Maryland redefine el acceso al aborto: Innovador programa estatal utilizará fondos de seguros para financiar servicios

Un modelo pionero en tiempos de retrocesos

En un momento en que muchos estados de EE. UU. activan leyes restrictivas sobre el aborto, Maryland toma el camino opuesto. El gobernador demócrata Wes Moore firmó recientemente una legislación que convierte al estado en el primero del país en utilizar un fondo generado por un recargo en los seguros médicos vinculados al Affordable Care Act (ACA) para costear procedimientos abortivos de personas con y sin cobertura. La medida no solo es audaz, es también revolucionaria en su diseño financiero.

¿De dónde proviene el dinero?

El fondo se nutre de un recargo de $1 por cada seguro vendido bajo el sistema ACA, dinero que, desde 2010, ha sido almacenado sin uso durante 15 años. Ahora con la entrada en vigor de la ley el 1 de julio, se liberarán $25 millones, y se calcula que el fondo generará alrededor de $3 millones anuales a partir del próximo año.

Estos fondos serán canalizados mediante un programa de subvenciones bajo el Departamento de Salud de Maryland, el cual entregará las ayudas a organizaciones sin fines de lucro que procuren facilitar el acceso equitativo a clínicas de aborto. Una parte del dinero también ayudará a cubrir necesidades logísticas y médicas para mujeres dentro y fuera del estado.

“Maryland será siempre un santuario”: Declaraciones políticas

“La vicegobernadora y yo fuimos claros desde el primer día: Maryland siempre será un lugar seguro para el acceso al aborto”, afirmó el gobernador Moore durante la ceremonia de firma de más de 170 leyes. Esta postura contrasta fuertemente con la tendencia actual en muchos estados conservadores que han ejecutado prohibiciones draconianas desde la revocación de Roe vs. Wade en 2022.

Un paso más allá del “pro-choice”

Una de las promotoras del proyecto, la legisladora demócrata Lesley Lopez, subrayó el impacto que podría tener este modelo: “Si programas como el nuestro se replican en todo el país, podríamos ayudar a millones de personas a acceder a atención esencial sin recurrir a fondos públicos”.

Ya hay interés desde estados como Illinois y Nueva York en adoptar mecanismos similares. Lopez enfatiza que, en estados donde el aborto es cobertura obligatoria dentro del mercado del ACA —una docena en total— existen fondos disponibles similares que podrían utilizarse con esta finalidad. Entre ellos están California, Nueva Jersey, Vermont, Oregón, y otros estados mayoritariamente azules.

Una necesidad creciente impulsada por la Corte Suprema

Desde el fallo Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que anuló el histórico precedente legal de Roe vs. Wade, el control sobre el acceso al aborto pasó nuevamente a cada estado. Desde entonces, 12 estados han impuesto prohibiciones al aborto en todas las etapas del embarazo, mientras que otros cuatro han restringido el acceso después de la sexta semana, un momento en que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

En Maryland, la situación cambió drásticamente. El número de mujeres de otros estados que viajan allí para obtener un aborto ha aumentado significativamente. Según Guttmacher Institute, el 15% de los abortos realizados en Maryland el año pasado fueron de pacientes provenientes de fuera del estado, una cifra nada despreciable.

Apoyo constitucional y respaldo electoral

En respuesta al fallo de la Corte Suprema, en 2023, un contundente 76% del electorado de Maryland votó a favor de una enmienda constitucional para blindar el derecho al aborto en la constitución estatal. El respaldo ciudadano se refleja también en la composición del Congreso local, donde los demócratas gozan de una ventaja de 2 a 1 sobre los republicanos.

Más allá del marco legal: Logística y financiamiento

Lynn McCann-Yeh, codirectora de la organización Baltimore Abortion Fund, conoce de primera mano las dificultades presupuestarias del sector. Su organización opera con un presupuesto anual de aproximadamente $2 millones para asistir a mujeres que no pueden pagar los costos asociados a un aborto: transporte, alojamiento, cuidado infantil y más. “El nuevo fondo de $3 millones sería un gran avance. Pero se necesita más y de forma sostenida”, expresó McCann-Yeh.

La implementación del programa implica la apertura de solicitudes para entidades elegibles, que competirán por una parte del fondo estatal en función del alcance de sus operaciones y su impacto proyectado.

¿Una solución sin tocar los impuestos?

Uno de los aspectos más innovadores de esta medida es que no involucra directamente fondos de los contribuyentes. Al estar respaldada por recargos privados adjuntos a los planes de seguros, esquiva uno de los argumentos favoritos de los sectores conservadores: el uso de dinero público para financiar abortos.

Este modelo podría ser replicado en muchas otras jurisdicciones sin significar un desafío fiscal directo, aunque inevitablemente desatará batallas legales y legislativas en estados más conservadores.

Impacto nacional y próximos pasos

¿Podría esta medida sentar las bases para una nueva ola de políticas progresistas en torno al acceso a servicios reproductivos? En un país donde el tema del aborto se ha convertido en un campo de batalla político y cultural, Maryland ha dado un paso al frente. Su propuesta no solo blinda legalmente el derecho, sino que ahora también garantiza el acceso real—algo que muchas veces quedó relegado incluso en estados “pro-choice”.

En palabras de Lopez: “Antes de Dobbs, simplemente no había el mismo sentido de urgencia. Ahora lo hay, y tenemos que reforzar todo el apoyo en estados que todavía tenemos ese derecho protegido".

Donde unos recortan derechos, otros los consolidan. En la América post-Roe, no todos los caminos llevan a la regresión.