El caso Rumeysa Ozturk: libertad de expresión, inmigración y tensiones políticas en EE.UU.

Por: Redacción Especial

El caso que remueve campus e instituciones judiciales

El arresto y detención de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de 30 años en la Universidad de Tufts (Massachusetts), ha desencadenado una feroz controversia sobre inmigración, libertad de expresión y presiones geopolíticas reflejadas en los campus universitarios estadounidenses. Lo que comenzó como una supuesta violación administrativa de visa ha escalado a un debate nacional e internacional.

Ozturk fue arrestada el 25 de marzo de 2025 mientras caminaba por una calle en Somerville, Massachusetts, y desde entonces ha pasado por varios centros de detención locales y federales, hasta ser trasladada a un centro de ICE en Basile, Luisiana. Sus abogados alegan que nunca fue notificada de la revocación de su visa estudiantil y que su detención viola sus derechos constitucionales, especialmente la libertad de expresión y el debido proceso.

Los orígenes del conflicto

El corazón del caso se remonta a un artículo de opinión (op-ed) publicado en el periódico universitario The Tufts Daily en 2024. Ozturk, junto a otros tres estudiantes, criticó la postura de la universidad respecto a las protestas estudiantiles que pedían al centro académico reconocer lo que denominaron “genocidio palestino”, revelar sus inversiones y retirarlas de compañías con vínculos a Israel.

En una medida vista por muchos como represalia, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó su visa estudiante con el argumento de que sus acciones "podrían socavar la política exterior estadounidense creando un ambiente hostil para estudiantes judíos y mostrando apoyo a una organización terrorista designada", refiriéndose tácitamente a Hamas.

¿Represalia política en territorio académico?

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin aportar pruebas públicas, Ozturk habría participado en actividades de apoyo a Hamas, grupo señalado como terrorista por EE.UU. Sin embargo, sus abogados rechazan rotundamente estas acusaciones por carecer de fundamento y consideran que el caso se sustenta en motivos políticos y no jurídicos. Como señala Sarah Lee, abogada de Ozturk: “Estamos viendo cómo se criminaliza la disidencia en los campus al amparo del sistema migratorio”.

Una detención rodeada de irregularidades

De acuerdo con informes legales, Ozturk fue trasladada sin ningún tipo de comunicación a sus abogados ni a sus familiares durante más de 24 horas. Fue conducida en automóvil a través de tres estados —Massachusetts, New Hampshire y Vermont— para finalmente ser enviada vía aérea al centro de detención de Basile, Luisiana.

No fue hasta seis semanas después, gracias a una orden del juez federal William Sessions en Vermont, que se programó una audiencia de fianza. El gobierno intentó retrasar su traslado de regreso a Vermont —donde Ozturk había sido encarcelada inicialmente— pero una corte de apelaciones federal ratificó la orden, estableciendo su traslado antes del 14 de mayo.

El hecho de que el juez Sessions haya decidido no esperar la transferencia y proceder con la audiencia de fianza evidenció su intención de garantizar los derechos básicos de la estudiante. Es la primera vez que una corte federal impone una orden de traslado a ICE en un caso de libertad de fianza con connotaciones de libertad de expresión.

La guerra cultural en las universidades

Lo sucedido con Ozturk no es un caso aislado. En los últimos años, el clima en los campus universitarios estadounidenses ha visto un fuerte aumento de tensiones relacionadas con la situación en Medio Oriente, la libertad de expresión y cómo las instituciones manejan las críticas a sus políticas de inversión o vínculos con países extranjeros.

Según un reporte del Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), un 47% de estudiantes musulmanes o de origen árabe reportan sentirse perseguidos por expresar opiniones políticas consideradas impopulares o sensibles.

En este contexto, Tufts University, como muchas otras, ha sido centro de protestas y publicaciones estudiantiles críticas, particularmente desde los ataques en Gaza y la creciente atención a las políticas de inversión de universidades estadounidenses en empresas vinculadas al complejo militar de Israel.

La administración de Tufts, sin embargo, ha guardado silencio sobre el caso, solamente refiriéndose de manera vaga a que "la ley debe seguir su curso".

¿Un caso de perfilamiento político?

La posibilidad de que esta detención sea un caso de represalia política ha sido respaldada por organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU), que recientemente emitió una declaración indicando que "el uso del sistema migratorio para silenciar el disenso académico es una amenaza directa contra la libertad de expresión protegida por la Constitución".

Además, la comunidad académica no ha permanecido en silencio. Centenares de personas se han manifestado en Massachusetts, especialmente en las cercanías de Tufts, exigiendo la liberación inmediata de Ozturk. El caso ha resonado fuertemente también en la diáspora turca en EE.UU., con múltiples organizaciones comunitarias denunciando el trato arbitrario y violento contra ciudadanos turcos con perfil político crítico.

Similitudes con otros casos recientes

• En mayo de 2024, el estudiante palestino Ahmed Abukhater fue interrogado durante ocho horas en el Aeropuerto JFK por “comentarios críticos a Israel en redes sociales”.
• En 2023, un profesor en la Universidad de Georgetown fue erróneamente incluido en una lista de terroristas por haber firmado una carta académica cuestionando la ocupación israelí. Fue detenido brevemente por ICE antes de que las acusaciones fueran retiradas.

Estos incidentes apuntan a una preocupante tendencia: la utilización de herramientas migratorias y de seguridad nacional para restringir la disidencia política, especialmente cuando esta proviene de estudiantes internacionales con posturas críticas al statu quo geopolítico estadounidense.

Rumeysa Ozturk: ¿chivo expiatorio o símbolo?

Si bien el caso aún debe resolverse en los tribunales, lo cierto es que la percepción pública ya ha convertido a Ozturk en una figura simbólica del creciente conflicto entre expresiones de solidaridad con Palestina y la respuesta institucional en EE.UU.

Organizaciones como Jewish Voice for Peace y Students for Justice in Palestine han defendido su derecho a expresarse libremente, enfatizando que criticar al gobierno de Israel o su aparato militar no equivale a antisemitismo ni a apología al terrorismo.

Mientras la administración Biden mantiene una posición ambigua entre el respeto a la libertad académica y la presión de grupos de lobby pro-Israel, este caso podría sentar un precedente peligroso al combinar distintas agendas: seguridad, inmigración y política exterior.

No solo un caso legal: es una ventana al alma de EE.UU.

El caso de Ozturk ha despertado un tipo de conversación que suele evitarse en público: cómo la política exterior y la presión de ciertos grupos influyen directamente en la vida de estudiantes extranjeros en EE.UU.

El hecho de que un artículo de opinión universitario sea usado como argumento para revocar una visa simboliza un peligroso cruce de caminos: aquel en el cual el derecho a opinar sobre temas globales termina colisionando con los mecanismos de vigilancia e inmigración del estado.

La audiencia del 14 de mayo será vista no solo con los ojos de la justicia, sino también por miles de estudiantes, académicos y defensores de derechos civiles que observan atentos si todavía es posible disentir —sin consecuencias— en la tierra que se precia de haber inventado la libertad de expresión.