comenzó todo?

Ozturk, de 30 años, cursa un doctorado en Tufts University, una institución privada localizada en Massachusetts. El año pasado, ella y otros tres estudiantes escribieron un op-ed para el periódico universitario The Tufts Daily, en el que criticaban duramente la respuesta de la universidad a las protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza. En el artículo, exigían que Tufts reconociera lo que describieron como el “genocidio palestino”, además de revelar inversiones y cortar vínculos con empresas vinculadas a Israel.

Poco después, Ozturk fue detenida por agentes de inmigración en un suburbio de Boston el 25 de marzo. Fue llevada a través de varios estados y finalmente encarcelada en un centro de detención en Basile, Luisiana, durante más de seis semanas.

Libertad de expresión vs. seguridad nacional

Este caso se convirtió rápidamente en un punto de fricción entre quienes defienden el derecho a la libertad de expresión y aquellos que justifican medidas de seguridad bajo el argumento del combate al terrorismo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Ozturk habría participado en actividades de apoyo a Hamas. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna evidencia que respalde tal acusación.

La representación legal de Ozturk sostiene que la detención viola la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. —que garantiza la libertad de expresión— y su derecho al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

La libertad de expresión en los campus universitarios ha sido un tema recurrente en los últimos años. Según un estudio de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), el 63% de los estudiantes en EE.UU. temen expresar opiniones políticamente impopulares en sus universidades.

El veredicto judicial: ¿justicia restaurada o un paso simbólico?

El pasado miércoles, una corte federal de apelaciones con sede en Nueva York falló a favor de una orden judicial previa del estado de Vermont, que exige que Ozturk sea trasladada desde el centro de detención en Luisiana a Nueva Inglaterra antes del 14 de mayo. El objetivo: celebrar audiencias sobre si su detención fue ilegal.

En palabras de su abogado principal, “esto es más que una cuestión migratoria, es una cuestión de principios democráticos fundamentales”.

Mientras tanto, decenas de estudiantes, activistas y organizaciones de derechos civiles han realizado manifestaciones en Massachusetts exigiendo la liberación de Ozturk. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha expresado preocupación por lo que considera “una nueva forma de silenciar críticas políticas mediante mecanismos migratorios”.

Un patrón de represión política bajo la apariencia de seguridad

El caso de Ozturk no es un incidente aislado. En años recientes, varios estudiantes internacionales en universidades estadounidenses han denunciado haber sido objeto de vigilancia gubernamental, amenazas de deportación e interrogatorios extensivos debido a su participación política.

En 2021, estudiantes iraníes e incluso de países aliados como India enfrentaron cancelación de visados por su presencia en protestas o por publicaciones en redes sociales críticas hacia políticas de EE.UU. o sus aliados.

“Las leyes migratorias están siendo usadas como un arma contra la disidencia legítima”, afirmó John Jenkins, experto en derecho migratorio de la Universidad de Georgetown. “El caso de Ozturk es alarmantemente emblemático”.

¿Qué riesgos acarrea el precedente legal?

El peligro más profundo está en el precedente. De ser encontrado válido el uso del sistema migratorio para castigar posturas políticas, podría amedrentar a miles de estudiantes y activistas internacionales. Según el Instituto de Educación Internacional (IIE), EE. UU. alberga a más de un millón de estudiantes extranjeros, muchos de los cuales participan activamente en debates políticos.

Sin una diferenciación clara entre libertad de expresión y amenaza a la seguridad nacional, cualquier crítica política —en especial dirigida hacia aliados estratégicos como Israel— podría considerarse peligrosa. Eso representa una desviación notoria de los principios democráticos sobre los cuales EE.UU. ha construido su imagen internacional.

El activismo estudiantil bajo ataque

Históricamente, los movimientos estudiantiles han desempeñado un rol esencial en la transformación social. Desde las marchas contra la guerra de Vietnam hasta el movimiento Black Lives Matter en el siglo XXI, los campus universitarios han funcionado como microcosmos democráticos.

Sin embargo, desde el ataque del 11 de septiembre de 2001, el aumento del control gubernamental e institucional sobre la libre asociación y expresión ha generado un clima de autocensura y vigilancia, especialmente entre estudiantes internacionales.

En palabras del profesor Noam Chomsky, “cuando los jóvenes tienen miedo de hablar, la democracia enferma”.

Apoyo institucional y alianzas emergentes

Aunque Tufts University aún no ha emitido una postura oficial firme, varios profesores y decanos han firmado cartas exigiendo transparencia en el proceso. Otras universidades como Harvard y MIT también han elevado su preocupación, diciendo que las detenciones como la de Ozturk deterioran el ambiente académico y el libre intercambio de ideas.

La organización PEN America, defensora de los derechos de escritores perseguidos, emitió un comunicado en abril criticando duramente la detención, calificándola como “una grave amenaza a la libertad de expresión universitaria”.

¿Qué sigue para Rumeysa Ozturk?

El destino de Ozturk sigue incierto. Aunque fue ordenado su traslado a Vermont para una audiencia, la administración del presidente Joe Biden ha tenido hasta ahora una postura ambivalente frente a este tipo de casos. Por un lado, ha prometido defender la democracia; por otro, sigue utilizando protocolos migratorios heredados de gobiernos anteriores para coartar formas de expresión política radical desde el extranjero.

Activistas y organizaciones esperan que el caso de Ozturk impulse una reforma tanto en las políticas migratorias universitarias como en el tratamiento de estudiantes extranjeros ante el disenso político. Como escribió Angela Davis en su obra “Freedom Is a Constant Struggle”: “Donde los derechos civiles se enfrentan al poder del Estado, debemos tomar partido, incluso cuando las consecuencias sean inciertas”.

Este caso representa una línea divisoria crítica. ¿Permitirá EE.UU. que su sistema migratorio se convierta en un canal para perseguir opiniones impopulares o reafirmará sus valores democráticos y constitucionales?

La historia de Rumeysa Ozturk aún no ha acabado, pero ya es un símbolo poderoso de hasta dónde puede llegar el sistema para salvar, o sofocar, la voz de la disidencia.

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Fuente principal: Documentos judiciales de la Corte de Apelaciones del 2do Circuito (Nueva York), entrevistas de ACLU y PEN America.