Avelo Airlines y los vuelos de deportación: ¿una aerolínea de bajo costo o una herramienta de expulsión masiva?

Una aerolínea emergente en el ojo del huracán

Fundada en 2021, Avelo Airlines surgió en plena pandemia como una alternativa de bajo costo que apostaba por rutas olvidadas por las grandes compañías aéreas. Su estrategia se basó en utilizar aviones Boeing 737-800 de segunda mano y operar desde aeropuertos secundarios más económicos, lo cual le permitió obtener su primer trimestre con ganancias a finales de 2023. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de innovación y eficiencia ha cambiado drásticamente su narrativa en los últimos meses.

En abril de 2025, Avelo anunció que firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para operar vuelos chárter de deportación desde el aeropuerto Mesa Gateway, en las afueras de Phoenix, Arizona. Esta decisión ha provocado una ola de críticas, protestas y llamados al boicot de la aerolínea, desde grupos defensores de los inmigrantes hasta sindicatos de trabajadores del transporte aéreo.

Lucrar con la deportación: ¿una oportunidad empresarial o complicidad política?

En medio del contexto político actual, marcado por los esfuerzos de la administración Trump para intensificar la deportación de migrantes, muchas empresas han buscado obtener beneficios mediante contratos con el gobierno federal. El plan del Partido Republicano busca deportar a un millón de personas al año, duplicar el número de oficiales de inmigración (contratando 10,000 nuevos agentes) y expandir la capacidad de los centros de detención migratoria a 100,000 personas.

En este marco, Avelo se posiciona como uno de los pocos transportistas comerciales tradicionales que exploran este nicho. Según Witness at the Border, una organización dedicada a rastrear vuelos de deportación, es poco común que compañías con presencia en el mercado comercial directo se involucren en este tipo de vuelos. Generalmente, estas operaciones las realizan compañías chárter especializadas bajo contrato con intermediarios como CSI Aviation, que en este caso también está asociado con Avelo.

Resistencia y reacción: protestas, boicots y políticos en contra

El anuncio del acuerdo no tardó en provocar respuesta ciudadana y política. En ciudades donde Avelo tiene presencia, como New Haven, Connecticut, manifestantes y activistas han salido a la calle. El alcalde demócrata de esta ciudad, Justin Elicker, calificó la decisión de la aerolínea como "antitética a los valores de New Haven". En Arizona, más de 30 personas protestaron cerca del aeropuerto Mesa Gateway, mientras que en Connecticut, unas 150 se manifestaron frente al aeropuerto Tweed New Haven.

El grupo Unidad Latina en Acción, con sede en New Haven, ha lanzado una campaña para causar una pérdida económica a la compañía como forma de presión. "Debemos generar daño económico a la empresa para convencerla de que se coloque del lado de la gente y no del gobierno", expresó su portavoz, John Jairo Lugo.

Preocupaciones de seguridad: una advertencia desde dentro

Más allá del aspecto ético y político, también se han alzado voces desde el interior de la industria aérea. El sindicato Association of Flight Attendants-CWA expresó su rotunda oposición a la participación de Avelo en vuelos de deportación. En un comunicado advirtieron que:

“Tener un vuelo entero con personas esposadas y encadenadas obstaculiza cualquier posible evacuación de emergencia y eleva el riesgo de lesiones o muertes. Esto impide también que podamos responder a emergencias médicas, incendios a bordo o despresurización de forma adecuada.”

Las normas federales exigen la evacuación completa de un avión en menos de 90 segundos. El sindicato considera que este estándar es incompatible con vuelos cargados de personas detenidas bajo medidas estrictas de seguridad.

El negocio de la deportación: de hoteles a aerolíneas

Este no es el primer caso en que empresas privadas enfrentan críticas por colaborar con la maquinaria de deportación estadounidense. Durante la primera administración de Trump, diversas cadenas hoteleras —como Marriott y Hilton— se enfrentaron a una tormenta mediática cuando se descubrió que alojaban menores migrantes detenidos. Tras la presión pública, muchas cadenas hoteleras se desvincularon.

Las compañías tradicionalmente implicadas en este sector, como The GEO Group y CoreCivic, son proveedores de centros de detención privados. Obtienen miles de millones de dólares a través de contratos gubernamentales, pero no dependen de la percepción del consumidor. Avelo, en cambio, sí lo hace.

¿Dónde encaja Avelo en este ecosistema?

Ubicada estratégicamente en Mesa, Arizona, una ciudad de medio millón de habitantes considerada uno de los cinco principales centros de operaciones aéreas de ICE, Avelo inicia un camino polémico sobre el que pocos han transitado. Según datos de Witness at the Border, ICE Air operó casi 8,000 vuelos en un periodo de 12 meses hasta abril de 2025.

Hasta ahora, los principales operadores de estos vuelos han sido GlobalX y Eastern Air Express. El papel de Avelo como carrier secundario en el contrato de CSI Aviation plantea nuevos interrogantes no solo sobre su posicionamiento ético sino también sobre su viabilidad financiera en un mercado cada vez más consciente políticamente.

El costo de la neutralidad empresarial

La postura de Avelo, expresada por su CEO Andrew Levy —veterano de compañías como United y Allegiant Airlines— ha sido cuidadosamente neutral. Levy ha afirmado que “comprenden la sensibilidad del tema” pero que el objetivo de este contrato es expandir la empresa y proteger empleos. Sin embargo, esa neutralidad puede no ser suficiente ante consumidores cada vez más informados y emocionalmente implicados.

A pesar de haber tenido su primer trimestre rentable en febrero de 2024, Avelo se mantiene como una compañía privada y por tanto no está obligada a publicar resultados financieros. Esto dificulta saber en qué medida sus contratos con el gobierno pueden afectar su balanza económica y su imagen pública.

Aerolíneas, migración y responsabilidad social: ¿pueden coexistir?

La participación de Avelo en vuelos de deportación abre un debate urgente con múltiples aristas: ¿Deben las empresas involucrarse en políticas migratorias tan divisivas? ¿Debería el consumidor boicotear marcas implicadas en estos procesos? ¿Y qué papel juegan los trabajadores que dependen de estos empleos para subsistir?

Lo cierto es que el conflicto entre rentabilidad empresarial y responsabilidad ética no es nuevo, pero se materializa de forma particularmente cruda en contextos donde los derechos humanos y la dignidad de las personas están en juego. Mientras algunos defienden el derecho de las empresas a operar en cualquier sector legal, otros argumentan que hay fronteras morales que no deberían cruzarse, incluso si son lucrativas.

En tiempos de polarización política y crisis migratorias globales, las decisiones de compañías como Avelo no son neutras: son una declaración.