El colapso silencioso de la infraestructura escolar rural en EE. UU.

Una escuela que ya no es para todos

En Ely, una pequeña comunidad del este de Nevada con poco más de 9,000 habitantes, los estudiantes están atrapados en edificios escolares de más de cien años que, lejos de ser recintos de aprendizaje modernos, representan un riesgo para su seguridad y salud.

La David E. Norman Elementary School, construida en 1909, y la White Pine Middle School, de 1913, siguen funcionando a pesar de su obsolescencia. Ambas escuelas tienen serios problemas estructurales y sanitarios: contienen amianto en techos, suelos, tuberías y muros, carecen de sistemas confiables de calefacción y ventilación, y no están equipadas con rociadores automáticos contra incendios, un riesgo significativo que pone en peligro a cientos de niños y trabajadores.

Pero la deficiencia más dramática es su inaccesibilidad. La escuela secundaria de tres pisos no tiene ascensor, lo que viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El estudiante Ty Willman lo vivió en carne propia cuando, tras romperse una pierna, no pudo asistir físicamente a sus clases debido a su incapacidad para subir escaleras. "Mi condición quizá sea temporal, pero no la de todos", declaró en una audiencia legislativa. "Estoy aquí para hablar por todos: White Pine Middle School no está hecha para todos".

Un sistema de financiamiento educativo desigual

El drama de Ely nace de un modelo de financiamiento que deja a su suerte a las comunidades rurales. En Nevada, el estado no participa en el financiamiento directo de la construcción escolar. Según la Education Commission of the States, Nevada es uno de los 15 estados que no proporciona fondos estatales para la infraestructura escolar. Todo depende del financiamiento local, basado mayormente en impuestos sobre propiedades y bonos aprobados por los votantes.

White Pine County, donde se asienta Ely, tiene el tercer impuesto sobre ventas más alto del estado (7.725%) y un impuesto sobre la propiedad en su techo legal: $3.64 por cada $100 de valor catastral. De esos, solo 25 centavos se destinan a infraestructura escolar. Aun con estas tasas impositivas en su límite, el distrito podría aspirar a un bono de tan solo $10 millones, muy por debajo de los $100 millones requeridos para construir una nueva escuela K-8 que sustituya a las dos actuales.

Intentos fallidos de obtener ayuda estatal

Durante años, el distrito escolar de White Pine ha pedido ayuda al gobierno estatal, sin éxito. En 2021, presentaron una solicitud al Fondo para Asistir a los Distritos Escolares en el Financiamiento de Mejoras de Capital, creado en 1999 pero que no ha sido financiado desde entonces. Nunca obtuvieron respuesta.

Ese mismo año, el exsenador Pete Goicoechea propuso una ley (SB395) para permitir que el condado excediera el tope de impuestos para financiar una nueva escuela, pero murió en el proceso legislativo. En 2023, presentó otro proyecto para asignar $100 millones directamente al distrito, sin éxito.

Una luz de esperanza podría ser el nuevo proyecto de ley AB224, propuesto por la asambleísta Erica Mosca (D-Las Vegas). Su plan implica la emisión de bonos estatales por $100 millones para distritos rurales en condiciones similares, sin necesidad de aumentar impuestos estatales ni reducir otros presupuestos. “Cuando una escuela tiene más de cien años y no hay una base fiscal local suficiente, el estado debe intervenir”, afirmó Mosca.

La matemática no cuadra

El director financiero del distrito educativo, Paul Johnson, resume la situación con pragmatismo: “La matemática simplemente no da”. Aunque el distrito tiene $3 millones en reservas, ni siquiera un hipotético bono máximo asegura llegar a los $100 millones. El tema no es que gasten mal el dinero, sino que simplemente carecen del volumen fiscal para generar los recursos necesarios.

Para agravar las cosas, el costo estimado de construcción se ha disparado debido a la inflación. Hace dos años, construir una nueva escuela costaba $60 millones. Hoy se calcula que ese número se ha elevado a $100 millones, sin que cambie el tamaño o el diseño proyectado.

Una excepción reciente: la tribu Shoshone-Paiute

En 2023, se aprobó el proyecto de ley AB519, que otorgó $64.5 millones para construir una escuela en la reserva de la tribu Shoshone-Paiute de Duck Valley. Además, se creó un fondo de $50 millones para ayudar a otros distritos rurales a financiar mejoras en su infraestructura educativa. Pero solo $25 millones están destinados específicamente a escuelas tribales.

El proyecto también autorizó a condados con menos de 100,000 habitantes a elevar temporalmente sus impuestos sobre la propiedad en 25 centavos por cada $100. Sin embargo, Johnson afirma que esta opción generaría apenas $1 millón anual en White Pine, lo que seguiría siendo insuficiente.

Educación rural: un problema estructural a nivel nacional

La situación de Ely es la punta de un iceberg estructural. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, aproximadamente el 19% de los estudiantes estadounidenses asisten a escuelas en áreas rurales. A nivel nacional, muchas de estas escuelas están en infraestructuras viejas o en mal estado.

La Asociación Nacional de Educación señala que se necesitarían más de $200 mil millones para poner todas las escuelas de Estados Unidos en condiciones adecuadas. Solo en Nevada, los distritos rurales representan casi el 70% del territorio estatal, con una población altamente dispersa y una base impositiva estrecha.

Aunque hay soluciones locales —como la aprobación de nuevos impuestos o el uso de recursos federales del American Rescue Plan—, estos recursos rara vez son suficientes. Se necesita una política nacional o estatal estructurada que reconozca las inequidades territoriales y apoye específicamente a estas zonas rezagadas.

Más que un edificio: un derecho fundamental

La educación pública es un derecho, pero para que sea eficaz requiere de condiciones mínimas: seguridad, accesibilidad e infraestructura adecuada. En Ely, esos elementos están ausentes. Y mientras los estudiantes esquivan baldosas flojas, lidian con temperaturas extremas o deben estudiar desde casa por no poder subir unas escaleras, el país continúa ignorando a los marginados del mapa escolar.

"Queremos que el estado se asocie con nosotros para encontrar una solución, porque importa", dijo Johnson. Sí, importa. Porque una escuela en ruinas no solo representa un problema presupuestario o logístico: representa la fractura de un pacto social que prometía igualdad de oportunidades para todos los niños, vivan donde vivan.