¿El regreso imposible? Rodrigo Duterte busca el poder desde una celda en La Haya

Una candidatura desde prisión

Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas (2016–2022) conocido por su brutal guerra contra las drogas, está de regreso en la política. Pero esta vez, desde una situación insólita: detenido en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, acusado de crímenes de lesa humanidad.

La sorpresa no radica en su retorno, sino en las condiciones: a pesar de estar bajo custodia internacional, Duterte aparece como candidato para alcalde de Davao, su fortín político al sur del archipiélago. Esta posibilidad no es un error jurídico; la ley filipina permite que una persona pueda postularse para cargos públicos incluso estando detenida, siempre que no haya una condena final firme.

La legalidad filipina y sus grises democráticos

Filipinas, una de las democracias más vibrantes pero también más frágiles del sudeste asiático, ha permitido que figuras políticas enjuiciadas mantengan influencia electoral. Según la Comisión de Elecciones (Comelec), "una persona puede postularse mientras no haya sentencia firme" (Section 12, Omnibus Election Code).

No es la primera vez que esto ocurre en el país. En 2001, el ex-presidente Joseph Estrada fue detenido por corrupción, y aún así intentó regresar al poder en 2010, quedando segundo en las elecciones. La candidatura de Duterte, sin embargo, marca un nuevo nivel: su juicio lleva sello internacional y las acusaciones son por crímenes de lesa humanidad, con miles de muertes asociadas a su campaña antidrogas.

El legado cuestionado: la guerra contra las drogas

Durante su presidencia, Duterte lideró una violenta ofensiva contra el narcotráfico. Se estima que entre 6,000 y 30,000 personas murieron en ejecuciones extrajudiciales, según cifras de Amnistía Internacional y organizaciones locales como Human Rights Watch. Las fuerzas policiales y grupos civiles armados fueron acusados de operar bajo impunidad, con poco o ningún debido proceso.

Una de las frases más recordadas fue su instrucción a la policía: "Si ven a alguien con drogas, mátenlo. Yo asumiré la responsabilidad". Ese tipo de retórica lo catapultó al poder, pero ahora también lo ha llevado al banquillo internacional en La Haya. El juicio no solo busca justicia para las víctimas, sino también sentar un precedente global contra el autoritarismo impune.

Una familia política en plena batalla

La historia no termina con Rodrigo. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, enfrenta un juicio político en el Senado. Está acusada de conspirar para asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., actual jefe de Estado, y de participar en actividades de corrupción vinculadas con fondos secretos de inteligencia. Sara ha desmentido las acusaciones y asegura que son "movidas políticas" para neutralizarla antes de 2028, año en el que teóricamente podría postularse a la presidencia.

Este pulso entre los Duterte y la familia Marcos reaviva una vieja tendencia en la política filipina: el dominio de clanes políticos. Según el Instituto para Estudios del Desarrollo de Filipinas, más del 70% de los distritos electorales del país están controlados por familias políticas hereditarias.

El tablero del poder en 2025

Las elecciones de mitad de mandato, agendadas para este lunes, serán determinantes no solo para el clan Duterte, sino para el equilibrio de poder de cara a las presidenciales de 2028. Se elegirán:

• 12 senadores (la mitad del total)
• 317 congresistas
• Más de 17,000 cargos locales (gobernadores, alcaldes, concejales, etc.)

"Estas elecciones definirán el ritmo de lo que pasará después. Qué facción o qué familia dominará en 2028", explicó Maria Ela Atienza, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Filipinas. Si Sara es condenada en el Senado, perderá su cargo y quedará inhabilitada para futuras aspiraciones. Y si Rodrigo gana una posición simbólica desde prisión, consolidará un mensaje: que el apellido Duterte aún tiene peso político.

¿Gobernar desde prisión?

Ganar una alcaldía mientras se está tras las rejas no es solo un acto simbólico. Plantea interrogantes logísticos y constitucionales. ¿Cómo ejercer funciones administrativas desde una celda en Países Bajos?

Los Duterte parecen más interesados en el valor simbólico que en la gestión efectiva. El objetivo es mantener presencia, visibilidad, y sobre todo, mostrar resiliencia frente al aparato judicial nacional e internacional. En palabras de Sara Duterte durante un mitin reciente: "Su voto decidirá si continuamos las reformas o si el país se encamina hacia el desastre".

Una sombra persistente: Apollo Quiboloy

Otro nombre controvertido en estas elecciones es el del televangelista Apollo Quiboloy, aliado espiritual de Duterte y también acusado de crímenes graves, incluyendo tráfico humano y abuso sexual. Está detenido y busca un escaño en el Senado. La cultura electoral filipina, permeada por la religiosidad, ha permitido que figuras como Quiboloy movilicen bases populares a pesar de los escándalos.

El fin del clan o su mutación estratégica

El resultado de estas elecciones puede marcar el ascenso, mutación o declive del poder de los Duterte. Aunque Rodrigo está privado de libertad, su ejército familiar sigue posicionado en cargos clave. Su hijo Sebastián quiere ser vicealcalde de Davao. Paolo, el mayor, busca reelegirse como congresista. Incluso algunos nietos compiten en elecciones locales.

Si la familia logra retener posiciones, podrá usarlas como trampolín para el 2028. Si fracasa, podría ser el comienzo del ocaso del clan que marcó la política reciente en Filipinas con una mezcla de populismo, represión y espectáculo.

Un fenómeno digno de estudio político global

Filipinas sirve de espejo de otros países donde el autoritarismo carismático no solo sobrevive, sino que se reinventa. El caso Duterte plantea preguntas esenciales sobre las democracias contemporáneas:

• ¿Hasta dónde llega la voluntad electoral frente al estado de derecho?
• ¿Puede una democracia funcional permitir que acusados de crímenes graves compitan por cargos públicos?
• ¿El voto popular justifica cualquier transgresión institucional?

Mientras tanto, los 68 millones de filipinos habilitados a votar este lunes tienen en sus manos una papeleta cargada de historia, drama político y consecuencias que resonarán mucho más allá del Pacífico.