Colombia y la reforma laboral de Petro: entre el idealismo y la realidad del Congreso

¿Democracia participativa o imposición presidencial?

El presidente Gustavo Petro ha liderado una ambiciosa cruzada por transformar el panorama laboral en Colombia. En busca de mayor justicia social, el mandatario propuso una reforma con puntos clave como la limitación de la jornada laboral a ocho horas, el pago doble por trabajo en festivos y la exigencia de contratos indefinidos para fomentar la estabilidad. Sin embargo, el Congreso colombiano ha frustrado nuevamente sus intentos al rechazar la propuesta de querer aprobar dichas reformas mediante un referendo popular.

¿De qué trataba el referendo propuesto por Petro?

Petro impulsó un referendo de 12 preguntas, buscando llevar las reformas directamente a la ciudadanía ante la repetida negativa legislativa. Algunas de las más destacadas eran:

• ¿Debe limitarse la jornada laboral diurna a ocho horas con finalización a las 6 p.m.?
• ¿Debe pagarse doble a quienes trabajen en días feriados?
• ¿Deben desaparecer los contratos por prestación de servicios en favor de contratos indefinidos?

Esta iniciativa fue presentada tras dos derrotas previas en el Congreso que impidieron la implementación directa de las reformas. Así, Petro buscaba trasladar el poder de decisión a las urnas, apoyándose en el artículo 103 de la Constitución, que contempla mecanismos de participación ciudadana como plebiscitos y referendos.

El veredicto del Senado: una división profunda

La votación en el Senado fue cerrada: 49 votos en contra y 47 a favor. Esta balanza ajustada refleja una división ideológica sustancial entre los legisladores colombianos, e incluso entre partidos que antes habían sido aliados del mandatario. Petro no tardó en reaccionar, tachando la decisión como "fraudulenta" e insistiendo en que el Congreso está desoyendo a la ciudadanía colombiana.

Durante un acto masivo celebrado el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, Petro advirtió: “Si impiden el referendo, el pueblo los castigará en las urnas en 2026”. Esta frase deja claro que el presidente no solo veía en el referendo una cuestión programática, sino también estratégica para mantener su influencia política hacia el final de su mandato.

El trasfondo político: más allá de una reforma laboral

Desde que asumió la presidencia en agosto de 2022, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Su llegada al poder despertó esperanza en sectores vulnerables, pero también escepticismo en sectores económicos, financieros y conservadores. La reforma laboral es solo una de varias iniciativas sociales propuestas por su administración, entre ellas la reforma a la salud y la reforma pensional, ambas con destino incierto en el Congreso.

No es solo una lucha ideológica: también es una batalla institucional. Petro ha acusado repetidamente al Congreso de bloqueo sistemático. En cuanto al referendo, muchos senadores, incluidos de bancadas de centro e independientes, temían que su aprobación sentara un precedente de gobernabilidad directa que restara poder al Legislativo.

¿Qué dice la ciudadanía?

Según una encuesta de Invamer de abril de 2025, el 61% de los colombianos estaba de acuerdo con limitar la jornada laboral a 8 horas, mientras que el 70% apoyaba aumentar el pago por trabajo en días festivos. Una mayoría también estaba de acuerdo con la eliminación de los contratos por prestación de servicios. Sin embargo, sólo el 38% apoyaba plenamente la idea del referendo como mecanismo para implementar estas reformas.

Este último dato evidencia una paradoja: aunque hay apoyo popular hacia algunas propuestas, existe incertidumbre sobre los métodos elegidos para lograrlas. Algunos opinan que un referendo tan amplio podría simplificar debates técnicos que requieren análisis profundo y regulación cuidadosa.

Un resquicio de esperanza: la apelación parlamentaria

En un hecho inusual, un grupo de congresistas logró apelar con éxito la decisión que archivaba la reforma laboral propuesta por Petro en marzo. Esto abre la puerta a posibles reconsideraciones antes del 20 de junio, plazo oficial para reactivar el debate. Sin embargo, el panorama legislativo sigue complicado, especialmente con una mayoría fragmentada y alianzas en constante movimiento.

Lecciones y riesgos para la democracia colombiana

El actual conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo plantea preguntas de fondo sobre el sistema democrático colombiano. ¿Hasta dónde puede llegar un presidente con legitimidad electoral sin contar con una mayoría estable en el Congreso? ¿Debe recurrir a mecanismos plebiscitarios sin garantías de gobernabilidad institucional?

El constitucionalista Rodrigo Uprimny lo resume así: “Los mecanismos de participación no son para reemplazar al Congreso, sino para complementarlo. Usarlos como presión política puede erosionar la institucionalidad misma”.

La influencia de 2026 y futuro inmediato

Todos los caminos parecen conducir al 2026, año electoral clave para renovar Congreso y decidir el futuro político de Colombia. Petro juega a fondo su carta reformista sabiendo que la ventana de oportunidad se cierra. Al mismo tiempo, sus rivales políticos ya usan los fracasos legislativos del presidente como munición de campaña.

Con un clima político polarizado, queda claro que la disputa no es solo sobre jornadas o salarios, sino sobre el alma misma del ejercicio democrático.

Mientras tanto, la clase trabajadora colombiana sigue esperando cambios estructurales largamente prometidos, y el país se pregunta si estos vendrán a través de las instituciones formales o como producto de confrontaciones populares en las urnas u otras formas de movilización.