Ricardo Martinelli: El expresidente panameño que desafía a la justicia con exilios dorados

Ricardo Martinelli vuelve a ser noticia. El exmandatario panameño, figura empresarial convertida en político polémico, ha dejado la embajada de Nicaragua en Panamá —donde se refugió por más de un año— para dirigirse a Colombia, país que ahora le otorga asilo político. Un capítulo más en su historia entre el poder, la justicia y la controversia regional.

De magnate de supermercados a presidente: el ascenso de Martinelli

Ricardo Martinelli, empresario y dueño de la cadena de supermercados Super 99, logró escalar a la presidencia de Panamá en 2009 gracias a un discurso empresarial, firme y cargado de promesas de modernización e infraestructura. Su gobierno (2009-2014) fue el escenario de un crecimiento económico vertiginoso para Panamá, con un promedio del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 7% anual, impulsado principalmente por la expansión del Canal de Panamá y la construcción del primer metro en Centroamérica.

Pero no todo fue progreso económico. Su administración también estuvo plagada de denuncias de corrupción, autoritarismo y vigilancia ilegal. Tan solo en 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó por “corrupción significativa”.

La caída: juicio y condena por lavado de dinero

En julio de 2023, un tribunal panameño sentenció a Martinelli a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de dinero. La condena está relacionada con la compra del grupo editorial EPASA, realizado a través de dinero desviado de contratos públicos. Esta adquisición fue considerada por los fiscales como una maniobra para controlar medios de comunicación y promover su agenda política.

Martinelli, quien aún lideraba su partido Realizando Metas, fue el candidato presidencial para las elecciones de 2024 hasta que su condena fue ratificada por la Corte Suprema, lo que legalmente lo inhabilitó para postularse.

La vía del asilo: una jugada audaz con aroma a impunidad

Tras la confirmación de la sentencia, Martinelli no optó por entregarse. En cambio, buscó asilo en la embajada de Nicaragua, cuyo presidente Daniel Ortega aprobó su solicitud rápidamente. Sin embargo, el gobierno panameño rechazó el permiso para su traslado al país centroamericano, generando un impasse jurídico-diplomático que duró más de un año con Martinelli confinado dentro de la sede diplomática.

Este sábado, la situación cambió de rumbo. El presidente colombiano Gustavo Petro comunicó oficialmente al presidente panameño José Raúl Mulino que Bogotá le concedía asilo a Martinelli, quien partió rumbo a Colombia gracias a un salvoconducto emitido por Panamá.

“La República de Colombia es un Estado que históricamente ha respetado y promovido el derecho internacional, incluyendo el sistema de asilo dentro del sistema interamericano”, decía el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

¿Perseguido político o prófugo privilegiado?

El propio Martinelli ha sostenido que su caso es una persecución política para impedir que regrese al poder. No son pocos los analistas que dudan de esta versión, señalando que existen pruebas contundentes sobre su implicación directa en actos de corrupción.

Lejos de ser una figura política debilitada, Martinelli aún conserva gran influencia. Tras su inhabilitación, su fórmula presidencial fue tomada por su vicepresidente, José Raúl Mulino, quien finalmente alcanzó la presidencia con un fuerte respaldo de los seguidores de Martinelli.

Este movimiento ha sido interpretado como una estrategia para seguir controlando el poder desde las sombras, lo que plantea dudas sobre la transparencia institucional en Panamá.

Nicaragua y Colombia: el ajedrez diplomático regional

¿Por qué Colombia aceptó asilarlo? Hasta hace semanas, el gobierno colombiano no había hecho comentarios públicos sobre el caso Martinelli. La decisión final de concederle refugio puede tener matices regionales e ideológicos. El presidente Petro, de orientación izquierdista y exguerrillero, podría estar alineando su política exterior con una visión crítica a las instituciones judiciales tradicionales de América Latina, a las que ha acusado en el pasado de estar cooptadas por las élites económicas.

Por otro lado, no se puede ignorar que el hecho de permitir el asilo a un expresidente condenado por corrupción envía un mensaje ambiguo a la región. ¿Está Colombia desvirtuando los principios de justicia internacional al proteger a un condenado por delitos financieros?

Asilos controversiales en América Latina

Martinelli no es el primer líder latinoamericano en recurrir al asilo para evitar prisiones domésticas. En los últimos años varios políticos han seguido este camino:

• Rafael Correa, expresidente de Ecuador, reside en Bélgica tras ser condenado por corrupción y tener órdenes de captura en su país.
• Alan García, antes de su trágico suicidio, intentó refugiarse en la embajada de Uruguay en Lima para evitar su arresto en Perú.
• Porfirio Lobo y Manuel Zelaya en Honduras han alegado persecución política en diversas investigaciones.

El uso del asilo político ha sido visto tanto como una herramienta de protección de derechos humanos como un resquicio utilizado por poderosos para eludir la justicia cuando gozan de afinidad ideológica con gobiernos extranjeros.

Implicaciones para Panamá

Más allá de la salida personal de Martinelli, su caso pone de manifiesto los grandes desafíos en la consolidación de la justicia en Panamá. A pesar de avances en condenas importantes, la percepción de impunidad y la posibilidad de que figuras condenadas eludan la prisión persiste.

Esto debilita la confianza ciudadana y siembra dudas sobre la independencia del sistema judicial. Según Transparencia Internacional, Panamá ocupa el lugar 101 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción del 2023, lo que evidencia una deficiencia estructural en el combate contra los delitos de cuello blanco.

¿Habrá justicia internacional?

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han seguido casos similares, pero rara vez han logrado revertir decisiones de asilo cuando son concedidos de manera soberana. En este caso, todo indica que Martinelli podría permanecer en Colombia sin enfrentar la justicia panameña salvo que se produzca un eventual cambio político o diplomático.

No obstante, hay antecedentes de extradiciones después de varios años, especialmente cuando los gobiernos cambian. Un ejemplo es Alejandro Toledo, expresidente de Perú, extraditado desde Estados Unidos por cargos de corrupción relacionados con el escándalo Odebrecht.

La novela continúa

Ricardo Martinelli es una figura que polariza a la sociedad panameña. Para sus partidarios, es el mejor presidente que ha tenido el país; para otros, representa el uso descarado del poder para obtener beneficios personales.

Su nueva residencia en Colombia no cierra el capítulo, sino que lo prolonga. No sería impensable verlo intervenir —aunque sea indirectamente— en las decisiones del nuevo gobierno panameño. Seguiremos escuchando su voz, leyendo sus publicaciones y quizá viendo crecer su influencia desde el exilio. Porque si algo ha demostrado este expresidente, es que sabe jugar el ajedrez del poder tan bien como un político, y protegerse como un magnate.