Universidades bajo fuego: Antisemitismo, protestas y el precio del silencio en los campus estadounidenses

En los últimos meses, el Congreso de Estados Unidos ha intensificado sus auditorías a instituciones educativas por su respuesta —o falta de ella— frente al antisemitismo en los campus universitarios. En una serie de audiencias de alto perfil convocadas por el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, el foco inicial estuvo en las instituciones de élite como Harvard, Columbia y Penn. Sin embargo, la reciente comparecencia de presidentes de universidades menos prominentes —Cal Poly, DePaul y Haverford— demostró que el escrutinio legislativo va más allá del Ivy League.

La audiencia que encendió las alarmas

El 5 de junio de 2024, tres presidentes universitarios testificaron ante el Congreso por los crecientes señalamientos de antisemitismo tras las protestas pro-palestinas que barrieron los campus desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás a Israel. Wendy Raymond (Haverford College), Robert Manuel (DePaul University) y Jeffrey Armstrong (Cal Poly) intentaron demostrar que sus instituciones están comprometidas con la seguridad de todos los estudiantes, independientemente de su afiliación religiosa, pero no lograron calmar las críticas republicanas.

El tono fue especialmente áspero con Wendy Raymond. Su negativa de divulgar detalles sobre castigos aplicados a estudiantes y profesores involucrados en actos antisemitas generó fuertes reproches. "Supongo que es su derecho de la Primera Enmienda ser evasiva, pero también es nuestro derecho decidir que tales instituciones no merecen dinero de los contribuyentes", declaró el representante republicano Bob Onder de Missouri.

Haverford College: El epicentro del debate

Haverford, una pequeña universidad de artes liberales ubicada en las afueras de Filadelfia, fue señalado por una serie de publicaciones y declaraciones dentro del campus consideradas problemáticas. Una en particular, emitida por un profesor que describió el ataque de Hamás como "personas encarceladas liberándose de sus cadenas", generó indignación. Raymond calificó el comentario de "repugnante" pero se negó a hablar de sanciones contra el profesor. El silencio le costó caro: Rep. Elise Stefanik, famosa por su interrogatorio a presidentes de Harvard y Penn que precedieron sus dimisiones, le advirtió que muchos antes que ella habían perdido su cargo por negarse a responder preguntas simples.

DePaul University: Encampamentos, armas y $180,000 en daños

El presidente Robert Manuel se enfrentó a otro dilema: explicar por qué su institución permitió un campamento pro-palestino durante 17 días, lo cual terminó en enfrentamientos con las autoridades y $180,000 en daños a instalaciones. La policía, tras desalojar el lugar, encontró cuchillos, una pistola de aire comprimido y otras armas.

Manuel prometió corregir la situación ante futuras ocupaciones: "Si hay otro campamento, será desmantelado al día siguiente", dijo tajantemente. Su respuesta fue vista como un intento por distanciarse de lo ocurrido, pero también como un gesto de tranquilidad ante legisladores que buscan castigar a universidades permisivas con el caos en sus campus.

¿Transparencia o protección de identidad estudiantil?

Una de las cuestiones clave que dividió opiniones fue si las universidades deben hacer públicos los castigos impuestos por actos antisemitas. Mientras Armstrong y Manuel dieron cifras y detalles generales, Raymond insistió en que Haverford no revela datos de medidas disciplinarias para proteger la privacidad y el debido proceso.

Este punto encendió un debate mayor: ¿debe una institución priorizar el bienestar colectivo o la confidencialidad individual? Para los republicanos en el Congreso, no hay duda: sin transparencia no hay financiamiento federal. "Debemos considerar recortes de fondos a instituciones que se niegan a proporcionar esta información", afirmó el legislador Ryan Mackenzie de Pensilvania.

Antisemitismo en aumento: Datos que preocupan

No es coincidencia este foco legislativo. Según la Liga Antidifamación (ADL), en 2023 se registraron más de 8,800 incidentes antisemitas en EE.UU., el mayor número desde que comenzaron los registros en 1979, y muchos de ellos ocurrieron en espacios universitarios. El incremento está directamente relacionado con la guerra entre Israel y Hamás, que polarizó al país, especialmente a estudiantes jóvenes.

La ADL también documentó que alrededor del 25% de los estudiantes judíos en universidades reportan sentirse inseguros o incómodos en sus campus. Este hecho ha aumentado la presión hacia los administradores universitarios, a menudo paralizados entre garantizar la libertad de expresión y proteger a las minorías.

Se repite la historia: Harvard, Penn y Columbia bajo fuego

Los antecedentes pesan: en diciembre de 2023, Claudine Gay (presidenta de Harvard), Elizabeth Magill (Penn) y Minouche Shafik (Columbia) enfrentaron intensos cuestionamientos por posturas ambiguas sobre si discursos que pedían la destrucción del Estado de Israel constituían discursos de odio. El costo fue alto: Magill y Gay terminaron renunciando a sus cargos tras las audiencias. La lección para otros rectores parece clara: las respuestas evasivas pueden ser interpretadas como complicidad o falta de liderazgo.

¿Una cruzada política o una causa justa?

Si bien los republicanos han liderado estas audiencias, los demócratas más progresistas han cuestionado la intención detrás de ellas. Alegan una campaña de politización de la educación superior, donde se usa el antisemitismo como pretexto para supervisar la ideología de los campus.

"Esto no es otra cosa que teatro político", declaró un demócrata presente en la audiencia. Otros argumentan que el verdadero objetivo es frenar el activismo pro-palestino, muy extendido entre estudiantes universitarios, y castigar a universidades percibidas como bastiones progresistas.

Sin embargo, incluso dentro de sectores progresistas hay reconocimiento del problema. Algunos líderes estudiantiles y profesores judíos han alertado que la defensa de Palestina se ha mezclado peligrosamente con discursos que trivializan, justifican o glorifican actos de violencia contra judíos.

La amenaza al financiamiento federal

Como medida adicional, el gobierno de Trump ha paralizado más de $2.000 millones en subvenciones federales a las universidades implicadas en casos de antisemitismo. Harvard ya ha presentado demandas legales para revertir esta decisión. La administración también ha anunciado la creación de una fuerza de tarea federal para combatir el antisemitismo en la educación superior.

¿Qué viene después?

El futuro para universidades como Haverford, DePaul y Cal Poly depende de su capacidad de responder de forma transparente y decidida a los incidentes de antisemitismo, sin comprometer derechos fundamentales como la libertad de expresión o el debido proceso. La pregunta ya no es si hay antisemitismo en los campus —los datos muestran que sí lo hay— sino cómo se combate sin crear una caza de brujas ideológica.

Más allá del debate sobre fondos federales o posiciones políticas, lo que está en juego es la imagen de las universidades como espacios seguros, inclusivos y libres para el pensamiento. Y hoy, esa imagen se tambalea bajo el peso de los silencios, las evasivas y la polarización.