Crisis de seguros en California: ¿quién paga los platos rotos de los incendios forestales?

Cuando el fuego arrasa, ¿quién paga?

California, ese estado bendecido por paisajes diversos y un clima envidiable, también lleva años lidiando con uno de sus mayores flagelos: los incendios forestales. Desde el norte hasta el sur, pocas comunidades han quedado intactas de lo que ya no se consideran tragedias aisladas, sino una nueva normalidad climática.

En esta oportunidad, el fuego no solo ha dejado una estela de destrucción física —más de 16,000 edificaciones perdidas solo en enero de 2025 en Los Ángeles— sino que también está quemando literalmente el bolsillo de los californianos. State Farm, la mayor aseguradora de viviendas en el estado, ha recibido la autorización de incrementar las primas de todos sus clientes en un 17%. Y eso es solo el comienzo.

El argumento de State Farm: rescate financiero vs consumidores

State Farm justificó su petición en lo que denominó como una situación financiera “crítica”. La compañía ya venía arrastrando problemas económicos antes de los incendios, pero los más recientes eventos han agravado el cuadro. Según cifras proporcionadas por la propia aseguradora, su cuenta de superávit ha disminuido en $5,000 millones en la última década. Además, ha desembolsado más de $3.5 mil millones en pagos de siniestros y está manejando más de 12,600 reclamaciones activas.

Ante este escenario, un juez administrativo calificó la medida como una “misión de rescate” necesaria para que la aseguradora pueda mantenerse operativa y evitar cancelar aún más pólizas.

Regulaciones bajo presión: ¿una reforma que ayuda o perjudica?

Ricardo Lara, el Comisionado de Seguros de California, adoptó la recomendación del juez el mismo día, con la condición de que State Farm justifique formalmente su estado financiero en audiencias que comenzarán en octubre. Mientras tanto, este aumento de tarifas permanece vigente de forma “temporal”.

El trasfondo político y regulatorio también es importante. En 2023, Lara presentó un paquete de reformas regulatorias que buscaban flexibilizar las reglas para que aseguradoras pudieran cobrar más a cambio de mantener operaciones en zonas de alto riesgo. Esto surgió cuando compañías como Allstate, Farmers y la misma State Farm anunciaron que dejarían de emitir nuevas pólizas residenciales debido al aumento exponencial del riesgo por incendios.

“Espero que State Farm proporcione el nivel más alto de servicio a sus clientes en California y cumpla sus promesas”, dijo Lara en su comunicado. Pero el dilema persiste: ¿cuán alto puede costar una promesa?

Las víctimas silenciosas del sistema: inquilinos y pequeños propietarios

Si bien el 17% de aumento afecta a los propietarios de viviendas aseguradas por State Farm, la medida también contempla un aumento del 38% para dueños de propiedades alquiladas y uno del 15% para los inquilinos. En un contexto donde California ya enfrenta una crisis habitacional, estos incrementos no harán más que tensar la cuerda.

“Esta decisión hace que los consumidores paguen ahora, pero permite que State Farm demore meses en demostrar los fundamentos detrás del aumento”, criticó Carmen Balber, directora ejecutiva de Consumer Watchdog, una organización que frecuentemente actúa en representación de los derechos de los consumidores.

Balber no está sola. Diversos colectivos comunitarios han comenzado a organizarse para presentar recursos legales, mientras algunos asambleístas estatales proponen establecer un nuevo marco de descuentos o créditos fiscales para personas vulnerables que enfrenten aumentos desmedidos.

Un problema nacional con sabor local

Si bien esta historia tiene como centro a California, no estamos ante una excepción. Los incendios forestales están afectando cada vez más áreas del oeste estadounidense como Oregón, Nevada y Arizona. El National Interagency Fire Center reportó que solo en 2023, más de 4.2 millones de acres fueron destruidos por incendios en Estados Unidos.

Esto ha llevado a muchas aseguradoras a reevaluar completamente sus modelos de riesgo, sobre todo en regiones donde las condiciones climáticas extremas —sequías, calor inusual, vientos intensos— se están convirtiendo en características permanentes.

En palabras de la profesora Carolyn Kousky, experta en seguros y resiliencia climática de la Universidad de Pensilvania: “El modelo tradicional basado en históricos pasados ya no funciona. Las aseguradoras necesitan adaptar sus modelos al clima del futuro, no del pasado.”

Fuga de aseguradoras: ¿una estrategia o rendición?

La retirada de aseguradoras del mercado californiano generó gran alarma en su momento. Y no sin razón. Según datos del Departamento de Seguros del estado, más del 12% de los hogares en zonas de mayor riesgo ya no cuentan con cobertura estándar y han tenido que recurrir al plan estatal FAIR, creado como último recurso para quienes no consiguen seguros en el mercado regular.

Este plan estatal, sin embargo, es más caro y ofrece menor cobertura, dejando a miles de familias vulnerables a perder todo en caso de desastre.

“Es un fenómeno peligroso que debilita aún más la ya frágil infraestructura social”, afirma Pilar Esquivel, analista de políticas en el Instituto de Políticas Climáticas de California. “Estamos creando comunidades que no solo son vulnerables al fuego, sino también a la bancarrota post-incendio.”

¿Cambio climático o cambio de prioridades?

Lo que se está viendo en California es solo la punta del iceberg de una conversación que deberíamos tener a nivel global: ¿están las estructuras económicas actuales preparadas para sobrevivir al cambio climático?

Los expertos coinciden en que se necesitan políticas proactivas, desde mayores inversiones en resiliencia vegetal (como cortafuegos naturales), hasta planes de reubicación de comunidades completas. También se ha planteado la necesidad de un seguro climático nacional, financiado por fondos federales y diseñado exclusivamente para catástrofes naturales.

Mientras tanto, millones de californianos se preguntan qué tan seguro es su hogar, no solo frente a las llamas sino frente a las primas insostenibles. “El fuego no discrimina”, dice Andrew Miller, un bombero del condado de Sonoma. “Pero las aseguradoras sí.”

Y ahora, ¿qué sigue?

State Farm anunció que podría reembolsar las tarifas de emergencia si finalmente se aprueban tasas más bajas en las audiencias futuras, previstas para octubre. Pero ese ‘si’ es un eje incómodo sobre el que giran las finanzas familiares de un millón de hogares californianos.

Desde 2020, la frecuencia y severidad de los incendios en el estado han aumentado exponencialmente y las proyecciones climáticas no son optimistas. Para muchos expertos, esta situación es un punto de inflexión.

“Tal vez no podamos evitar todos los incendios, pero sí podemos evitar que las consecuencias económicas caigan siempre sobre los mismos”, puntualiza Balber.

El desafío es diseñar un sistema en el que las soluciones no se limiten a subir las primas, sino a construir resiliencia comunitaria, transparencia financiera y, sobre todo, equidad. Porque ante el desastre… también es justo preguntarse: ¿quién se beneficia y quién lo pierde todo?